El Gobierno quiere evitar que los ‘paras’ sean juzgados por la CPI
La FIDH denunció la falta de voluntad del gobierno de Uribe Vélez de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares
Por Camilo Raigozo. VOZ

Souhayr Belhassen, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, presentó el informe el pasado 4 de octubre en una rueda de prensa. Foto C. Raigozo

Como resultado de más de dos años de trabajo investigativo en Colombia, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó la semana pasada un informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El informe contó con la colaboración del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ILSA y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. También se basó en la observación de las audiencias de Justicia y Paz que tuvieron lugar de mayo a julio de este año en los Tribunales de Justicia y Paz, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla.


Una de las conclusiones a que llegó la FIDH es que el llamado proceso cobijado con la llamada Ley de Justicia y Paz ha sido construido con el fin de sustraer a los capos paramilitares de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), e instó al Gobierno a que derogue el marco jurídico de dicha ley y en su lugar expida un marco legal que cumpla con los estándares internacionales.


“La Corte Penal Internacional debe investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002”, dice el concienzudo estudio sobre la situación. Dice también el informe que los paramilitares han cometido desde su aparición alrededor de 60 mil crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, sin contar más de un millón de personas desplazadas por sus acciones y amenazas. Otras fuentes como Codhes, afirman que el número de desplazados es cercano a los cuatro millones de personas y pone al país como el segundo del mundo con este flagelo.


Más de 80 fosas comunas han sido descubiertas, al final del 2006, la Fiscalía estimó que todavía faltaban por encontrar más de 3.000 personas. Sin embargo, se considera que este dato está lejos de reflejar la denuncia de más de 30.000 desapariciones forzadas.

El año pasado, más de 219 000 personas fueron desplazadas, y el total sobrepasa las 380.000 familias registradas. Entre enero y junio de este año, más de 770 personas fueron asesinadas o desaparecidas.


La FIDH advierte que solo el ocho por ciento de los 30 mil paramilitares desmovilizados está bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz, mientras que el 92 por ciento fue beneficiado con un régimen de amnistía de facto instituido por decreto. Dicha legislación –dice el informe- se puso en práctica a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que se pronunció a favor de adaptarla de tal manera que no violara el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación.


Igualmente la FIDH criticó que bajo la Ley de Justicia y Paz los paramilitares, autores de horrendos crímenes, solo pueden ser condenados a una pena máxima de ocho años de prisión que logran pagar en las llamadas granjas productivas o imponiendo ellos mismos las condiciones de su reclusión, lo cual es inmensamente contradictorio a la magnitud de sus crímenes.


Advierte también el ente internacional vigilante del respeto a los derechos humanos en su informe que las declaraciones llamadas versiones libres rendidas hasta ahora por los ‘paras’, se han convertido en apología del delito y el paramilitarismo, porque no están obligados a confesar sus crímenes ni a revelar la verdad sobre quienes los apoyaron, ni mucho menos a expresar arrepentimiento.

Adicionalmente la FIDH, advirtió desde un comienzo, que el Gobierno de Uribe Vélez debería retirar su declaración hecha bajo el artículo 124 del Estatuto de Roma, que saca de la competencia de la CPI, los crímenes de guerra cometidos por todos los grupos armados en Colombia. La FIDH concluye que el gobierno colombiano debe anular el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

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