El Ejército maltrató a dos campesinos y les hurtó $45 millonesPor Camilo Raigozo
Aproximadamente a las siete de la noche del pasado 17 de julio, unidades del Ejército pertenecientes, al parecer a la Brigada Móvil 4, llegaron al sitio conocido como La Taguara de Rufino, ubicada en la vereda El Danubio, municipio de Puerto Rico (Meta), en donde se encontraba Freddy Álvarez Morales.
Con tratos degradantes, palabras soeces y acusaciones de que era miliciano de la guerrilla, las tropas obligaron al campesino a despojarse de su camisa. Al verle una cicatriz en un brazo, la emprendieron con saña contra Álvarez. Lo tumbaron al piso y lo amarraron de pies y manos. Insistentemente le preguntaron por una remesa que supuestamente habían descargado de un camión horas antes. De nada le valía al labriego explicarles a los soldados que lo que el camión había hecho, era recoger un envase.
Los militares desbarataron la casa requisándola y de ella sustrajeron 30 millones de pesos en efectivo, que tenía Freddy Álvarez para negociar ganado y se los hurtaron. Las tropas se marcharon con el dinero y a la víctima la dejaron maniatada por varias horas, hasta que llegó un vecino y lo liberó.
El 22 de julio anterior, como a las dos y media de la tarde, unidades del Ejercito, al parecer de la misma Brigada Móvil 4, incursionaron en la finca de Hugo Saavedra. Luego de intimidar y darle malos tratos tanto físicos como sicológicos a los moradores de la vivienda, procedieron a registrarla minuciosamente, hasta encontrar 15 millones de pesos en efectivo que la familia guardaba por la venta de varias reses. Junto con el dinero, los militares se llevaron seis gallinas, no sin antes amenazar a la familia de muerte sí ponían alguna denuncia.
Sin embargo la persona afectada se comunicó vía telefónica con el General Quiñónez y este a su vez le dijo que debía comunicarse con el Coronel Murcia, comandante de la Móvil No 4.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Bajo Ariari, hizo un llamado de urgencia a los organismos de control del Estado, para que se investigue, se procese y se castigue a los responsables de la continua violación a los derechos fundamentales de las personas y del Derecho Internacional Humanitario que vienen ejecutando en la zona al amparo de la impunidad.
La Comisión, también hizo un llamado a las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, para que se solidaricen con el campesinado de la región, instando a las autoridades civiles y militares a cumplir con el respeto y la protección de los derechos civiles de la población y a no seguir infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.
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