Fuerte golpe a la cohesión institucional
El gobierno Uribe desafió a la Corte Suprema de Justicia

La sentencia del Alto Tribunal que negó la posibilidad del delito de sedición a los paramilitares, provocó que la Casa de Nariño se fuera lanza en ristre contra los magistrados, una actitud peligrosa para la fortaleza del Estado y que raya en el desconocimiento de la independencia de poderes.
El Nuevo Siglo

Los 3 retos de la próxima semana

Ya se ha vuelto un lugar común en la política nacional la frase aquella de que al “Presidente Uribe le deben redoblar la dosis de goticas de valeriana…”. Siempre se trae a colación cuando el Jefe de Estado incurre en esas declaraciones acaloradas, desafiantes y altisonantes a que ya tiene acostumbrados a los colombianos, pero que él califica como “frenteras”.

Sin embargo, lo ocurrido esta semana hace insuficiente acudir a la manida frase.

El enfrentamiento que el Jefe de Estado protagonizó con la Corte Suprema de Justicia no puede ser atenuado con la ingestión de valeriana, incluso si se hiciera corriendo el riesgo de una ‘sobredosis’ de las célebres goticas.

Desde hace muchos años el país no presenciaba algo así.

Ni siquiera cuando, antes de promulgarse la Carta del 91, la Corte Suprema tenía una sala de control constitucional que en más de una ocasión ‘tumbó’ reformas y proyectos clave a los gobiernos de turno.

Ni en ese entonces, cuando incluso se llegó a acusar a los magistrados de rayar en la ‘dictadura judicial’, se vio a un Jefe de Estado reaccionando de la forma en que esta semana lo hizo Uribe ante la sentencia del Alto Tribunal que determinó que a los paramilitares desmovilizados no se les puede juzgar por sedición, ya que éstos no son delincuentes políticos sino comunes y, por lo tanto, deben ser procesados al amparo de la jurisdicción ordinaria y no de la Ley 1106 de 2006 (o de Orden Público) como tampoco de la 975 de 2005, o de Justicia y Paz.

Y es que el calibre de las acusaciones que el Mandatario hizo contra los magistrados de la Corte no es de baja significancia.

Los sindicó de tener “sesgo ideológico”; de aplicar un rasero jurídico distinto para juzgar los delitos cometidos por la guerrilla y los perpetrados por los paramilitares, pese a que ambos tienen igual grado de sevicia y atrocidad; incluso afirmó que “esta discriminación ideológica que ha hecho la Corte nos hace mucho daño, porque nos deja en el limbo la situación con 18 mil paramilitares desmovilizados”; también dijo que si bien respetaba la independencia de la Corte Suprema y aceptaba que los poderes en Colombia son independientes, éstos “tienen que colaborar armónicamente para los fines superiores del Estado.

Desmovilizar 43 mil personas que este Gobierno ha desmovilizado, es un fin superior del Estado”; advirtió igualmente que “en la sentencia de la Corte, dicen que la sedición no es aplicable que porque los paramilitares no tipifican sedición, entonces entran a hacer una interpretación de la Constitución que no hizo la Corte Constitucional y que finalmente le hace inmenso daño a este proceso…”.

Excesos presidenciales

Aunque Uribe es dado a cazar peleas casi a diario y le gusta ser “frentero” en todas las controversias, lo cierto es que al decir de no pocos analistas y observadores políticos, incluso de sectores gobiernistas, la actitud adoptada por el Jefe de Estado contra la Corte sobrepasó con creces la tradicional reacción del “acato pero no comparto”, y entró a rayar en una posición desafiante y, por lo mismo, desinstitucionalizadora.

Es entendible que el Gobierno no hubiera celebrado una decisión judicial que deja en el limbo una de sus principales banderas de gestión, como lo ha sido la desmovilización de más de 30 mil paramilitares, proceso que aunque controvertido y con muchas falencias ya está muy avanzado y sería más grave para el país echarlo para atrás a estas alturas.

Tampoco se puede criticar la decisión presidencial de anunciar la radicación en los próximos días en el Congreso de un proyecto de ley para revivir la posibilidad de que los paramilitares desmovilizados puedan ser juzgados por el delito de sedición, lo que les permitiría no sólo acceder a una libertad casi inmediata sino que deja sus derechos políticos intactos, ya que no les genera antecedente penal inhabilitante, de forma tal que pueden, incluso, llegar a aspirar a cargos de elección popular.

Es más, el viernes en la noche ya el borrador de la iniciativa -que consta de apenas dos artículos- fue oficializado en la Casa de Nariño.

Le asiste la razón al Primer Mandatario cuando afirma que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba el delito de sedición para los paramilitares que se desarmen y reinserten a la vida civil, pero lo hizo por vicios de forma y no de fondo.

En ese orden de ideas, es normal que un gobierno al que una alta corte judicial le ha ‘tumbado’, por vicios de trámite, una medida que considera necesaria para determinada gestión, busque revivirla a través del Legislativo para que, saneadas ya las anomalías formales, el máximo tribunal entre a pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad o no de la norma en cuestión.

Incluso, aunque lo mejor sería que esta clase de situaciones no se ventilaran en público, puede considerarse como aceptable que un Presidente entable con una alta corte judicial una controversia sobre determinada jurisprudencia. Sería inaudito vetar el sano debate sobre estos temas.

Sin embargo, Uribe fue más allá de todo lo anterior. Hizo duros señalamientos no sólo sobre los alcances objetivos de la sentencia, sino que afirmó que en la misma primaron aspectos personales y subjetivos (“sesgo ideológico”) de los magistrados.

Incluso, las declaraciones presidenciales bien podrían llevar a un sector de la opinión pública a concluir que los juristas emitieron conscientemente un fallo para dar al traste con el proceso de paz con los paramilitares.

Y no menos peligrosa es la afirmación de que el Alto Tribunal juzga con menor rigor los delitos cometidos por la guerrilla que aquellos en lo que incurren las autodefensas.

Interrogantes

Es por ello que la actitud asumida por la Casa de Nariño generó controversia en no pocos sectores, e incluso dio pie para que surgieran una serie de graves interrogantes.

Por ejemplo ¿Midió el Jefe de Estado el alcance de cada una de esas declaraciones?

¿El impacto de las mismas en la estabilidad institucional del país, siendo él el primer llamado a respetarla y preservarla?

¿Si el propio Presidente de la República coloca en duda la imparcialidad de la máxima instancia de la justicia penal en Colombia, e incluso acusa a sus integrantes de tener un “sesgo ideológico”, qué se puede esperar ahora de los delincuentes que también alegarán que los fallos proferidos por el Alto Tribunal están contaminados por ese mismo “sesgo”?

Pero los interrogantes no terminan allí, ya que es necesario establecer qué impacto tendrá toda esta controversia en el extranjero.

¿Evaluó la Casa de Nariño la lectura que tendrá en gobiernos de Europa y Estados Unidos el hecho de que el Primer Mandatario haya lanzado tal cantidad de graves críticas contra los magistrados que en este mismo momento tramitan el proceso judicial de la parapolítica, que tiene en la cárcel a más de 15 congresistas y en la mira a un número similar de parlamentarios, el 90% de ellos pertenecientes a la coalición que apoya al Gobierno?

¿Calculó Uribe cómo analizará la comunidad internacional el hecho de que la reacción más dura del Gobierno se haya dirigido contra la máxima institución judicial y no contra la cúpula paramilitar desmovilizada que decidió, unilateralmente y de manera inaudita, no acatar los llamados de los fiscales de la unidad de Justicia y Paz, y condicionar su sometimiento a ley, a que el Estado reverse los efectos de la sentencia de la Corte?

Tampoco puede dejarse de lado la polémica en torno al por qué de la reacción tibia del Gobierno a la actitud de los ex jefes ‘paras’ desmovilizados al ‘congelar’ su acatamiento a la Ley de Justicia y Paz, evidenciando como una norma que estableció un esquema de favorabilidad penal para los cabecillas de las autodefensas acusados de graves delitos, ahora corre el riesgo de convertirse en una legislación en la que los procesados pueden condicionar procedimientos obligatorios como la asistencia a diligencias de versión libre, entrega bienes para la reparación a las víctimas y dar información sobre la ubicación de las fosas comunes en las que están enterradas miles de personas.

¿No entendió la Casa de Nariño la gravedad de lo advertido por el procurador (e) Carlos Arturo Gómez, en torno a que los delincuentes no podían condicionar a los jueces ni presionar para ser juzgados bajo tal o cual ley?

¿Y qué pasó con la sugerencia del mismo alto funcionario en torno a que el Presidente tenía en la extradición el instrumento efectivo para forzar a los ‘paras’ a respetar los mandatos de la Ley de Justicia y Paz?

No menos preocupante es la situación de seguridad en que quedaron los magistrados tras las acusaciones del Primer Mandatario.

¿Está consciente el Ejecutivo de que sus acusaciones aumentaron peligrosamente el ya alto nivel de riesgo que tienen los integrantes de la Corte, sobre todo en momentos en que es evidente la extensión del rebrote paramilitar en todo el país y crecen las amenazas provenientes de sectores sindicados en el escándalo de la parapolítica?

Una Corte cautelosa

Ante semejante alud de críticas y la gravedad que encierra la respuesta a cada uno de los interrogantes planteados, la Corte Suprema tenía que reaccionar.

Y lo hizo acudiendo a dos comunicados ponderados, respetuosos pero enfáticos, propios de la frialdad de quien aplica justicia y lejanos a la carga emotiva que el Presidente utilizó a lo largo de toda la semana para atizar la polémica.

Lejos de entrar en la esfera de señalamientos personales y subjetivos, los magistrados -en el comunicado del jueves- prefirieron enfocarse en los temas objetivos: el fondo de la sentencia.

“El delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición, el delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente”, advirtieron. También aclararon que “la Sala Penal de la Corte, en la providencia del 11 de julio, no hizo nada distinto a cumplir con sumo rigor la Constitución y la ley”.

“Por esa razón, al examinar por primera vez el tema en su fondo, no aplicó en ese caso el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que por lo demás ya había sido declarado contrario a la Constitución por la Corte Constitucional”.

En una referencia tácita al Jefe de Estado, los magistrados indicaron que “tratándose de tema tan delicado, todos, y especialmente quienes tienen especiales responsabilidades con el país, deben proceder con extrema prudencia, para que el nítido cumplimiento del deber no se entienda, equivocadamente por supuesto, como un obstáculo al proceso de paz”, insistieron.

Por último, en un párrafo que denota la decisión de ratificar su autonomía frente al Gobierno, los magistrados enfatizaron “su vocación de contribución plena a la reconciliación en el marco de los principios y valores que informan el Estado Social y Democrático de Derecho.

De igual modo ofrece debido acatamiento a la competencia de las demás autoridades y eso mismo demanda para la suya. Todo en el contexto de la armoniosa colaboración, indispensable para el correcto funcionamiento del Estado”.

En entrevista a El Nuevo Siglo ese mismo jueves, el presidente de la Corte, magistrado Cesar Valencia, lanzó una tácita pero dura advertencia al Jefe de Estado.

“La providencia no hace sino recoger jurisprudencia reiterada a esta corporación. Jurisprudencia de la Corte Constitucional, doctrina nacional y extranjera, entre otras fuentes y citas.

Habrá los caminos legales, posiblemente, que pudieran tender a dejar sin efecto esa providencia, pero en ningún caso el solo comentario, por importante que sea quien lo hace, puede ir a enturbiar la providencia. No importa de dónde venga, repito, por importante que sea”, afirmó.

Una Corte enfática

Para no pocos analistas, la posición expresada por la Corte en su primer comunicado debió haber llevado a que el Gobierno, que incluso había llamado a una reunión Presidente-magistrados el viernes en la mañana, bajará el tono de sus señalamientos y optará, mejor, por acelerar la redacción del articulado del proyecto que había anunciado dos días atrás para tratar de revivir la posibilidad de juzgar a los paramilitares desmovilizados al amparo del delito de sedición.

Sin embargo, el Presidente optó por el camino de profundizar la controversia y meterle más ‘candela’.

A primera hora del viernes acusó a los magistrados de tener un “sesgo ideológico” y volvió a criticarlos por el impacto de la sentencia que negó la sedición a los ‘paras’ desmovilizados.

Ante un pronunciamiento presidencial que colocaba en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados de la más alta corte en materia penal, el Alto Tribunal se vio obligado también a subir el tono y exigir respeto del Ejecutivo.

“Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República, con respecto al proceder de la Sala, la cual, no guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder Público”, advirtió el primer párrafo del segundo comunicado de la Corte.

Tras defender de nuevo la objetivad de la sentencia que negó la sedición, los magistrados afirmaron que desaprobaban “las acusaciones que se le han imputado como presunta obstaculizadora del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, y considera que las dificultades que éste pueda afrontar, deben ser superadas mediante el examen de las falencias y los vacíos de las normatividad vigente”.

Por segunda vez en menos de 24 horas, los juristas negaron que hicieran diferenciaciones entre los delitos cometidos por la guerrilla y los ‘paras’ y le recordaron al Jefe de Estado que estaba en todo su derecho de presentar el proyecto de ley que había anunciado “como una alternativa para superar las limitaciones que se derivan del propio ordenamiento jurídico, al cual se ha ajustado en todo momento la Corporación”.

¿Entonces?

La semana termina, entonces, con tres hechos muy preocupantes.

De un lado, con una sensación de desinstitucionalización del Estado en Colombia, debido a la forma en que el Presidente -jefe máximo del poder Ejecutivo- se enfrentó a la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia en materia penal de esta rama.

Quiérase o no, la cohesión que debe demostrar el Estado ante sus gobernados quedó debilitada peligrosamente y sería ingenuo desconocer que la percepción nacional e internacional sobre la fortaleza de las instituciones colombianas se devaluó peligrosamente en los últimos 5 días.

En segundo lugar, es claro que por más que el Gobierno defienda las bondades del proyecto de ley que presentará al Congreso para revivir el delito de sedición a los paramilitares desmovilizados, no es seguro que el trámite de la iniciativa sea tan expedito como lo espera la Casa de Nariño.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que pasó cuando se discutió y aprobó la Ley de Justicia y Paz, esta vez tanto las mayorías parlamentarias uribistas como la oposición definen dar el estatus políticos a los paramilitares desmovilizados, teniendo como marco un proceso de paz que avanza lentamente, que evidencia que los jefes ‘paras’ no quieren confesar toda la verdad ni entregar todos los bienes que poseen para reparar a sus víctimas.

También estarán conscientes de realidades como el rebrote paramilitar en muchas regiones y, como si fuera poco, el debate se adelantará en medio del escándalo de la parapolítica, que hace dos años no existía pero que hoy tiene un manto de sospecha sobre todas las actuaciones del Legislativo.

Surge aquí una pregunta clave ¿Se declararán impedidos de participar en el debate a este proyecto de ley los cerca de 15 senadores y representantes que están en la mira de la Corte Suprema y tienen ya investigación preliminar en la Sala Penal por presuntos nexos con grupos de autodefensa?

Y como tercer punto: aunque el país cierra la semana concentrado en la controversia entre Uribe y la Corte, una situación igual de preocupante, como lo es la ‘rebelión’ de los ex jefes ‘paras’ a la Ley de Justicia y Paz, quedó en el limbo, sin que la Casa de Nariño y la Fiscalía hayan precisado qué harán para forzar a los cabecillas desmovilizados a que respeten los términos de esa legislación, ya de por sí flexible en materia de castigos.

Si esas medidas correctivas no se toman, el precedente será nefasto para todo el sistema judicial, ya que se evidenciaría cómo un grupo de procesados -a los que además se les está dando una pena alternativa de ocho años máximos de prisión pese a sus múltiples y graves crímenes- condicionan ahora a su antojo el cumplimiento de las diligencias de confesión, la entrega de bienes ilícitos y hasta el revelar datos sobre dónde enterraron a sus miles de víctimas.

Como se ve, se cierra una semana en la que la crisis institucional llegó a niveles peligrosos, pero se abre otra en la que los desafíos son mayores y de muchas implicaciones. Habrá que esperar para ver cómo tramita el país estas nuevas situaciones.

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