Advierte el informe de Amnistía Internacional sobre Colombia
Entre 2002-2006 han sido asesinados 518 sindicalistas
El Nuevo Siglo
La creciente impunidad frente a los casos denunciados por homicidiode quienes realizan labores sindicales, y una legislación que ‘avala’ estoscrímenes, colocan al país entre los más peligroso para este oficio
“Una farsa de proceso de desmovilización paramilitar, sumada amiles de casos de amenazas y homicidio, y a una falta crónica deinvestigaciones y procesamientos, convierten a Colombia en uno de loslugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas”.
Así lo advierte el informe revelado hoy por Amnistía Internacional (AI)sobre la situación de los sindicalistas en el país, en el cual se resaltacomo “la organización colombiana Escuela Nacional Sindical documentó 2.245homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas,entre enero de 1991 y diciembre de 2006.
Se cree que, a pesar de su supuestadesmovilización, los paramilitares respaldados por el Ejército, así como lasfuerzas de seguridad, están detrás de la mayoría de las agresiones”.
Además, el informe indica que desde la primera posesión de Álvaro UribeVélez como presidente, en 2002, hasta el año pasado se han registrado untotal 518 asesinatos de sindicalistas en Colombia, cifra que, según AI,contrasta con la que maneja el Gobierno, el cual aduce que estos crímeneshan disminuido.
“Los casos en los que hay indicios claros de la autoría indican que, en2005, alrededor del 49% de los abusos contra los derechos humanos sufridospor sindicalistas fueron obra de paramilitares, y el 43% directamente de lasfuerzas de seguridad. Sólo algo más del 2% eran atribuibles a la guerrilla yel 4% se debieron a actos de delincuencia común”, señala el informe.
Además, destaca los abusos contra mujeres sindicalistas, señalando que “enlos primeros 11 meses de 2006 mataron al menos a 13 de ellas, frente a 15 entodo 2005 y 16 en 2004. Así mismo, en 2005 se registraron 102 amenazas demuerte contra mujeres sindicalistas, frente a las 187 de 2004. En 2001 sólose registraron 14 amenazas de muerte, y en 2002, sólo 6”.Según Amnistía, en 2005 el 65 por ciento de las víctimas de la violenciadirigida contra sindicalistas eran hombres y alrededor del 34 por ciento,mujeres.
Así, el informe indica que “los homicidios y amenazas contra mujeressindicalistas no sólo tienen por objeto menoscabar sus actividadessindicales, sino que constituyen también un duro golpe a las mujeres queintentan cuestionar los papeles tradicionales asignados en razón delgénero”.
Estrategias contra los sindicalistas“Las Fuerzas Armadas y sus aliados paramilitares han aplicado unaestrategia de contrainsurgencia con la que se ha intentado privar a laguerrilla de todo apoyo real o imaginario de la población civil”, sostieneel informe.
Agrega que “el terror es parte fundamental de esta estrategia: lasdesapariciones forzadas, la tortura, la violencia sexual y otras formas deviolencia contra las mujeres, las amenazas de muerte y los homicidios deciviles tienen por objeto romper toda vinculación real o aparente entre lapoblación civil y la guerrilla”.
El documento explica que “el conflicto sirve de cobertura a quienes tratande ampliar y proteger intereses económicos. Es en este contexto en el que seconvierte a los sindicalistas en objeto de numerosas violaciones de derechoshumanos”.
En este sentido, Amnistía considera que las fuerzas de seguridad y losparamilitares tachan a los sindicalistas, reiteradamente, de “subversivos, yestas críticas suelen ir seguidas de violaciones de derechos humanos, que amenudo coinciden también con épocas de conflicto laboral o negociaciones decondiciones de trabajo”.
Así mismo, el informe indica que la impunidad es un aspecto clave de estaestrategia de contrainsurgencia, ya que el conocimiento de que los autoresde violaciones de derechos humanos “no serán llevados” ante la justicia es“un aviso claro y rotundo a personas y organizaciones para que no pidanjusticia”.
“La impunidad garantiza que los autores de las violaciones de derechoshumanos estén todavía en libertad y más que dispuestos a repetir susacciones”, resalta el organismo internacional.
Según el reporte, las fuerzas de seguridad han encubierto su implicaciónutilizando a los grupos paramilitares para llevar a cabo sus tácticas de“guerra sucia”, y han intentado mejorar su imagen, en materia de derechoshumanos, negando que los ‘paras’ actúen con su aquiescencia, su apoyo o,como ha ocurrido a menudo, bajo su coordinación.
Responsabilidad del Gobierno
El informe indica que a pesar de que la legislación colombiana yla Constitución del 91 reconocen la libertad sindical, el derecho a lahuelga está restringido por la Ley 50 de 1990, que dispone que si ésta duramás de 60 días puede quedar sujeta a arbitraje obligatorio, “lo quecontraviene los principios establecidos en el Convenio 87 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT)”.
Ante esta situación, Amnistía resalta que “los sindicatos se quejaron antela delegación que realizó la Visita Tripartita de Alto Nivel de la OIT a Colombia, en octubre de 2005, de las leyes y prácticas que restringen losderechos sindicales, como la Ley 50 de 1990, que restringe el derecho de lossindicatos a establecer filiales y comités sindicales, y la falta dereglamentación en materia de negociación colectiva en el sector público, queha entrañado la restricción en la práctica de los derechos de los empleadospúblicos”.
Por esta razón, la organización internacional señala que los sindicalistasson defensores de los derechos humanos y, como tales, son agentes esencialesen la lucha por los derechos políticos, sociales y económicos.
