Crisis humanitaria en Vista Hermosa y Puerto Rico (Meta)
Dos campesinos asesinados por el Ejército, uno detenido arbitrariamente y fumigaciones en miles de hectáreas de pancoger acelera la crisis
Por Camilo Raigozo
La Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, denunció a Notimundo que el pasado 4 de julio a las 10 de la mañana se presentó un tiroteo en la vereda Nueva Esmeralda, municipio de Vista Hermosa. Según testigos, la residencia de la campesina María del Socorro Ortega, fue atacada por las tropas del Ejército Nacional desde aire y tierra. Ortega quién se encontraba en el interior de la vivienda resultó muerta.
Las tropas no permitieron que vecinos y familiares de la víctima se acercaran a la vivienda, agrediendo física y verbalmente a las personas que llagaban a averiguar por los hechos. El cuerpo de la campesina fue trasladado hasta el municipio de La Macarena (Meta). Los militares destruyeron todos los enseres de la casa de la víctima.
En horas de la tarde del 4 de julio anterior, el Ejército baleó el vehículo en el que se movilizaba Víctor Julio Chávez, en el sitio conocido como Cruce de la Herradura, causándole la muerte. El cadáver de Chávez fue trasladado al municipio de Granada donde, al cierre de esta nota, permanecía en la morgue.
El 5 de julio, al medio día, unidades de la Brigada Móvil 12 del Ejército, incursionaron en la finca del campesino Reynel Tulandi Rivera, en la vereda Canaguay, del municipio de Vista Hermosa, y luego de detener al labriego, le pusieron prendas militares –según testigos- y desde entonces se desconoce su paradero.
Fumigaciones
Durante todo el día 4 de julio anterior, varias avionetas del programa de fumigaciones del gobierno, estuvieron regando el veneno conocido como glifosato sobre cultivos de pancoger en las veredas Pradera, Caño Danta, Miravalles, San Pedro, El Jordán, y La Rivera, en la zona de Puerto Toledo en el municipio de Puerto Rico. Decenas de familias quedaron expuestas al hambre y la miseria. Según la denuncia presentada, en ninguno de los sitios fumigados había cultivos ilícitos.
Las comunidades expresaron su rechazo a la “irresponsabilidad” de las autoridades de Antinarcóticos, porque, según los campesinos, en la región se desarrollan proyectos de seguridad alimentaría con la oficina de Parques y Recursos de cooperación internacional. También hicieron un llamado a los organismos de control del Estado, para que investiguen las irregularidades que la Fuerza Pública está cometiendo con la población inerme.
Igualmente, las comunidades insisten en la necesidad de la creación de una Comisión Especial de la Fiscalía y la Procuraduría, que se encargue de vigilar y proteger los derechos humanos de toda la población.
