Huila y Caquetá
Marchas pacíficas por el derecho a la vida
El Ejército trató de impedir los desfiles campesinos con obstrucciones y boicoteos
Las comunidades exigieron respeto a sus derechos fundamentales y al derecho humanitario
Por Camilo Raigozo. VOZ. Enviado especial

Aquí crónica gráfica
El pasado 7 de agosto, las comunidades residentes en las veredas del Caquetá y Huila, cercanas al municipio de Algeciras en este último departamento, realizaron una multitudinaria marcha pacífica en la que manifestaron su rechazo a las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales y las innumerables infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército colombiano.

Asesinatos, desapariciones, amenazas, tortura, desplazamiento, ocupación o quema de viviendas, pillaje y robo de ganado, escudos humanos, abusos sexuales contra la mujer y restricción arbitraria a la libre locomoción humana, de alimentos y medicinas, fueron entre otras las transgresiones de los uniformados denunciadas por los campesinos.

Desde las distantes veredas los lugareños se tuvieron que trasladar con uno y dos días de anticipación para poder llegar a tiempo al sitio de concentración de la marcha, pero el Ejército lo impidió colocando varios retenes en los caminos y vías. Muchos labriegos, se vieron obligados a regresar a sus hogares ante el abuso de las autoridades castrenses.

El día de la marcha, 7 de agosto, la cual estaba prevista empezar a las 10 de la mañana, solo pudo realizarse después de las cuatro de la tarde, pues el Ejército boicoteó la movilización, impidiendo la llegada a tiempo de los campesinos. Uno de los organizadores del evento, Uliser Sánchez, líder comunal y aspirante a la alcaldía de Algeciras, le dijo a VOZ que los mandos militares decidieron establecer ese día seis retenes, en los que designó a un único soldado para que requisara a las personas, los documentos, los equipajes y los buses. De forma adrede, cada retén se hizo una eternidad.

Portando el tricolor nacional, banderas blancas y coloridas pancartas en las que se leía entre otras alusiones, “Exigimos respeto a nuestras vidas y a nuestra dignidad”. “Marchamos por la vida, la justicia y la defensa de la educación”, “Por una salida negociada al conflicto”, “Por el intercambio humanitario”, “No al TLC” y “Que vivan las marchas de rechazo a la violencia de los derechos humanos”, los campesinos provenientes de San Vicente del Caguán en el Caquetá, se encontraron con los huilenses en la región de Lagunilla y de allí partió la marcha hasta Algeciras donde recorrieron sus principales calles.

Al caer la tarde, los cerca de 1.500 marchantes se reunieron en el parque principal donde hicieron las contundentes denuncias contra los desmanes del Ejército y le exigieron respeto a los derechos de la población civil contemplados en la Constitución política colombiana y en los tratados internacionales. La comunidad, familiares y amigos de las seis personas masacradas demencialmente por soldados pertenecientes a la novena brigada el 10 de junio anterior, ofrecieron tributos en su memoria.

Marcha en San Vicente del Caguán

Los campesinos de esta afligida franja del Caquetá estigmatizada por haber sido sede de la Zona de Despeje pactada entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, satanizada por los enemigos de la paz, vivieron su propio drama merced a los abusos de las tropas del Batallón Cazadores comandadas por el coronel Luis Armando Gómez.

Los cerca de 2.000 campesinos que se dieron cita para participar de la marcha pacífica programada para las 10 de la mañana del 7 de agosto, tuvieron que soportar toda clase de atropellos en los numerosos retenes establecidos por el Ejército, donde fueron fotografiados y filmados con objetivos desconocidos y sospechosos.

Solo hasta las cinco de la tarde pudieron ingresar al parque principal de San Vicente, gracias a las gestiones de la Defensoría Regional del Pueblo, la Defensoría Comunitaria, del párroco y a la extenuante y combativa jornada de los líderes y sus comunidades.



Allí estuvo el pueblo concentrado en Asamblea Permanente por más de 46 horas realizando marchas por las calles principales de San Vicente y una reunión con las autoridades civiles, militares y religiosas, con quienes se firmó un documento de 10 puntos de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios del Estado, para dar así por finalizada la marcha pacífica, hecho que ocurrió el jueves 9 de agosto a las dos de la tarde.



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