martes, mayo 29, 2007

Barrancabermeja (Santander)
Brutal agresión de la Fuerza Pública contra familias desplazadas
La arremetida policial contra varias familias que habían ocupado un lote baldío dejó tres personas heridas, una desaparecida y otra detenida. Una bebé de tres meses entre las víctimas
Por Camilo Raigozo. Voz

Mientras el gobierno del presidente Uribe no ceja en su intención de garantizarle completa impunidad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y desarraigaron de sus tierras a millones de colombianos, estos son tratados por el Estado con la más repugnante arbitrariedad e injusticia social.

El pasado 23 de mayo, en horas de la madrugada, unas 25 familias desplazadas de sus territorios por los grupos paramilitares , desesperadas por la difícil situación en la que se encuentran, decidieron establecerse en un lote baldío de propiedad del municipio de Barrancabermeja (Santander), denominado El Tiburón.

El predio se encuentra sobre la vía que conduce de Barrancabermeja hacia Bucaramanga, al sur oriente de la ciudad. La ocupación la iniciaron las familias hacia las tres de la madrugada del miércoles 23 de mayo, por afiliados a la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba), buscando amainar la crisis de vivienda por la que atraviesan.
Inmediatamente arribaron al lugar varias tanquetas y un gran número de agentes de la Policía, la Sijin y grupos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), trasladados desde Bucaramanga. Estas fuerzas conjuntas arremetieron ferozmente contra las humildes familias con bombas explosivas, gases lacrimógenos y garrote, sin importarles la presencia de niños, ancianos y mujeres embarazadas en el lugar.
Como producto de la violenta intervención de la Fuerza Pública, resultaron heridas Angie Vanessa Sanguino, de tan sólo tres meses de edad; Ludys Rojas, de 21 años; y Victor Eddie Marín, de 25, quienes fueron trasladados al hospital regional.

Así mismo, el joven Ervin Márquez, fue detenido por la policía sin que hasta el cierre de esta edición existiera una respuesta exacta de su paradero. Ervin presentaba serios quebrantos de salud por efecto de los gases y la brutalidad de los golpes propinados por los agentes.

Según informaciones de la Agencia Prensa Rural, también se denunció la desaparición de Arturo Gonzáles, quien habría sido detenido por integrantes de la Sijin.

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Barrancabermeja y el Magdalena Medio advirtieron que el desalojo se produjo por orden del alcalde de Barrancabermeja, Edgard Cote Gravino, y su secretario de gobierno, Carlos Alberto Orejarena, quienes se negaron a interlocutar con los líderes de la toma.
Orejarena y la inspectora de policía Elsy Rincón, se hicieron presentes en el lugar de los hechos y sólo atinaron a decir que no tenían ninguna solución que ofrecerles a las familias, desconociendo los derechos de la población desplazada.
Sangrienta respuesta del gobierno a demandas indígenas
Miembros del Esmad lanzaron a tres niños al río San Juan y sus cuerpos aún no habían sido encontrados

La oficina de prensa de la Organización Indígena Colombiana (Onic), dio a conocer una información en la que se denuncia las graves consecuencias que dejó el sangriento intento de desalojo a las comunidades indígenas que se encuentran aglutinadas en Quibdo (Chocó), reclamando sus derechos y en solidaridad por las penurias que están pasando las comunidades negras de este departamento.
Las autoridades indígenas de Oewua, calificaron como una verdadera barbarie la respuesta dada por el gobierno al diálogo propuesto por ellos para encontrar salidas positivas y pacíficas a sus anhelos. Uno de los hechos aberrantes y deplorables del cumplimiento del, ‘deber antes que vida’, fue la forma como miembros del Esmad lanzaron a las aguas del rió San Juan a tres niños indígenas, de la comunidad de Docabu y sus cuerpos aún no habían aparecido al cierre de esta edición.

La denuncia de la agencia de prensa indígena, da cuenta de 28 indígenas desaparecidos, 13 heridos y la detención de dos misioneras de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria.

"No contenta con esos atropellos, la Fuerza Pública, luego de meternos a la fuerza en buses sin saber para donde nos llevaban, quemaron la ropa, las pocas cosas que poseíamos y torturaron al Cabildo Mayor de la Zona, quien se encuentra gravemente herido", informaron algunas de las víctimas.

La Onic se queja de que en la agresión fueron cómplices los gobiernos locales y departamentales, entre ellos el de Pueblo Rico (Risaralda), gobernaciónes de Risaralda y Chocó, del gerente social para el Chocó y del gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez.

Los medios de comunicación más influyentes del país han permanecido silenciosos ante la barbarie gubernamental en un claro propósito de ocultarla ante la comunidad nacional e internacional, lo que los hace también cómplices de los atropellos.

Por su parte las autoridades indígenas del Chocó, por intermedio de César Queragama, presidente de Orewa, manifestaron que “para evitar que se sigan cometiendo más hechos violentos, ante la negativa de escuchar sus inquietudes manifestamos que decidimos trasladar la mesa de negociación de Quibdó parala Comunidad del 18, donde esperamos al gobierno dispuestos a seguir las huellas, el conocimiento y el canto profundo de nuestros ancestros".


 
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