Informe de Comisión Nacionalde ReparaciónSe confirma rebrote paramilitar en 16 departamentos
Las bandas emergentes ilegales, surgidas luego del proceso de desmovilización, las conforman cerca de 5 mil hombres, teniendo mayor influencia en la zona sur del país en donde buscan el control fronterizo para el tráfico de droga
El Nuevo Siglo
AL TIEMPO que el presidente Álvaro Uribe reconoció durante el pasado fin de semana que el rebrote paramilitar sólo está afectando a cinco departamentos, nuevas investigaciones revelan que el fenómeno de las bandas emergentes está presente en 16 jurisdicciones del país.
Según un informe revelado ayer por Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), titulado Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?, las evidencias demuestran que, contrario a lo expuesto por el Presidente, el fenómeno del rearme paramilitar está afectando casi todo el territorio nacional.
Pero, de acuerdo a las investigaciones hechas para la producción del documento, hay ciertas regiones en donde “el Gobierno debería poner especial atención”.
“Las zonas más críticas, en términos de esos grupos armados ilegales, sean estos rearmados, disientes o emergentes, se ubican en el sur y occidente del país -Nariño, Chocó, Cauca, Valle y Putumayo-, en la Costa Caribe en general, en los llanos orientales -Meta, Vichada y Casanare-, y en el bajo Cauca y en Norte de Santander”, advierte el documento. Igualmente, precisa que “en menor medida existen manifestaciones de hechos similares en algunos municipios de Caquetá, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima”.
En lo relacionado al estimado de hombres que conforman estas organizaciones ilegales, el documento de la Comisión sostiene que “el número estimado de personas que conformarían esos grupos oscila entre los tres mil y los cinco mil, dependiendo de la fuente consultada”.
Según lo indica reporte, los autodenominados ‘Nueva Generación de Nariño’ son el grupo más grande con cerca de trescientos hombres, el cual mantiene constantes enfrentamientos con las Farc y Eln en el sur del país -zona de mayor influencia de las bandas emergentes- por el control del río Mira, en la frontera con el Ecuador, en donde se presenta uno de los mayores índices de tráfico de estupefacientes.
No obstante, frente a las múltiples denuncias de que algunos de los paramilitares desmovilizados harían parte de estas nuevas bandas ilegales, el reporte indica que “de la misma forma, la proporción de desmovilizados de las autodefensas que hacen parte de estos grupos podría estar cercana al 17%, de acuerdo con el número de desmovilizados dentro del total de miembros capturados o muertos en acciones criminales, pertenecientes a esos grupos, es decir, un 2% del total de desmovilizados de las autodefensas”.
Amenaza para las víctimas
El informe señala que, entre otros objetivos, lo que pretende es “determinar el grado de desmovilización o rearme de las estructuras armadas de las autodefensas y los grupos paralelos que hayan llegado a un acuerdo de desmovilización con el Gobierno”.
“Persisten diferentes modalidades de agrupaciones armadas ilegales ligadas a diversas formas de criminalidad, coerción y control político en distintas regiones del país.
Estos grupos constituyen una amenaza real a la posibilidad de que las víctimas de la violencia de las autodefensas tengan un contexto seguro para su participación en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”, precisa el reporte.
Agrega el documento que la reaparición de grupos ilegales presuntamente vinculados a los disidentes ‘paras’ que no se acogieron al proceso de desmovilización, “vulnera las garantías de no repetición de hechos de violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas activos en el ejercicio de sus derechos”.
“Lo anterior no desconoce la desmovilización de las autodefensas como un hecho notorio del proceso de negociación adelantado por la administración del presidente Álvaro Uribe.
No obstante, la Cnrr exige que de manera urgente se tomen los correctivos necesarios para que esa desmovilización pueda definitivamente constituirse en un paso importante para la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado, condición necesaria para las posibilidades de profundización de la democracia y el Estado de derecho”, sostiene el informe.
Eduardo Pizarro Leongómez, director de la Cnrr, indicó durante la presentación del reporte que “según lo han señalado diferentes organizaciones no gubernamentales, estos grupos son las semillas de una tercera generación paramilitar. Pero no podemos dar una respuesta tajante, debido a la multiplicidad de fenómenos regionales que no permiten darle una lectura única al problema”.
Sin embargo, agregó, “ya no hay una coordinación nacional de los paramilitares. Es por eso que las nuevas bandas no tienen características políticas ni mucho menos voluntad contrainsurgente. Tienen más de criminales que de políticos”.
Bajo esta tesis, el informe señala que “Colombia ha vivido la desmovilización de las autodefensas, una estructura militar descentralizada y no homogénea que hizo de la población un blanco para adelantar objetivos contrainsurgentes y que llevó a cabo actividades criminales con un mínimo de coordinación nacional y algunos apoyos institucionales y privados”.
