Fuerza Pública asesinó al menos a dos campesinos en el sur de Nariño
Por Camilo Raigozo

Urgente. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombianos Francisco Isaías Cifuentes, informó a Notimundo sobre una violenta represión ejercida por la Fuerza Pública en la vereda El Azucar, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño), con ametrallamientos aéreos y terrestres sobre unos 2.000 campesinos que piden al gobierno diálogos para la sustitución de cultivos ilícitos.

En el operativo contra los labriegos intervienen las fuerzas especiales antinarcóticos de la Policía, los Escuadrones Antidisturbios (Esmad), el batallón móvil contra guerrilla 113 de la Brigada Móvil 19, adscrita a la Tercera Brigada del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana.

Según el comunicado de la ONG defensora de los derechos humanos en esta zona del sur del país, se ha confirmado el asesinato de dos personas, producto de la violenta represión ejercida por las fuerzas estatales, pero se teme que el número de campesinos muertos puede ser mayor. Se desconoce la cantidad de personas heridas.

Hace una semana, huyeron de esta misma región unos 2.000 campesinos que pasaron la frontera del vecino país de Ecuador y lograron llegar hasta San Lorenzo, en el departamento de Esmeraldas limítrofe con Colombia.

Entre las 2.000 personas cocaleras atacadas por la Fuerza Pública hay campesinos, afro descendientes e indígenas.

Según el comunicado recibido por este medio, las fuerzas militares y policiales no permiten que los heridos sean auxiliados, ni que se lleve a cabo el levantamiento de los cadáveres.

Las organizaciones sociales de campesinos y defensoras de los derechos humanos, instaron al gobierno a que respete los derechos fundamentales de las personas afectadas y el Derecho Internacional Humanitario.

Igualmente, llamaron la atención a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Veeduría y los demás entes de control del Estado para que asuman su responsabilidad en la protección de los derechos civiles de las comunidades afectadas.

También pidieron la intervención inmediata de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de otras entidades internacionales encargadas de velar por la seguridad integral de las comunidades.

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