Informe de la CNRRJusticia y Paz: 70.000 quejas para 23 fiscales
En los dos años de vigencia de la ley, tan solo han sido recibidas 200 versiones libres de 2.816 postulados
El Nuevo Siglo
Un total de 70.000 denuncias o quejas contra los desmovilizados paramilitares, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, por parte de las víctimas o sus familiares.
Así lo establece un informe entregado por la Comisión Nacional de Reparación Reconciliación, CNRR, en el que se hace énfasis en que estos deben ser atendidos por 23 fiscales.
“Se requiere agilizar la adición de la planta de cargos en la Fiscalía y suministrar recursos a esta entidad para cualificar sus recursos humanos y técnicos. Dado el gran volumen de procesos y de población que implica la implementación de la Ley 975, se requiere fortalecer el cuerpo de investigación en terreno, así como el número de fiscales que están adelantando los casos. Actualmente la Fiscalía cuenta con 22 fiscales para Justicia y Paz, y uno para los casos de la guerrilla, cada uno con un promedio de 5 investigadores de campo.
Los 22 fiscales de Justicia y Paz han recibido 200 versiones libres de la lista de 2.816 postulados, en el año que lleva de creada la Unidad de Justicia y Paz”, señala el informe.
También indica que es necesario implantar un sistema de asesoramiento psicosocial a las víctimas, así como hacer uso de medios como la radio comunitaria para difundir la información a las víctimas o a sus familiares, preferiblemente en un lenguaje sencillo que permita a las víctimas comprender sus derechos.
Asimismo informa que el fenómeno de la impunidad ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional, sobre todo por las situaciones de alteración de orden público de carácter permanente.
“La vigencia de derechos de las víctimas y la creación de políticas públicas que prevengan la comisión de delitos se convierten en principios fundamentales en la lucha frente a la impunidad y para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.
Explica que se requiere iniciar procesos sancionatorios para aquellos que omitan información sobre su participación en delitos contra los derechos humanos o que hubieran cometido delitos de lesa humanidad en el marco de su permanencia en un grupo o bloque desmovilizado.
Los procesos
El informe de la CNRR señala que en este momento el proceso se encuentra en etapa de investigación que lleva a cabo la Fiscalía. “Las víctimas participan a través de los canales de denuncia; en segundo lugar, la recepción de las versiones libres y la acumulación de denuncias y de procesos”.
“La primera alerta se presenta en la creciente demanda de víctimas que reportan los hechos violentos ocurridos, cercanos de 70.000, que deben ser atendidos por 23 fiscales”.
Más adelante indica que “observando detalladamente las versiones libres rendidas hasta el momento por los miembros de los grupos paramilitares se evidencia que estas se han concentrado principalmente en el reconocimiento de varios homicidios individuales o colectivos. (Dicho sea de paso, justificados en que son acciones de la guerra y el señalamiento de que las víctimas eran supuestos miembros de la guerrilla).
Así mismo se han confesado algunas acciones tendientes a propiciar el desplazamiento forzado de poblaciones o comunidades. De otro lado tampoco se ha confesado por parte de los procesados la expropiación violenta de tierras, que se sabe ha sido un móvil frecuente de la expansión paramilitar en muchos departamentos del país”.
Señala que “además las versiones de han caracterizado por la ausencia total de reconocimiento o confesión de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, como el acceso carnal violento cometido principalmente contra mujeres. Pero aún más, se ha constado que los fiscales de justicia y paz no han preguntado en las versiones libres sobre este tipo de conductas, pese a las numerosas evidencias y testimonios registrados en informes de organizaciones de víctimas, de defensores de derechos humanos”.
También dice que “llama la atención las frecuentes referencias de los procesados a delitos relacionados con el patrimonio público. Estos se cometían principalmente mediante complicidad con (o mediante la coacción de) algunas autoridades municipales, departamentales, y tenían como objetivo generar el respaldo y el control político y económico de los presupuestos de los entes territoriales. Igualmente, los procesados han confesado diversas modalidades de hurto y extorsiones con fines económicos”.
