La parapolítica, el principal lastrePrimer año de Uribe II: crisis a la orden del día
Más allá de la polarización nacional entre gobiernistas y oposición, sería ingenuo negar que el margen de acción del Ejecutivo se redujo peligrosamente en los últimos doce meses y que la seguidilla de crisis y escándalos obligaron al Ejecutivo a situarse a la defensiva ante el agravamiento de los escenarios nacionales e internacionales, que incluso lo desbordaron.
El Nuevo Siglo
Balance
Tantas cosas. Uno es tan pedigüeño y la Patria tiene tantas necesidades. ¿Qué quisiéramos? ¡Por Dios¡ Que nos dé toda la energía, todo el amor para servir bien a Colombia y que avancemos hacia la paz, hacia la justicia social. Un país que pueda vivir alegre, tranquilo, con prosperidad, con equidad”.
Esa fue la respuesta que la mañana del 7 de agosto de 2006 el presidente Álvaro Uribe Vélez le dio, en las escalinatas de la parroquia del barrio 20 de Julio, al sur de Bogotá, a un periodista que le preguntó qué le había pedido al Divino Niño.
Acompañado de un numeroso séquito, el Jefe de Estado había madrugado a esa tradicional parroquia para rogar a Dios que lo iluminara en el reto que cinco horas más tarde asumiría: su segundo periodo consecutivo en la Casa de Nariño.
Mucho ha ocurrido desde entonces y en vista de que este martes se cumple el primer año de gobierno del reelecto mandatario, es oportuno plantear un interrogante: ¿qué tanto se cumplieron las previsiones del Jefe de Estado? Responder esa pregunta no es fácil.
Para muchos sectores el primer año del segundo cuatrienio de Uribe Vélez ha sido bueno, otros no dudan en calificarlo de catastrófico, mientras que una franja mayoritaria identifica logros pero también fracasos.
Más allá de esa polarización nacional frente al inquilino de la Casa de Nariño, lo único cierto es que en ambas orillas hay consenso en torno a que los últimos doce meses han estado marcados por una constante: crisis.
Y ello no implica partir de la premisa de que la gestión ha sido negativa.
Los politólogos suelen decir que las crisis por sí solas no son malas o buenas, ya que estos calificativos no pueden aplicarse a la coyuntura o al problema a resolver, sino a la forma en el que gobernante de turno decide afrontar los retos y obstáculos.
Bajo ese orden de ideas, entonces, el interrogante planteado debe replantearse ¿Cómo le ha ido al Gobierno en el manejo de las distintas crisis que ha tenido que afrontar? Para avanzar en la respuesta es necesario analizar cada crisis por separado y encontrar las falencias y logros de la gestión gubernamental.
Ese proceso bien podría arrancarse evaluando cómo le ha ido al Mandatario en el cumplimiento de su principal bandera: la Política de Seguridad Democrática.
En decir, en la lucha contra los grupos armados ilegales y los fenómenos delincuenciales asociados.Fuerza Pública: más escándalos que resultados Armado de estadísticas, porcentajes y cuadros comparativos, el Gobierno asegura que se avanzó positivamente en el último año, debido a que el accionar guerrillero y los atentados terroristas, así como los secuestros y otros delitos derivados del conflicto armado, continuaron con una tendencia a la baja. Sin embargo, los críticos del Ejecutivo ven la otra cara de la moneda.
Advierten que en el último año no se asestó un golpe de significancia a las Farc como tampoco se pudo cumplir la meta prometida -y fallida desde 2002- de abatir o capturar a un integrante de la cúpula subversiva.
Además, no se pueden dejar de lado cruentos ataques al Ejército y la Policía como los ocurridos en Tierradentro (Córdoba) o en Ábrego, Norte de Santander.
Igual, traen a colación el atentado terrorista contra la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá, del cual el Gobierno culpa a las Farc, pero la Fiscalía no tiene pruebas que así lo sustenten.
Como si lo anterior fuera poco, el área de cultivos ilícitos recobró la curva ascendente y las alianzas entre narcos, guerrilla y paramilitares conllevaron a un nuevo pico del narcotráfico.
La directriz presidencial de rescates militares de los secuestrados tampoco arrojó resultados positivos, a tal punto que lo más impactante en este campo fueron las fugas protagonizadas por plagiados como Fernando Araújo –hoy Canciller- y el suboficial Frank Pinchao, así como el asesinato en cautiverio de los 11 diputados del Valle o la muerte de un industrial caldense en un operativo castrense para liberarlo.
hora, el mayor fracaso de la Política de Seguridad Democrática en el último año lo constituye sin duda la incapacidad de la Fuerza Pública para contener el rebrote de los grupos de autodefensa (“grupos emergentes narcotraficantes”, al decir del Gobierno), cuya presencia se ha denunciado en más de 60 puntos del país e incluso se habla ya de 5.000 hombres en armas, la mayoría de las “Águilas negras”.
Sin embargo, el principal talón de Aquiles de la Política de Seguridad Democrática no ha sido un pico en el accionar de los grupos ilegales, sino las falencias y escándalos en las propias tropas.
No hay antecedentes en la reciente historia del país de la seguidilla de escándalos de corrupción registrados el último año en la Fuerza Pública.
Casos tan graves como el de los falsos positivos sobre atentados en Bogotá, las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por la dirección de Inteligencia de la Policía así como la infiltración de la mafia y la guerrilla en altas instancias castrenses (para sólo mencionar los más sonados) tienen hoy por hoy a la Fuerza Pública en la peor crisis de imagen y credibilidad de los últimos años.
La cuestión ha llegado a tal punto que los jefes militares y policiales han gastado más tiempo en defenderse y explicar escándalos, que en dar ruedas de prensa sobre positivos operacionales.
Procesos de paz: crisis y decepciones Otro de los frentes clave que el presidente Uribe prometió trabajar a fondo cuando se re-posesionó hace un año, fue sin duda el relativo a los procesos de paz.
En este complicado tema sería extremadamente largo hacer un recorrido por todos los hechos, crisis y altibajos registrados en los últimos doce meses con las Farc, las autodefensas y el Eln.
Por lo mismo, la mejor manera de hacer un balance de la gestión gubernamental en este campo es remitirse al diagnóstico actual, a lo que dicta hoy la evidencia y la lectura objetiva de los hechos.
En ese escenario de análisis, el proceso de desmovilización paramilitar arroja un preocupante panorama.
La leyes de Justicia y Paz (975 de 2005) y de Orden Público (1106 de 2006), marcos jurídicos de todo este proceso, terminaron demostrando que son insuficientes para tramitar la complejidad del desarme, judicialización y reinserción a la vida civil de los más de 30 mil ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Las pruebas de lo anterior están a la vista.
La ley de Justicia y Paz no ha logrado arrancar en forma.
De un lado, apenas el 5% de los ex ‘paras’ acusados de delitos graves y atroces han rendido versión libre.
El volumen y valor de los bienes entregados por los ex cabecillas de las autodefensas con destino a la reparación de las víctimas, es irrisorio frente a las fortunas ilícitas que se cree acumularon en largos años de narcotráfico y otros delitos; muy poco se ha avanzado en el objetivo de conocer toda la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia, en lo relativo a autores materiales e intelectuales de miles de crímenes, fuentes de financiación así como aliados políticos, sociales e institucionales.
De igual manera, ya es una realidad incontrovertible que muchos narcotraficantes terminaron ‘legalizándose’ como paramilitares.
También quedaron al descubierto graves anomalías que se cometieron durante la vigencia de la zona de ubicación en Santa Fe de Ralito.
Tampoco son pocas las denuncias en torno a que los ex jefes ‘paras’ que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, no sólo continúan delinquiendo sino que, además, se dan el lujo de ‘rebelarse’ y condicionar su acatamiento a la Ley de Justicia y Paz a que el gobierno Uribe les cumpla múltiples compromisos, que van desde darles un controvertido estatus político (pese a que están acusados de delitos atroces y de lesa humanidad) hasta garantizarles que de los escasos 8 años de cárcel a que serían condenados, sólo deberían pagar una parte en prisión y el resto en “colonias agrícolas”.
A ello deben sumarse las actitudes desafiantes de muchos ex jefes ‘paras’ que han querido justificar sus crímenes, así como los crecientes casos de amenazas y asesinatos de víctimas para evitar que reclamen la devolución de bienes hurtados por los ilegales o pidan indemnización por los daños sufridos.
El panorama para el resto de los miles de desmovilizados que no tenían cuentas pendientes con la justicia no es mejor.
Hoy por hoy su situación judicial está en el limbo luego de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que advirtió que no se les puede juzgar por sedición, pues no son delincuentes políticos.
A lo anterior se debe agregar que los procesos de reinserción a la vida civil avanzan lentamente, no se cumplieron las expectativas de trabajo y estudio ofrecidos e incluso se han denunciado retrasos en los pagos mensuales a que se comprometió el Estado.
Sin embargo, el hecho más grave en el proceso de desmovilización paramilitar tiene que ver con el rebrote de muchos grupos de autodefensas en múltiples zonas del país.
Aunque el Gobierno insiste en negar que estas organizaciones sean autodefensas, lo cierto es que están compuestas en gran parte por cuadrillas que no se desmovilizaron y por ex combatientes que volvieron a las armas.
Incluso, es fuerte el rumor en torno a que grupos como las “Águilas negras” siguen órdenes de Vicente Castaño, alias ‘El profe’, principal jefe ‘para’ que sigue prófugo pese a que la Fuerza Pública lleva meses buscándolo por tierra, mar y aire.
La encrucijada guerrillera
Si el proceso con las autodefensas se encuentra hoy por hoy en una situación crítica, los esfuerzos gubernamentales por buscar acercamientos de paz con la guerrilla o al menos pactos para la humanización del conflicto armado, no arrojan mejor panorama. La situación más complicada se da con las Farc.
El primer año del segundo mandato de Uribe no ha servido para destrabar el pulso entre el Gobierno y esa guerrilla en torno a los mecanismos y pre-requisitos para viabilizar el acuerdo humanitario que permita la libertad de un grupo de secuestrados a cambio de la excarcelación de subversivos.
Todos los intentos del Ejecutivo para convencer a las Farc de que desistan de sus exigencias de despeje militar en el Valle así como de excarcelación incondicional de los guerrilleros ‘canjeables’, han sido fallidos.
Las distintas propuestas sobre zonas de encuentro y seguridad en los municipios de Florida y Pradera; las gestiones de facilitación delegadas a Países Amigos y personalidades nacionales e internacionales; la mediación francesa, en cabeza del nuevo presidente Sarkozy; la ex carcelación de cerca de 200 insurgentes, incluido el llamado ‘canciller’ de las Farc, Rodrigo Granda, quien incluso fue enviado a Cuba; y otras propuestas de Uribe para viabilizar el acuerdo humanitario, se han estrellado contra la posición inflexible del Secretariado insurgente.
En medio de ese tira y afloje, la mayor presión ha recaído injustamente sobre el Gobierno por su negativa a un despeje militar.
Ello se da porque muchos sectores nacionales e internacionales están conscientes de que la culpabilidad de los secuestros es de la guerrilla, pero dada la intransigencia de ésta última, la única forma de terminar con el drama de los plagiados y sus familias es que el Estado ceda.
Y esa presión crece en la medida en que las tragedias y las cargas emotivas relacionadas con los cautivos se multiplican, como ocurrió con el asesinato de los 11 diputados y la noticia de que Clara Rojas tuvo un hijo en cautiverio.
El primer caso generó un acto de repudio nacional nunca antes visto, que si bien reiteró la culpabilidad de las Farc en esas muertes, descargó la responsabilidad de lograr la libertad de los secuestrados de nuevo en el gobierno Uribe.
La marcha que en los últimos 45 días llevó a cabo el profesor Gustavo Moncayo también terminó en un escenario similar: la subversión es la culpable pero el presidente Uribe tiene que ceder.
En lo que tiene que ver con el Eln el panorama es distinto, lo que no significa necesariamente mejor.
En el último año, el Gobierno y ese grupo subversivo han sostenido seis rondas de diálogo y si bien se ha avanzado en materia de consolidación de la mesa y la agenda, hasta el momento no hay ningún acuerdo concreto en relación con la disminución o humanización del conflicto.
Aunque las partes dicen estar dispuestas a firmar un acuerdo de cese al fuego y hostilidades, cuando tratan de aterrizar esa intención a la realidad del día a día nacional, los condicionamientos de lado y lado hacen imposible llegar a un pacto.
Por lo mismo, la credibilidad del proceso es muy baja y en la opinión pública crece la percepción de que la guerrilla tiene una actitud dilatoria que sólo busca ganarse un escenario político que perdió desde el momento en que la Unión Europea catalogó al Eln como organización terrorista internacional.
La parapolítica, lastre creciente Si en el primer año del gobierno Uribe las crisis en materia de orden público y procesos de paz se convirtieron en fuertes dolores de cabeza para el Ejecutivo, el escándalo de la parapolítica terminó siendo el mayor lastre en la gestión de la Casa de Nariño.
Aunque en la campaña electoral del primer semestre de 2006 la sombra de los nexos entre candidatos y autodefensas llevó a ‘purgar’ varias listas de partidos políticos, fue después del inicio del segundo periodo de Uribe cuando el escándalo estalló en toda su dimensión.
La revelación de la existencia del Acuerdo de Ralito, los primeros encauzamientos en la Corte Suprema a tres congresistas sucreños y la caída del ex director del DAS, Jorge Noguera, fueron la punta del iceberg de un proceso que hoy por hoy tiene en la cárcel a más de 15 parlamentarios (cuatro de los cuales ya renunciaron a sus curules), a otros 12 con investigaciones preliminares y a 15 más en la mira del Alto Tribunal.
A la par de ello, dos gobernadores terminaron presos, así como varios diputados, alcaldes, concejales, ex funcionarios y dirigentes políticos regionales.
Y como si fuera poco, el escándalo que inicialmente afectaba indirectamente al Gobierno, ya que la mayoría de los congresistas y dirigentes sindicados son de la coalición uribista, terminó por tocar las puertas de la propia Casa de Nariño.
Primero, porque el encarcelamiento del senador Álvaro Araújo condujo a la renuncia obligada de su hermana, la canciller María Consuelo Araújo.
Y después porque las acusaciones fueron directamente contra la familia y la persona del Jefe de Estado, quien tuvo que asumir personalmente se defensa, acudiendo para ello no sólo a altisonantes debates con sus críticos, sino a tesis tan peligrosas como las que sugerían la existencia de un “Estado fallido”, bajo la cual el Mandatario llegó incluso a plantear la posibilidad de beneficios penales y penitenciarios a todos aquellos que sean condenados por nexos con grupos de autodefensa.
Coletazos del escándalo
La creciente dimensión del escándalo de la parapolítica terminó por tomarse la agenda del Ejecutivo en muchos frentes. Uno de los más graves coletazos del escándalo se dio en el campo internacional.
De un lado, las relaciones entre el gobierno Uribe y Estados Unidos, sobre todo con el Congreso norteamericano -dominado ahora por el Partido Demócrata- están en plena crisis, a tal punto que desde el ex vicepresidente Al Gore como influyentes congresistas, desairaron al Jefe de Estado colombiano y pusieron en duda su transparencia.
Incluso, el proceso de ratificación legislativa del Tratado de Libre Comercio (TLC) fue frenado por la bancada demócrata, bajo la tesis de que primero Bogotá debe aclarar el escándalo de la parapolítica y los crímenes contra sindicalistas, cometidos muchos de ellos por autodefensas.
Hasta la ayuda al Plan Colombia resultó afectada por el resquebrajamiento de la alianza Uribe-Bush (debido al cambio de escenario de poder en EU) y a las implicaciones de los nexos entre dirigentes políticos y ‘paras’.
Este escándalo también ha complicado la imagen del gobierno colombiano en otras instancias internacionales.
Por ejemplo, en Europa crece la prevención sobre la administración Uribe, en gran parte por el eco dado por la prensa y las organizaciones no gubernamentales a la forma en que cada vez más parlamentarios y dirigentes uribistas terminan señalados en este proceso judicial.
En el campo económico, quizá el de mejor rendimiento en materia de gestión para Uribe en el primer año de su segundo gobierno (logró crecimiento récord en PIB), el efecto de la parapolítica ha sido limitado.
Aunque algunos analistas llegaron a afirmar que la crisis por la excesiva revaluación del peso frente al dólar tenía algo que ver con el nerviosismo de los mercados y los inversionistas sobre la forma en que el gobierno Nacional se afectaría por la creciente ola del escándalo, parece que el efecto de la crisis política es menor.
De la defensa al desespero
La combinación de todos los escenarios anteriores sin duda alguna afectó la marcha de la gestión gubernamental, ya que, al final, todos terminaron mezclándose y creando un escenario de crisis permanente que obligó al gobierno Uribe a estar prácticamente a la defensiva constante y con disposición siempre al contraataque.
Por ejemplo, el escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas por la Policía tuvo que ver, primero, con las ‘chuzadas’ a los ex jefes ‘paras’ presos; el principal argumento de las Farc para descalificar al gobierno Uribe es su presunto involucramiento en la parapolítica; quienes critican el largo y dilatado proceso de diálogo con el Eln, afirman que el Ejecutivo lo mantiene simplemente para distraer el efecto del escándalo y tratar de justificar los excesivos beneficios a los paramilitares desmovilizados; las fisuras en la coalición parlamentaria uribista han sido producidas principalmente por las presiones de muchos congresistas sindicados que exigen a la Casa de Nariño lanzarles un ‘salvavidas’ judicial y penitenciario; la forma desaforada cómo el Jefe de Estado ha criticado a la oposición y a todos sus contradictores, incluyendo ataques personales y duras descalificaciones, está relacionada -según analistas- con cierta actitud de desespero presidencial por tener que defenderse personalmente ya que muchos dirigentes y partidos gobiernistas, que deberían ser los escuderos del Mandatario, no pueden hacerlo debido a que han resultado ‘salpicados’ en este proceso…
Incluso, la que es considerada como la más grave crisis institucional del último año, producida por los graves ataques del Presidente a la Corte Suprema de Justicia, debido a la sentencia de ésta última negando el estatus político a lasautodefensas desmovilizadas, tiene que ver con la crisis en el proceso paramilitar y su fenómeno derivado, el escándalo parapolítico.
Ver a un Jefe de Estado lanzando graves e injustas descalificaciones al máximo tribunal de la justicia ordinaria, símbolo y principal bastión moral del país, y que de manera valiente adelanta el proceso que tiene en la cárcel a 15 congresistas y en la mira a 30 más, constituye una situación grave y desinstitucionalizadora.
Ello explica porque toda la rama judicial cerró filas para respaldar a la Corte Suprema y rechazó categóricamente la actitud presidencial, que incluso fue calificada como de injerencia indebida en la autonomía de los jueces e intento de “usurpación” de facultades de un poder público.
Ese es el panorama con que termina el primer año del segundo periodo presidencial de Uribe Vélez. Aunque las encuestas de favorabilidad lo mantienen en altos índices, lo cierto es que la gestión gubernamental es extremadamente accidentada, ya que las distintas crisis se han atravesado en la agenda y obligado al Ejecutivo a defenderse de la coyuntura y estar a la defensiva permanente.
En síntesis, el problema del primer año del reelecto presidente Uribe no ha sido el agravamiento o surgimientos de crisis, sino la forma deficiente en que éstas han sido manejadas, a tal punto que en determinado momento queda la sensación en la opinión pública de que la capacidad de maniobra y respuesta de la Casa de Nariño fue desbordada.
