Acto del lanzamiento de la Mesa de Solidaridad con las comunidades campesinas del Magdalena Mediopor M. S. M. M.
Al anochecer del pasado 5 de julio, cerca de medio centenar de personas representantes de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales y extranjeras, acudieron a la cita de solidaridad en la sede de la Unión Nacional de Empleados Bancarios(Uneb), para hacer oficial el lanzamiento de la Mesa de Solidaridad con el Magdalena Medio.
Los asistentes donaron mercados, medicinas, implementos de aseo y depositaron dinero en la Alcancía de la Solidaridad, como ayuda a las angustiosas necesidades que tienen en estos momentos las personas refugiadas en el Campamento Humanitario en Barrancabermeja.
Como contextualización de la problemática en la región del Magdalena Medio, el campesino Braulio Enrique Gracia (foto), le hizo un breve recuento de las múltiples violaciones a los derechos humanos y del derecho humanitario que las autoridades civiles y militares en alianza con paramilitaares han hecho con sus comunidades. De echo, él y su familia están desplazados.
Luego, como complemento se proyectó un sonoviso sobre el drama que padece el campesinado en la región, así como su heroica resistencia. Acto seguido los asistentes pudieron apreciar el documental ‘Invisibles’, cuyas escenas y narraciones tan desgarradoras sobre el sufrimiento que padecen extensas poblaciones africanas y colombianas, arrugó el corazón de los presentes y humedeció sus ojos.
Finalmente, Ramón Jaramillo (foto 2), de la Uneb, leyó el comunicado suscrito por varias organizaciones sociales de constitución de la Mesa de Solidaridad con el Magdalena Medio, el cual publicamos a continuación:Mesa de Solidaridad con el Magdalena Medio
Por ser el Magdalena Medio una región inmensamente rica en oro, madera, ganadería, agricultura, hidrografía y biodiversidad, entre otras, siempre ha estado en la mira de los grandes terratenientes, ganaderos, multinacionales y de los megaproyectos denominados por el gobierno como ‘industrialización del campo’, en los que los principales beneficiados son los capitales acumulados criminalmente por los narcoparamilitares y sus socios.
En el proceso de usurpación de esas tierras y riquezas, han sometido a la población natural asentada en la zona desde hace múltiples generaciones, al más brutal aniquilamiento sistemático, despojo, bloqueo económico y sanitario, y desplazamiento forzado. Han apelado para ello a múltiples formas criminales: unas veces al sicariato paramilitar y otras a la misma Fuerza Pública, que ha demostrado suficientemente su ensañamiento contra el campesinado, incurriendo en monstruosas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Desde luego, contando casi siempre con la complicidad de las autoridades civiles tanto locales, como departamentales y nacionales.
Los procesos organizativos y productivos campesinos también han sido blanco de los poderosos, pues se transforman automáticamente en serios obstáculos para sus ambiciones de usurpación violenta de las tierras y las riquezas naturales.
Es así como en abril de 2003, atendiendo las presiones de latifundistas, empresarios agroindustriales, militares y multinacionales, fue suspendida la vigencia jurídica de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del río Cimitarra, mediante una resolución expedida de forma arbitraria e ilegal, sin que fuera aprobada por la junta directiva del Incora (ahora Incoder), como lo declararon por escrito los delegados campesinos. En un discurso pronunciado por el presidente Uribe en Barrancabermeja en noviembre de ese mismo año dijo: “esas reservas las vamos a manejar con los alcaldes y con la gente de bien, no con las Farc”.
La ZRC apenas había sido decretada el 10 de diciembre de 2002, después de un importante movimiento de lucha campesina, como las marchas a San Pablo y Barrancabermeja en septiembre y octubre de 1996, y el gran Éxodo Campesino a Barrancabermeja en 1998. Para lograr el reconocimiento legal de la ZRC, también tuvieron que adelantarse jornadas organizativas entre los más de 25 mil campesinos como parte del proceso de desarrollo integral y en defensa de los derechos humanos.
Las ZRC son un instrumento para garantizar su acceso a la tierra y blindar a esta del monopolio, acaparamiento y de la avaricia de los poderosos, así como método de protección a sus formas productivas. Son reconocidas por las leyes nacionales y representan un importante instrumento legal para la protección de la territorialidad del campesinado, la autogestión comunitaria del territorio, la preservación de la economía campesina, la realización efectiva de la reforma agraria y la reconstrucción de la agricultura nacional.
Otras formas organizativas agrarias del Magdalena Medio han sufrido también los embates de las fuerzas oscuras del terrorismo de Estado. Líderes y miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y de juntas de acción comunal, han sufrido estigmatizaciones, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército Nacional y paramilitares.
Entre noviembre del año pasado y lo que va corrido de este, las tropas regulares han asesinado al menos a seis labriegos. El 26 de marzo de 2007, una patrulla militar detuvo a dos jóvenes que bajaban madera por el río Tamar. Uno de ellos, de 17 años, logró escapar y sobrevivió. El otro, Carlos Mario García, de 22 años, no corrió con la misma suerte y fue asesinado. Su cadáver fue presentado por los militares como “guerrillero dado de baja en combate”. Los hechos ocurrieron en la vereda Ojos Claros del municipio de Remedios (Antioquia).
La última ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército en esta zona ocurrió el pasado 27 de junio en la vereda La Unión del municipio de Yondó (Antioquia). Allí, el presidente de la junta de acción comunal de la misma vereda, el campesino Cruz Aldelio Brand, había desaparecido el 25 de junio. Dos días después su cuerpo fue presentado por voceros castrenses en las instalaciones del Batallón Nueva Granada, en Barrancabermeja, como “guerrillero dado de baja en combate”.
Otra importante causa generadora de la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el Magdalena Medio son las fumigaciones indiscriminadas. En actitud autoritaria y arrogante, el presidente Uribe les manifestó a los campesinos del Valle del río Cimitarra, con quienes se reunió en Barrancabermeja el pasado 20 de junio, que las fumigaciones no tendrían marcha atrás y que los afectados podían “reclamar las indemnizaciones” del caso. Continúa...
