Organismo alertó que proceso electoral costará $2,6 billonesIngreso de dineros ilícitos en campañas, sin control: ONU
El viceministro del Interior, Guillermo Reyes, aseguró que “el Congreso no ha manifestado voluntad política frente a la reforma presentada por el Gobierno que solucionaría los inconvenientes del proceso electoral”
El Nuevo Siglo
La ausencia de un marco legal que controle el ingreso de los recursos a las campañas y que obligue a entregar los detalles de la procedencia de los dineros que llegan a estas ha servido para que no haya control ni investigación sobre el origen de estos dineros.
Así lo manifestó ayer el residente de las Naciones Unidas en Colombia (ONU), Bruno Moro, quien, en el marco del Seminario Internacional de Transparencia en el Financiamiento Político, aseguró que a diferencia de las legislaciones de otros países, en Colombia faltan más controles para que los candidatos entreguen informes detallados sobre los recursos que llegan a sus campañas.
“Lo que llama la atención es que durante la campaña, los electores no sabrán el origen de dichos recursos, puesto que no existen normas que obliguen a los candidatos a hacer pública dicha información, contrario a lo que sucede en otros países, en los cuales se considera derecho de los electores conocer el origen del financiamiento electoral. Lastimosamente, en Colombia no sucede lo mismo”, agregó.
Durante su intervención, Moro aseguró además que “el proyecto de reforma política PNUD-Idea ha realizado un cálculo inicial sobre el costo de las campañas locales de octubre próximo. De acuerdo con dicho cálculo, los candidatos podrían gastar hasta 2,6 billones de pesos en el proceso electoral”.
En respuesta a ello, el viceministro del Interior y de Justicia, Guillermo Reyes, señaló que “en el último año no hay voluntad del Congreso de la República para solucionar los inconvenientes que genera la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas políticas”.
“Hemos lanzado proyectos de inhabilidades, pero se quedaron en eso, pues las fuerzas políticas impidieron que se aplicaran los reglamentos propuestos en su momento: todos, dirigidos a fomentar la cultura del voto limpio”, insistió Reyes.
Por su parte, José Andrés Omeara, director de asuntos políticos y electorales del Ministerio del Interior, aclaró que el Gobierno Nacional rechaza cualquier injerencia de organizaciones delincuenciales y por ello creó, con participación de 13 entidades de Gobierno, la Unidad de Reacción Inmediata Electoral.
“Ya hay una primera sanción disciplinaria de 11 meses de inhabilidad por haber participado indebidamente en política contra un asesor del alcalde de la Estrella, Antioquia. Así mismo, ya hay 122 judicializaciones por fraude en inscripción de cédula”, reveló.
Por su parte, Daniel Zovato, director de Idea para América Latina, destacó la importancia de que un país tenga un marco jurídico para generar un ambiente de transparencia en el financiamiento político, que busca una competencia equilibrada.
Sin embargo, advirtió: “Esto no es una fórmula mágica. En nuestros países hemos caído en un fetichismo jurídico donde cada problema se resuelve con una ley, y las fallas de esa ley con otra ley y así sucesivamente. Hay que buscar un balance que fortalezca el sistema de transparencia y generar un monitoreo de la proveniencia de los dineros de las campañas”.
