Unión Peneya (Caquetá)
“Vayan póngale quejas a la guerrilla”
Graves denuncias de la población por la violación persistente a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército
Camilo Raigozo. VOZ
Enviado especial
De izq. a derecha, Israel Betancur, alcalde del municipio La Montañita, Ana Carolina Tamayo, de Acción Social y Héctor González, delegado del gobernador del Caquetá. Foto C. Raigozo. Aquí crónica gráfica.
El pasado 17 de julio, los habitantes del corregimiento Unión Peneya, del municipio La Montañita (Caquetá), realizaron una marcha pacífica de protesta para exigirle tanto al gobierno local, como departamental y nacional, el cumplimiento de los compromisos pactados con la comunidad, para que esta pudiera retornar, después de permanecer tres años y 23 días como desplazados.
Y es que contra los pobladores rurales y urbanos hubo toda clase de atropellos por parte de la Fuerza Pública, que los estigmatizó y acusó de ser guerrilleros. Ejecuciones extrajudiciales, restricción a la movilidad de alimentos y medicinas, hostigamientos, amenazas, desapariciones y detenciones arbitrarias, fueron entre otros los abusos que padecieron los moradores bajo la aplicación del Plan Patriota.
Uno de los múltiples casos de violaciones a los derechos fundamentales de la población de la Unión Peneya, ocurrió el 22 de septiembre del 2003, cuando el Ejército obligó a todos los habitantes del caserío a permanecer reunidos en el parque por muchas horas a la intemperie y sin alimentos saliendo enormemente perjudicados los niños y ancianos.
Mientras que la población permaneció prisionera en el parque, las tropas saquearon negocios, viviendas y fincas aledañas en atroz acto de barbarie, vandalismo y pillaje. Igualmente, violando todos los parámetros legales 11 personas fueron detenidas de forma brutal y arbitraria por los militares.
A comienzos de enero del siguiente año (2004), se implantó en la zona la Operación Año Nuevo, en la que fueron bombardeadas indiscriminadamente áreas rurales y urbanas habitadas por civiles, obligándolos a abandonar todas sus pertenencias y al desplazamiento forzado, condición que mantuvieron hasta el pasado 27 de enero cuando retornaron, no sin antes haber comprometido al gobierno en todas sus esferas a cumplir unas condiciones mínimas para el retorno.
Ni las autoridades civiles ni militares le han cumplido a la comunidad. La única vía que comunica al corregimiento con La Montañita y Florencia está intransitable. El trayecto que normalmente se hace en tres horas y media, hoy se emplean más de nueve, como lo pudo constatar VOZ. “Gracias a dios llegamos, y además ilesos”, dicen los lugareños al llegar. Por eso, ningún vehículo de carga o pasajeros quiere viajar hasta Unión Peneya volviendo más difícil la vida de quienes allí viven. Una gaseosa llega a costar tres mil pesos y una cerveza cinco mil. Lo mismo pasa con la canasta familiar, porque todo es escaso.
Según los campesinos, el pasado 27 de junio en el sitio conocido como Américas de Jamaica, el Ejercito asesinó a los labriegos, Manuel Osorio de 35 años y a su hermano Albeiro Osorio de 29, presentándolos luego como guerrilleros dados de baja en combate. “Han habido más ejecuciones extrajudiciales del ejército”, le dijeron a este medio los campesinos sin suministrar mayor información.
También denunciaron ante las autoridades civiles y militares con quienes se reunieron después de la marcha, que las unidades del ejército ocupan de forma abusiva las viviendas, poniendo en alto riesgo la seguridad de quienes las habitan violando el Derecho Internacional Humanitario y el derecho a la intimidad. La comunidad rechaza con vehemencia la instalación de bases militares dentro del caserío y en fincas habitadas por civiles.
“Estamos esperando que nombren profesores para el centro educativo Simón Bolívar, que el hospital funcione, que el alcantarillado y el acueducto sirvan para algo, que se arreglen las carreteras y que nos dejen trabajar en paz para poder sacar a nuestro hijos adelante”, le reclamaron los líderes sociales a Israel Betancur, alcalde de La Montañita, Ana Carolina Tamayo, de Acción Social, Héctor González Trujillo, representante del gobernador del Caquetá y a los mandos militares, quienes habían sido citados por la comunidad.
Ante la andanada de promesas, pomposos proyectos y extendidas oratorias de los funcionarios públicos asistentes al encuentro, el líder de la comunidad, Héctor Morales Gutiérrez, dijo que “el Gobierno es un mentiroso, esas promesas las hemos venido escuchando desde hace tiempo”, y agregó, “lo que nuestra comunidad necesita son hechos concretos, no más engaños”.
Luego, en vista de que los delegados gubernamentales no ofrecieron soluciones especificas a la problemática social, el líder propuso que se levantara la mesa. Inmediatamente fue increpado por Héctor González Trujillo, delegado del Gobernador departamental, quién con ira le dijo: “vayan póngale quejas a la guerrilla”.