Horror militar contra la población de Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá)La masacre del pasado 10 de junio en la que seis personas fueron asesinadas por dos soldados es solo otro acto más de la continua barbarie de las tropas
Por Camilo Raigozo. Voz
El próximo 7 de agosto, los habitantes de 37 veredas y un resguardo indígena de la región de El Pato - Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, realizarán una marcha de protesta y denunciarán ante la opinión pública nacional e internacional los abusos que el Ejército Nacional viene realizando contra la población civil inerme de la zona desde hace varios años. Unos 10 mil campesinos esperan que organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sindicales, sociales, políticas y la prensa los acompañen.
Hay denuncias debidamente sustentadas ante las autoridades, de que en los últimos cinco años, las tropas del Ejército han cometido toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario en esa región. Ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, restricción económica y sanitaria, detenciones arbitrarias, amenazas, abusos sexuales contra las mujeres, tortura, robo de ganado, incendio de viviendas y toda clase de actos vandálicos y de pillaje.
Por ejemplo, el 6 de diciembre anterior, tropas que se identificaron como del Batallón Contraguerrilla 55 asesinaron a los campesinos Germán Echeverry Mejía, Leider Adámez Rodríguez y mauricio Rozo, en inmediaciones de la vereda La Sombra, municipio de San Vicente del Caguán. A las víctimas, los militares les robaron una moto, un caballo y una mula, más el dinero en efectivo que ellos tenían. A los tres los presentaron como guerrilleros abatidos. El 9 de febrero, en la inspección La Abeja, municipio de Guayabal, las mismas tropas incendiaron la casa de Isaac Pinto Pulido; pretendieron que el campesino les firmara un documento en el que se afirmaba que su casa la había incinerado la guerrilla.
Según acusaciones llegadas a VOZ, coincidencialmente, por donde pasan las tropas comandadas por el mayor Cadena, van apareciendo letreros alusivos a la presencia de paramilitares ‘Águilas Negras’. Cuando los campesinos le reclaman les contesta con tono amenazador: “Vaya denúncienme que yo se como manejo la Fiscalía”.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta ahora ninguna denuncia ante los órganos de control del Estado ha servido para proteger la vida, integridad y demás derechos de los campesinos. Todas las declaraciones, testimonios y peticiones interpuestas, tanto a nivel local como nacional, han corrido la misma suerte de impunidad absoluta
El próximo 7 de agosto, los habitantes de 37 veredas y un resguardo indígena de la región de El Pato - Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, realizarán una marcha de protesta y denunciarán ante la opinión pública nacional e internacional los abusos que el Ejército Nacional viene realizando contra la población civil inerme de la zona desde hace varios años. Unos 10 mil campesinos esperan que organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sindicales, sociales, políticas y la prensa los acompañen.
Hay denuncias debidamente sustentadas ante las autoridades, de que en los últimos cinco años, las tropas del Ejército han cometido toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario en esa región. Ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, restricción económica y sanitaria, detenciones arbitrarias, amenazas, abusos sexuales contra las mujeres, tortura, robo de ganado, incendio de viviendas y toda clase de actos vandálicos y de pillaje.
Por ejemplo, el 6 de diciembre anterior, tropas que se identificaron como del Batallón Contraguerrilla 55 asesinaron a los campesinos Germán Echeverry Mejía, Leider Adámez Rodríguez y mauricio Rozo, en inmediaciones de la vereda La Sombra, municipio de San Vicente del Caguán. A las víctimas, los militares les robaron una moto, un caballo y una mula, más el dinero en efectivo que ellos tenían. A los tres los presentaron como guerrilleros abatidos. El 9 de febrero, en la inspección La Abeja, municipio de Guayabal, las mismas tropas incendiaron la casa de Isaac Pinto Pulido; pretendieron que el campesino les firmara un documento en el que se afirmaba que su casa la había incinerado la guerrilla.
Según acusaciones llegadas a VOZ, coincidencialmente, por donde pasan las tropas comandadas por el mayor Cadena, van apareciendo letreros alusivos a la presencia de paramilitares ‘Águilas Negras’. Cuando los campesinos le reclaman les contesta con tono amenazador: “Vaya denúncienme que yo se como manejo la Fiscalía”.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta ahora ninguna denuncia ante los órganos de control del Estado ha servido para proteger la vida, integridad y demás derechos de los campesinos. Todas las declaraciones, testimonios y peticiones interpuestas, tanto a nivel local como nacional, han corrido la misma suerte de impunidad absoluta
En otro ejemplo de los miles que hay, la Personera de San Vicente se negaba a dar copias de sus denuncias a los campesinos y alegaba que todo había sido remitido a la Procuraduría Nacional. Los campesinos pudieron comprobar el 16 de febrero de 2007 que nada había llegado a la Procuraduría Nacional. Es difícil saber, si tal ausencia de justicia y protección es debida a la complicidad con los criminales o al miedo a sus represalias.
En un derecho de petición del padre Javier Giraldo al ministro de defensa Juan Manuel Santos, dice: “No se trata de conductas aisladas ni esporádicas. La diversidad de tropas que así se están comportando; la amplitud territorial donde operan; la persistencia reiterativa de los mismos comportamientos, no permiten hablar de casos excepcionales sino de conductas sistemáticas”.
