Policía de Buenaventura retiene niños y mujeres embarazadas señalándolos de ser guerrillerosJusticia y Paz
En operaciones de registro y control desplegadas en los barrios populares como acciones preventivas, unidades policiales han cometido graves abusos de autoridad contra los afro colombianos de los barrios San Francisco, Punta del Este, La Independencia, en el municipio de Buenaventura (Valle).
Retenciones arbitrarias de los pobladores, entre ellos niñas y niños, son parte de la rutina, que es justificada con la existencia del Decreto 092 del 30 de abril de 2007, “Por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura”, con el cual se ha desbordado la ley para retener a niños de 10 a 16 años. Las mujeres jóvenes, igualmente, además han sido objeto de retenciones arbitrarias y de falsos señalamientos y acusaciones de establecer relaciones sentimentales con la guerrilla, sofisma justificatorio del desborde institucional.
Dicho Decreto faculta a la policía y autoridades judiciales “a realizar batidas ciudadanas y los controles policivos necesarios en todo el territorio municipal de Buenaventura, siempre y cuando se obtenga información veraz y objetiva de posibles hechos generadores de violencia que atenten contra la seguridad ciudadana y convivencia pacífica (…) la identificación y retención temporal de personas con asuntos pendientes con la justicia hasta tanto se defina su situación jurídica por parte de las autoridades competentes, población que será conducida y recibida en el comando o estación de policía, bajo condiciones de seguridad, dignidad y buen trato… no podrán permanecer detenidos más de treinta y seis (36) horas”.
Las actuaciones policiales están contra derecho. El modelo represivo contra la guerrilla de las FARC EP se ha dirigido contra la población, la que viene sufriendo procedimientos en los que se restringe arbitrariamente su libertad, en los que se abusa de la autoridad bajo un parámetro que puede calificarse de persecutorio.
Jueves 26 de Julio desde las 4:30 p.m., y por espacio de una hora, de acuerdo con testigos, 20 agentes de la policía Nacional y por lo menos 10 de la SIJIN, al mando del Mayor TOBO, comandante de la policía de Buenaventura, realizaron un operativo en el barrio Punta del Estedeteniendo arbitrariamente a cuatro mujeres y a cinco varones, entre ellos cuatro menores de edad.
Los efectivos estatales ingresaron a varias residencias sin orden judicial de allanamiento, tomaron registros fotográficos y de video de los habitantes en el interior de sus casas. Posteriormente, sacaron a la fuerza a y subidos en una camioneta los jóvenes Geraldine Sinisterra, de 16 años; Angie Valencia, de 15 años; Efigenia Mosquera, de 17 años, y Diana Pilar Valencia, de 20 años.
También fueron detenidos Didier Calimeño, de 25 años, Roberto Canga, de 25 años y dos más de quiénes no ha sido posible establecer sus nombres. Junto a estos pobladores fue detenido el niño Brayner, de 12 años de edad.
En el interior del vehículo oficial les comunicaron a los pobladores que estaban detenidos y que los conducían para una corroboración de información.
Nuestra Comisión de Justicia y Paz se comunicó aproximadamente a las 7:00 p.m., con el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, informando de los hechos conocidos y solicitando respuesta sobre las razones de la actuación policial y la situación jurídica de las personas, los motivos por los cuales se encontraban detenidos menores de edad, así como de informar a las familias del lugar de reclusión.
El gobierno Nacional reportó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que la razón del operativo policial obedecía a la verificación de documentos de identidad, y el contraste con huellas dactilares. No brindó ningún tipo de respuesta al resto de los interrogantes
Pasada la media noche los detenidos fueron dejados en libertad.
Pasada la media noche los detenidos fueron dejados en libertad.
De acuerdo con los testimonios de las mujeres detenidas ilegalmente, la policía les manifestó que todo se debía a “que en este barrio, muchas mujeres se estaban volviendo guerrilleras”. A ellas las interrogaron sobre sus relaciones sentimentales, los nombres de identidad de sus novios o parejas. Así mismo, los policías afirmaron que el operativo estaba amparado en un nuevo decreto para la ciudad de Buenaventura que les daba la posibilidad de realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial.
A los varones los obligaron a quitarse parte de la ropa, les tomaron fotos semidesnudos, lo mismo hicieron con las huellas dactilares.
Sábado 28 de julio, hacia las 4:30 p.m., dos vehículos de la policía llegaron al barrio San Francisco, de la comuna Siete del municipio de Buenaventura, zona de Bajamar e ingresaron por la fuerza a varias casas.
De una de las viviendas sacaron a la fuerza a Wilmar Riascos de 16 años y lo llevaron detenido. Doris Portocarrero, madre de Wilmar, y su hermana Surys Riascos, de 18 años, en estado de gravidez, se opusieron a la retención ilegal del hijo, por lo que también fueron detenidas
En la acción y sin conocer el motivo fue detenida la niña Doris Fernanda Riascos de 10 años de edad; el joven Jorge Luis Portocarrero de 17 años.
En la acción y sin conocer el motivo fue detenida la niña Doris Fernanda Riascos de 10 años de edad; el joven Jorge Luis Portocarrero de 17 años.
Hacia las 5:00 p.m., aproximadamente, nuestra Comisión de Justicia y Paz se comunicó con la Vicepresidencia de la República, informando el desarrollo del operativo policial en el barrio San Francisco. A través de la comunicación se solicitó conocer la razón del procedimiento policial, las motivaciones de las detenciones, la inclusión en la misma de niñas y niños, y el respeto debido a una mujer en estado de embarazo.
Aproximadamente, una hora después fueron dejadas en libertad.
El mismo día, en otro sector del barrio San Francisco, fueron retenidos de manera abusiva Sandra Perlaza, de 28 años; Oleisa Riascos, de 27 años; Alexis Mirri Aragón, de 13 años; Yina Aragón, de 16 años; Jesús Alberto Quintero y Jhonatan Torres Arboleda de 17 años.
Todos fueron llevados a la estación de policía de Buenaventura donde fueron fotografiados y reseñados. A quiénes se opusieron inicialmente a ser fotografiados, los presionaron e intimidaron, posteriormente los encerraron en calabozos. Por el joven Jhonatan Torres Arboleda, sus padres pagaron a uno de los policías la suma de 30.000 pesos para que lo dejaran en libertad. Con posterioridad todos fueron dejados en libertad.
