Fallo de La Rochela, justicia para las víctimasAsonal Judicial
“Queremos rendir un sentido y calido homenaje a los integrantes de la Rama Judicial , que a lo largo de estos años han sido inmolados, en el marco de una tenebrosa noche de violencia que desangra a nuestro pueblo y que aún hoy no termina.
Su lucha imperecedera será cimiente para la formación de las nuevas generaciones de operadores de la Rama Judicial. Hasta cuando alcancemos con su legado, la patria amable y generosa con que soñamos los Colombianos que nos oponemos a la exclusión”: Secretaría de derechos humanos Asonal Judicial
La sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso llevado por el asesinato de los integrantes de una Comisión Judicial en enero de 1.989 y conocida como la Masacre de La Rochela , se convierte en una victoria de los que persistieron en la búsqueda efectiva de la verdad, justicia y reparación y se convierte en otra evidencia de que en Colombia se niegan los derechos de las victimas, y la impunidad es elemento estructural del sistema político nacional.
Una vez más, a través de esta condena al Estado Colombiano, se demuestra su responsabilidad en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares contra el Poder Judicial, los razonados riesgos que enfrentan los funcionarios de la administración de justicia que investigan y juzgan violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como los presuntos efectos intimidatorios y de otra naturaleza que la masacre de La Rochela tuvo en la Rama Judicial.
En el presente caso, el Estado confesó que el 18 de enero de 1989, por lo menos cuarenta miembros del grupo paramilitar "Los Masetos", contando con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales, inicialmente retuvieron a las 15 víctimas de este caso, quienes conformaban una Comisión Judicial (Unidad Móvil de Investigación) compuesta por dos jueces de Instrucción Criminal, dos secretarios de juzgado y once miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTPJ) y posteriormente perpetró una masacre en su contra, en la cual fueron ejecutados doce de ellos y sobrevivieron tres.
La masacre de que fuera victima la comisión judicial se produjo dentro de un contexto de violaciones contra funcionarios judiciales dirigidas a impedir sus labores, intimidarlos, amedrentarlos y así lograr la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Fue dentro de ese contexto de riesgo para los funcionarios judiciales que el Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de la Comisión Judicial en el cumplimiento de sus labores, situación reconocida en varias sentencias del Consejo de Estado y omisión reconocida por Colombia en este proceso internacional.
Debe recordarse que en su primera versión libre, Ramón Isaza Arango, comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio, acepto la responsabilidad en la masacre en mención. El jefe paramilitar actualmente se encuentra procesado en el marco de la Ley de impunidad, mal llamada de "Justicia y Paz" - Ley 975 – y que la pena máxima a la que se enfrenta es de ocho años.
Resulta de gran relevancia destacar que uno de los principales factores que determinan la gravedad de los hechos de este caso es que el Estado es responsable de una masacre perpetrada contra sus propios funcionarios judiciales cuando se encontraban cumpliendo con su deber de investigar graves violaciones de derechos humanos, y que en dicha masacre inclusive participaron agentes estatales pertenecientes a las fuerzas armadas.
En la época de los hechos mencionados en Colombia, ocurrieron numerosos ataques contra funcionarios de la administración de justicia. Entre 1979 y 1991, aproximadamente un promedio anual de 25 jueces fueron victimas de asesinatos o sufrieron un atentado. Según investigaciones correspondientes a dicha época, de 240 casos que contaban con un autor o una motivación conocida, 80 casos fueron imputados a grupos paramilitares, 48 a agentes estatales, 32 a la guerrilla y 22 a otros factores.
En el año en que se cometieron estos crímenes estaban vigentes leyes que permitían que los particulares fueran auxiliadores de las fuerzas armadas, justificando toda clase de atropellos, con el argumento de que solo así se acabaría con la subversión, sirviendo de base legal al paramilitarismo.
Sólo meses después de cometida esta afrenta a la Rama Judicial , el estado dicto nuevas normas que dejaban sin piso jurídico las anteriores, pero que a pesar de sus aparentes intenciones siguió propiciando la existencia de estos grupos y para muestra el botón al que hoy nos enfrentamos pues con la expedición de la Ley 975 de 2005, que no es otra cosa que la legalización de la impunidad para todos los delitos que estos grupos creados por el estado han cometido.
Impunidad que la valentía de los familiares de la masacre de La Rochela ha sufrido un golpe certero. Pues es esta una forma de exigir al Estado el cumplimiento de los marcos internacionales que permitan a las victimas de los grupos paramilitares verdad, justicia y reparación.
