Paramilitares colombianos admiten financiación de gremios productivos
El Nuevo Siglo

Gremios productivos del departamento central de Tolima financiaron a los bloques paramilitares, según la confesión de dos ex jefes de finanzas de la desmovilizada organización, conocida este viernes.

Alexander Carvajal (alias 'Jairo') y José Bedoya (alias 'Moisés') confesaron ante la Fiscalía que un grupo de empresarios, arroceros y ganaderos, cansado del accionar de las guerrillas, promovió la llegada a la región de los grupos paramilitares.

Precisaron que a comienzos de 2002, miembros de los sectores productivos del Tolima buscaron a jefes paramilitares para manifestarles que deseaban hacer aportes económicos a cambio de su presencia en varios municipios del departamento.

"Inicialmente dieron entre 20 y 40 millones de pesos (de 10.000 a 20.000 dólares) que se invirtieron en armas", dijo 'Moisés'.

Por su parte, 'Jairo' agregó que "tenemos libros de contabilidad con los nombres de más de cuatro mil personas del norte, entre empresarios, arroceros, comerciantes, ganaderos, alcaldías, estaciones de servicio y transportadores".

El ex paramilitar explicó que quienes pagaban eran los que tenían extensiones de tierra superiores a las 50 hectáreas.

"En el caso de los arroceros cancelaban 15.000 pesos (7,5 dólares) por hectárea cada seis meses. Había gente que pagaba 10,15 y 20 millones de pesos", indicó.

Empresarios y comerciantes entrevistados por el diario El Tiempo reconocieron que hicieron aportes a los paramilitares, pero bajo la presión de las armas. Las Auc y el gobierno del presidente Alvaro Uribe concluyeron en abril de 2006 una negociación de paz que llevó a la desmovilización de unos 32.000 combatientes.

En desarrollo de los compromisos de paz, al menos 50 líderes paramilitares y mandos medios se encuentran recluidos en una cárcel de alta seguridad, a la espera de comparecer ante la justicia para confesar crímenes de lesa humanidad.

Su confesión y la reparación a las víctimas les permitirían acceder a la ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso, que les otorga penas de entre cinco y ocho años de prisión.

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