Sectores de oposición denuncian maniobras de la Casa de Nariño
El Gobierno ‘terciaría’ en campaña electoral por debajo de la mesa
El polémico artículo del Plan de Desarrollo que contiene una “piñata” de proyectos, la campaña de Uribe para explicar la reforma a transferencias en plena época proselitista y la propuesta de reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, serían las ‘cartas tapadas’ del Ejecutivo
El Nuevo Siglo
A tres meses de las elecciones regionales y locales, varios sectores políticos de oposición ya prendieron las alertas por lo que consideran una estrategia velada del gobierno Uribe para ‘terciar’ en la campaña proselitista.
El primer ‘campanazo’ se dio en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en donde las mayorías uribistas introdujeron un artículo “piñata” -calificado así por sectores del Polo Democrático y el liberalismo-, en donde están contempladas más de 300 obras y proyectos regionales.
El artículo -marcado inicialmente como el 141- contempla una serie de “proyectos por viabilizar”, que deben ser incluidos en el “Banco de Proyectos de Inversión Nacional (Bpin)” y que incluso deberían ser financiados con cargo a un crédito de US$1.000 millones, contemplado también dentro de los programas de endeudamiento que fueron aprobados en la Ley del Plan.
Desde el mismo momento en que ese artículo empezó a ‘engrosarse’ con los proyectos que cada parlamentario le fue ‘colgando’, la oposición denunció que el Gobierno estaba avalando con su firma esas iniciativas pese a que el presupuesto para sufragarlas no estaba definido.
Por lo mismo, se denunció que la intención de la Casa de Nariño era darle a los senadores y representantes de su bancada ‘cheques en blanco’ sobre obras y proyectos para que los parlamentarios los utilizarán a su favor en el marco de la campaña electoral para escoger gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.
Ante la controversia, se pensó, entonces, que el Gobierno objetaría hace tres semanas ese artículo, pero el mismo no fue incluido dentro del pliego de reparos que la Casa de Nariño envió al Congreso y que luego fue rechazado por una comisión legislativa que consideró extemporánea la presentación del mismo.
Esta semana el Ejecutivo volvió a insistir en las objeciones pero todo indica que el Parlamento se ratificará en su negativa y, por lo tanto, la Ley del Plan terminará siendo sancionada por la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, lo cual significa que el artículo “piñata” quedaría vivo y sólo una demanda de inexequibilidad ante la Corte Constitucional podría ‘tumbarlo’.
Sin embargo, es muy difícil que el Alto Tribunal falle al respecto antes del 28 de octubre, fecha en que se llevarán a cabo los comicios regionales, razón por la cual los congresistas uribistas podrán hacer campaña a favor de sus candidatos a las alcaldías y gobernaciones, exhibiendo las autorizaciones dadas en la Ley del Plan para realizar obras y proyectos cuya financiación está en veremos.
‘Gira’ por transferencias
El segundo ‘campanazo’ se dio el pasado 10 de julio, cuando la propia Casa de Nariño indicó que “a partir de ahora y hasta las elecciones de octubre, el Gobierno Nacional desplegará una verdadera gira nacional para explicarles a los colombianos los verdaderos alcances de la reforma al sistema de transferencias, aprobada por el Congreso en la pasada legislatura”.
Según el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, ante las ideas equivocadas que han venido expresando algunos sectores, sobre los efectos de esta reforma, el Gobierno tomó la decisión de explicar con claridad los reales alcances de la iniciativa.
“Año de elección de alcaldes y gobernadores, y el cuento es: ‘Uribe está acabando con las descentralización, el Gobierno de Uribe está rompiendo el pacto constitucional de 1991’. Ha sido un debate muy difícil y nos toca ahora, especialmente entre esta fecha y las elecciones de octubre, explicar en todo el país el alcance de la reforma”, señaló el Jefe de Estado.
Algunos voceros uribistas defendieron el anuncio del Gobierno afirmando que era justo ya que el Polo y el liberalismo utilizarían sus críticas contra la reforma a las transferencias como una bandera electoral, e incluso estaban adelantando una campaña de recolección de firmas para convocar un referendo que revocara el acto legislativo aprobado a mediados de junio.
Sin embargo, para la oposición el anuncio presidencial tiene un claro contenido electoral y serviría de excusa para que el Jefe de Estado utilice sus giras y consejos comunales de aquí a octubre como una especie de ‘plaza pública disfrazada’ para defender la iniciativa y enviarle loas y respaldos a los congresistas de su bancada que la aprobaron.
La otra reelección
La tercera ‘movida’ gubernamental que tiene a los sectores antiuribistas con las alarmas prendidas empezó a ‘cocinarse’ la semana pasada, luego que altos funcionarios de la Casa de Nariño y líderes de su bancada parlamentaria anunciaran que impulsarán, otra vez, un proyecto de acto legislativo que busca autorizar la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.
De inmediato se escucharon voces en el Polo y el liberalismo advirtiendo la inconveniencia de radicar una reforma constitucional de esas características, precisamente en momentos en que entraba en la recta final la campaña para escoger en octubre a los mandatarios departamentales y municipales que serían los primeros beneficiados con la posibilidad de reelección en los comicios del 2011.
“Lo que el Gobierno quiere es alinear muchos candidatos alrededor del uribismo, con la promesa de que buscará que puedan repetir periodo dentro de cuatro años… Sin duda se trata de una jugada electoral de la Casa de Nariño ante el temor de que le pase lo mismo que en 2003, cuando pese a que Uribe estaba recién llegado al poder, perdió los comicios regionales a manos de los liberales, independientes y sobre todo del Polo, que le quitó plazas tan importantes como Bogotá”, precisó un congresista liberal, que pidió la reserva de su nombre.
Según algunos analistas, las tres ‘movidas’ del Gobierno están encaminadas a implementar una estrategia que le permita participar indirectamente en el ritmo de la campaña electoral, ya que la ley le impide al Presidente y sus ministros intervenir abiertamente en actividades proselitistas.
Esto último quedó aún más claro luego de la controversia que se generó meses atrás cuando Uribe, desde el avión en que regresaba de Estados Unidos, habló en directo con los candidatos del partido Cambio Radical. Ese hecho generó las protestas de los sectores de oposición, que incluso pidieron a la Procuraduría investigar al Jefe de Estado por intervenir en política proselitista. Hasta algunos partidos uribistas manifestaron su inconformismo por el ‘privilegio’ dado a la colectividad que dirige el senador Germán Vargas Lleras y que, obviamente, no se podrá repetir con las otras colectividades gobiernistas.
