Los negociantes de la salud dejan morir a los pacientes para aumentar sus gananciasPor Camilo Raigozo. VOZ
En la pasada edición de VOZ, expusimos dos ejemplos en los que se demostraba que la privatización de la salud de los colombianos, trajo como consecuencia que las personas que no tengan suficiente alcance económico para pagar los costosos tratamientos médicos, ofrecidos por las Empresas Administradoras de riesgos Profesionales (ARP) y las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), favorecidas por el gobierno para explotar mercantilmente ese jugoso negocio, se tienen que morir en las puertas de los hospitales o recurrir a malabares engorrosos para exigir una adecuada protección del derecho a la vida.
En dicha edición, hablamos de un caso de la ARP Colpatria y otro de la EPS Colmédica. En ambos casos, los pacientes tuvieron que solicitar la ayuda de la Personería de Bogotá, ente que se la brindó de manera eficiente y por medio de tutelas lograron que los mercaderes de la salud respondieran por sus obligaciones.
Hoy denunciamos un ejemplo, de cómo las empresas que tienen la obligación de proteger la salud de la población, que por su precaria condición económica está afiliada al régimen subsidiado de salud, Sisben, se muestran renuentes a cumplir con sus obligaciones.
Olga Flórez es una humilde mujer cabeza de familia, madre de tres hijos, residente en el sur de la capital. Los ingresos para la manutención de sus hijos los percibía de la venta de arepas y chorizos, hasta que una penosa enfermedad la dejó postrada en una cama.
Su viacrucis y el de sus hijos comenzó en junio del año 2003, cuando presentó severos trastornos ginecológicos, con fiebre y tensión alta, que fueron tratados con antibióticos simples por la empresa Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), Cafam.
Dos años después, tuvo que asistir nuevamente a Cafam, pues los dolores abdominales, la gastritis y la hipertensión arterial se tornaron insoportables. Le volvieron a suministrar calmantes y algunos medicamentos.
En marzo de 2006, volvió el dolor pélvico mucho más agudo. Por fin le hicieron una ecografía en la que se halló una masa anexial derecha (un tumor uterino). Sin embargo, pese al resultado le negaron la valoración de ginecología, con la excusa de que dicha enfermedad no está contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud, según lo expresa la propia Defensoría Distrital, quién conoció el caso.
Según el ente de control, “pese a que a la paciente le había sido diagnosticada una miomatosis uterina hace seis meses, a la afiliada al régimen subsidiado le negaron el tratamiento para enfrentar su enfermedad y simplemente se han dedicado a darle algunos cuidados paliativos”.
Días después, Olga Flórez tuvo que ser llevada de urgencia a la ARS Cafam , pues presentaba inflamación abdominal, intenso dolor pélvico y sangrado vaginal. Le practicaron un legrado y la mandaron a su casa, pero no iniciaron ninguna acción para eliminar el tumor, pese a que el médico que la trató había ordenado realizarle una histerectomía abdominal (extirpación del tumor).
Con su penoso estado de salud y su deprimente condición económica, Flórez emprendió una batalla perdida contra los negociantes de la salud de la ARS y la Secretaría de Salud, quienes una y otra vez le negaron el derecho a la vida. Finalmente acudió a la Personería de Bogotá. Allí los abogados le redactaron una tutela por la que el juez sesenta y siete civil municipal, ordenó protegerle la vida a la paciente con el tratamiento integral adecuado, a la ARS Cafam y a los hospitales Meisen y Usme.
Sin embargo, por no ser estos hospitales distritales de nivel tres, Olga Flórez tuvo que ser remitida de urgencia al Hospital Simón Bolívar, en donde a través de maniobras dilatorias y burocráticas le negaron el servicio. Fue necesario apelar a otra tutela, en la que nuevamente la Personería le brindó apoyo, para obligar a que la red de salud atendiera de forma acelerada a la moribunda paciente.
Son los estragos causados por la Ley 100 de 1993, presentada al Congreso por su ponente, entonces senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quién ahora como Presidente, acaba de finiquitar su obra privatizando lo que restaba de la salud pública, convirtiendo la salud de los colombianos en mercancía entregada en bandeja a las voraces fauces del capital financiero.
En dicha edición, hablamos de un caso de la ARP Colpatria y otro de la EPS Colmédica. En ambos casos, los pacientes tuvieron que solicitar la ayuda de la Personería de Bogotá, ente que se la brindó de manera eficiente y por medio de tutelas lograron que los mercaderes de la salud respondieran por sus obligaciones.
Hoy denunciamos un ejemplo, de cómo las empresas que tienen la obligación de proteger la salud de la población, que por su precaria condición económica está afiliada al régimen subsidiado de salud, Sisben, se muestran renuentes a cumplir con sus obligaciones.
Olga Flórez es una humilde mujer cabeza de familia, madre de tres hijos, residente en el sur de la capital. Los ingresos para la manutención de sus hijos los percibía de la venta de arepas y chorizos, hasta que una penosa enfermedad la dejó postrada en una cama.
Su viacrucis y el de sus hijos comenzó en junio del año 2003, cuando presentó severos trastornos ginecológicos, con fiebre y tensión alta, que fueron tratados con antibióticos simples por la empresa Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), Cafam.
Dos años después, tuvo que asistir nuevamente a Cafam, pues los dolores abdominales, la gastritis y la hipertensión arterial se tornaron insoportables. Le volvieron a suministrar calmantes y algunos medicamentos.
En marzo de 2006, volvió el dolor pélvico mucho más agudo. Por fin le hicieron una ecografía en la que se halló una masa anexial derecha (un tumor uterino). Sin embargo, pese al resultado le negaron la valoración de ginecología, con la excusa de que dicha enfermedad no está contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud, según lo expresa la propia Defensoría Distrital, quién conoció el caso.
Según el ente de control, “pese a que a la paciente le había sido diagnosticada una miomatosis uterina hace seis meses, a la afiliada al régimen subsidiado le negaron el tratamiento para enfrentar su enfermedad y simplemente se han dedicado a darle algunos cuidados paliativos”.
Días después, Olga Flórez tuvo que ser llevada de urgencia a la ARS Cafam , pues presentaba inflamación abdominal, intenso dolor pélvico y sangrado vaginal. Le practicaron un legrado y la mandaron a su casa, pero no iniciaron ninguna acción para eliminar el tumor, pese a que el médico que la trató había ordenado realizarle una histerectomía abdominal (extirpación del tumor).
Con su penoso estado de salud y su deprimente condición económica, Flórez emprendió una batalla perdida contra los negociantes de la salud de la ARS y la Secretaría de Salud, quienes una y otra vez le negaron el derecho a la vida. Finalmente acudió a la Personería de Bogotá. Allí los abogados le redactaron una tutela por la que el juez sesenta y siete civil municipal, ordenó protegerle la vida a la paciente con el tratamiento integral adecuado, a la ARS Cafam y a los hospitales Meisen y Usme.
Sin embargo, por no ser estos hospitales distritales de nivel tres, Olga Flórez tuvo que ser remitida de urgencia al Hospital Simón Bolívar, en donde a través de maniobras dilatorias y burocráticas le negaron el servicio. Fue necesario apelar a otra tutela, en la que nuevamente la Personería le brindó apoyo, para obligar a que la red de salud atendiera de forma acelerada a la moribunda paciente.
Son los estragos causados por la Ley 100 de 1993, presentada al Congreso por su ponente, entonces senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quién ahora como Presidente, acaba de finiquitar su obra privatizando lo que restaba de la salud pública, convirtiendo la salud de los colombianos en mercancía entregada en bandeja a las voraces fauces del capital financiero.
Pie de foto: El gobierno prefiere entregar la salud de los colombianos a la voracidad del capital financiero o mantener cerrados los hospitales como el caso del San Juan de Dios. Foto. C. Raigozo
