Dudas sobre el supuesto suicidio de estudiante detenido
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dice que hay serias inconsistencias sobre la muerte del estudiante que había sido presentado como guerrillero y exige una investigación profunda que aclare los hechos
Por Camilo Raigozo

El pasado 6 de junio, cuando presentaba exámenes en la Universidad Distrital fue detenido por la policía el joven Juan Francisco Gamboa Medina (foto) y posteriormente presentado en los medios de comunicación como guerrillero del ELN, cuya misión era reclutar estudiantes para la organización insurgente.

La presentación la hizo el comandante de la policía, general Luis Alberto Gómez, quién afirmó que se trataba de Juan Carlos Duque, alias “El rolo”, que, según el general, afronta procesos por rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y secuestro.

En un comunicado del 14 de junio, la Policía Nacional afirmó que el cuerpo sin vida de Juan Francisco Gamboa, fue encontrado en un baño de las instalaciones de la Sijin en Bogotá, colgando de un toallero de cerámica, en el que el estudiante se habría ahorcado utilizando para ello sus medias.

La oficina de prensa del Colectivo afirmó que “el supuesto “suicidio”, catalogado así por los medios masivos de comunicación, y por el propio subsecretario de seguridad y convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Andrés Restrepo, sucedió días después de que el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, y el mismo joven Juan Francisco Gamboa, expresaran temores por su seguridad ante la Fiscalía que llevaba el caso, y solicitado protección dado el riesgo que corría. Solicitudes que no fueron tenidas en cuenta”.

Muy en contra de los requerimientos de seguridad solicitados por los abogados de la defensa y por el estudiante, la Sijin divulgó por los medios más influyentes, las imágenes del joven en los momentos de la captura, hecho por el cual la ONG defensora de los derechos humanos pide una investigación.

El Colectivo de Abogados, también fue enfático en aclarar que ninguno de sus miembros estaba presente en la Sala de Retenidos de la Sijin como lo afirmó en el comunicado la Policía Nacional, sino que solo le fue permitido acceder al baño donde ocurrió el supuesto suicidio, posteriormente al levantamiento del cadáver.

Inexplicablemente, igual que con lo sucedido con el cuerpo del asesor de Piedad Córdoba, Enrique Gómez, el cadáver del estudiante a pesar de haber sido levantado por las autoridades en las primeras horas de la mañana, apenas fue entregado a Medicina Legal sobre la cinco de la tarde.

Frente a los hechos que presentan serias inconsistencias, y en aras de la verdad, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” solicitó a las autoridades correspondientes una investigación completa que los esclarezca.

Así mismo, para el Colectivo es importante aclarar e investigar quién fue la persona extraña que estuvo visitando a Juan Francisco el martes pasado, si hasta a los mismos familiares se les había impedido el acceso al joven, e incluso se presentaron impedimentos al momento de la visita del abogado defensor.

Un estudiante que pidió omitir su identidad, le dijo a NOTIMUNDO que “es muy grave que no haya claridad sobre los hechos, porque entonces estudiar en una o varias facultades simultáneamente, se está convirtiendo en delito con pena de muerte”.

Amenazada dirigente del Polo en Antioquia

La nueva generación de paramilitares, al parecer, guiados por los señalamientos temerarios que hizo el presidente candidato Álvaro Uribe en la pasada campaña electoral, en los que señaló a la oposición del Polo Democrático Alternativo de ser “comunistas disfrazados”, amenazaron de muerte a Teresa Muñoz Lopera, ex candidata a la Cámara de Representantes y directora de esta colectividad política en Antioquia.

La reciente amenaza, en la que incluyen al menos a otras cinco personas de la Universidad de Antioquia, se enmarca dentro de la campaña contra varios militantes del Polo, como de otros dirigentes sociales, estudiantes, profesores de universidades públicas, periodistas y defensores de los derechos humanos.

En un comunicado que se conoció el pasado 15 de junio, las directivas del Polo exigieron al alto gobierno descalificara públicamente estas amenazas contra la disidencia, y tomara las medidas pertinentes para prevenir las acciones que atenten contra la integridad de las personas amenazadas.

En los mensajes que envían a sus futuras víctimas, los criminales, se declaran acérrimos defensores de la política del presidente Uribe.Hay que recordar que en el inmediato pasado, todo un partido de oposición, fue prácticamente exterminado. Fue el caso de la Unión Patriótica, al que le asesinaron al menos a cinco mil miembros, entre militantes y cuadros dirigentes. Dicho exterminio aun no ha terminado.

Delatan fosas comunes

En las “confesiones” de paramilitares que aspiran a ser cobijados por la impunidad que ofrece la llamada Ley de Justicia y Paz, fueron delatadas cinco fosas comunes localizadas en cuatro departamentos, que contenían los restos mortales de al menos 40 personas.

El último fue en San Miguel (Putumayo), donde “Tyson”, jefe del bloque sur de los ‘paras’, tenía un centro de torturas, ejecuciones y un cementerio propio. En una de las fosas de “Tyson”, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y su hija de 18 años, la que al momento de la ejecución cumplía con su séptimo mes de embarazo. Según las propias autoridades, las dos personas fueron amarradas, torturadas y descuartizadas con motosierra.

“Los cuerpos que no fueron echados al río, y que están enterrados en la zona, sobre pasan los 300”, dicen los delatores. La Fiscalía tiene información sobre 1.800 cadáveres en seis departamentos. Un jefe ‘para’ investigado por más de tres masacres confesó que en la finca de Carlos Castaño, conocida como La 35, hay mínimo otros 400 cuerpos.

En otra finca en Fundación (Magdalena), fueron hallados 24 cadáveres de personas que habían desaparecido.

Cuatro mil asesinadosSegún la Federación Estadounidense del Trabajo, Colombia es el país más peligroso de América Latina para ejercer el derecho sindical. Tanto que en la última década fueron asesinados al menos cuatro mil sindicalistas.

Es decir han sido asesinados más de un trabajador sindicalizado por día. Las cifras que ofrecen varias ONG y centrales obreras, coinciden con la entidad norteamericana, muy contrarias a las ofrecidas por el gobierno de Uribe, el cual sostiene que las condiciones de seguridad para activistas sindicales han mejorado significativamente durante los últimos años.

Ocultan niños

Un informe ofrecido por el procurador Edgardo Maya el pasado 14 de junio, dice que los paramilitares no han cumplido con la obligación de entregar al Estado a los niños y jóvenes menores de edad reclutados a pesar de ser un requisito primordial para acceder a los beneficios que otorga la mal llamada Ley de Justicia y Paz.

Entre los 30.915 ‘paras’ desmovilizados, solo aparecieron 212 menores, aun cuanto el propio gobierno, como varias organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que la cifra de niños está entre los 2.500 y 5.000.