¿Colapso anunciado?
Las graves fallas y carencias del denominado proceso de justicia y paz, señaladas en el siguiente editorial de “El Tiempo” publicado el pasado 24 de junio, enteran a los colombianos de su descomunal fracaso en ciernes.
PDA Moir
El próximo 15 de julio se cumplen cuatro años del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas y reincorporarse a la vida civil, con el sometimiento a una justicia especial. Y el panorama es desalentador. Aunque con la desmovilización de casi 32.000 hombres hubo un innegable descenso de la violencia, no es menos cierto que muchos han vuelto a delinquir o a conformar nuevos grupos y que el control paramilitar en muchas regiones sigue intacto.
Particularmente preocupante es la lentitud con que avanzan los procesos judiciales contra los jefes y mandos medios paramilitares por delitos no indultables (masacres, secuestros y desapariciones, desplazamiento masivo y narcotráfico).
Las declaraciones a este diario (19-06-07) del jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, son alarmantes. Solo 40 de más de 2.800 mandos de las Auc han rendido versión libre, paso inicial tras el cual vienen indagatorias, declaraciones de testigos y familiares de las víctimas, búsqueda de otras pruebas y, solo después, sentencias.
Para tan descomunal tarea se cuenta con apenas 23 fiscales y 150 investigadores. Un solo comandante paramilitar ha hecho saber a la Fiscalía que confesará más de 2.000 homicidios. Otro, Ramón Isaza, calcula en 567 el número de asesinatos de los que se va a responsabilizar.
Para no hablar de docenas de fosas comunes con miles de cadáveres. O cientos de asesinatos de sindicalistas, tema crítico, cuya frágil investigación tiene en vilo la aprobación del TLC. Es iluso pensar que con ese número de funcionarios la Fiscalía podrá hacerse cargo de semejante desafío.
No en vano se trata de investigar casi tres décadas de guerra, en las que estos 2.800 hombres tuvieron papel protagónico. Años de ineficacia judicial están pasando la cuenta: la Fiscalía desconoce el paradero del 25 por ciento de esos jefes y subjefes; más de 2.100 no tienen ningún antecedente. Aun con refuerzos, el margen de impunidad puede ser gigantesco. A todo lo cual hay que sumar los procesos de la 'parapolítica', a los que la Fiscalía ha tenido que asignar parte de sus fuerzas.
No menos crítica es la situación relacionada con los bienes ilícitamente adquiridos por los paramilitares y la reparación de las víctimas. Los primeros balances indican que los jefes 'paras' apenas han revelado la punta del iceberg de sus enormes posesiones, o informan sobre bienes ya en proceso de extinción.
Asimismo, hay serios indicios de que comandantes de las Auc siguen delinquiendo desde la cárcel, dedicados a negocios de narcotráfico, a intimidar a sus víctimas o a desarrollar alianzas con jefes políticos regionales para seguir saqueando el tesoro público. Las polémicas interceptaciones telefónicas de los reclusos de Itagüí, reveladas hace más de un mes, solo produjeron el escándalo y la salida de altos oficiales de la Policía.
Pero nada se sabe sobre los supuestos delitos que revelaron y que, de confirmarse, les harían perder los beneficios de la Ley 975.
Por si todo esto fuera poco, las audiencias de versión libre se están convirtiendo en un espacio para que los 'paras', en lugar de pedir perdón y contribuir al difícil proceso de esclarecimiento de la verdad y la reconciliación, lleven papayeras, publiquen costosos autoelogios y se presenten como héroes.
Una alerta es, pues, urgente: el proceso de justicia y paz puede ser una crucial contribución a la paz en el país, pero, como va, generaría un caos judicial que llevaría a lo contrario. Los procedimientos contemplados en la ley, los magros recursos de la Fiscalía y las tácticas de los paramilitares pueden 'enredar la pita' de tal modo que después sea tarde para lamentarlo. Pero, más que el embrollo jurídico, Colombia está ante un problema político. De cómo se maneje este primer caso de aplicación de justicia transicional en el país depende demasiado.
Es hora de hacer un pare. So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por los cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto y, también, revisar la capacidad gerencial y de gestión de la Fiscalía misma, un organismo gigantesco, cuya distribución de recursos humanos y técnicos está pendiente de evaluación. Y hay que estudiar decisiones de fondo sobre el manejo de este proceso.
Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en ese caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc.
