Reunión colegiada de la rama jurisdiccionalCortes cierran filas contra descalificación de Uribe
El Nuevo Siglo
En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, lascuatro altas cortes judiciales y la Fiscalía cerraron filas ayer pararechazar la descalificación del presidente Álvaro Uribe contra la CorteSuprema de Justicia por la sentencia que ésta emitió negando la posibilidadde que los paramilitares desmovilizados puedan ser juzgados por el delito desedición.
Según trascendió anoche, tras una reunión a puerta cerrada entre magistradosde las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, así como del Consejo deEstado y el Consejo Superior de la Judicatura, y representantes de laFiscalía, se llegó a un consenso para rechazar las presiones del Presidentepara “menoscabar la independencia de la rama judicial”.
La cúpula de esta rama del poder público reprochó la actitud presidencial altender un manto de duda sobre los magistrados de la Sala Penal de la CorteSuprema y advirtió que son inadmisibles las palabras de Uribe en torno a quelos juristas tienen un “sesgo ideológico”. Exigieron además al Gobiernorespetar las decisiones judiciales.
La posición de las altas cortes judiciales y de la Fiscalía seráoficializada hoy mediante un comunicado público.
En el encuentro, los miembros de esta célula judicial coincidieronen que se “consideran inadmisibles las expresiones según las cuales losmagistrados actuaron bajo un sesgo ideológico”
En un encuentro ‘secreto’ los miembros de la Comisión Interinstitucional, conformada por la Corte Constitucional, el Consejo deEstado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de laNación, determinaron retirarle el apoyo al presidente Álvaro Uribe por susdeclaraciones en contra de la Corte Suprema de Justicia por el fallo en elque no reconoce el delito de sedición para los miembros de las autodefensas.
En consecuencia, los representantes de los Altos Tribunales y la Fiscalíadeterminaron dar su total respaldo a la gestión y decisión de losmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en queconsideraron que las declaraciones del presidente Uribe demostraron un altodesconocimiento de la autonomía de la rama Judicial.
Fuentes revelaron que la decisión adoptada anoche abrió aún más el abismogenerado entre el Presidente y la rama Judicial, en la medida en que aldarle su respaldo a la Corte Suprema, los demás tribunales y la Fiscalíadeterminaron los límites que debe respetar el Jefe de Estado.
Entre las conclusiones se determinó que los últimos episodios que se hanpresentado por cuenta del fallo sobre el delito de sedición demostraron unclaro desconocimiento del Primer Mandatario a la independencia judicial.
Apartes de la decisión
Según las fuentes consultadas, los asistentes a la reuniónsecreta determinaron que “las altas cortes y la Fiscalía aprobaron unaproposición de apoyo a la Corte Suprema frente a las presiones delPresidente de la República dirigidas a menoscabar la independencia de larama Judicial”.
Indicaron además que los magistrados y el fiscal general de la Nación, MarioIguarán, reprochan la actitud del presidente Uribe respecto a que se quieratejer un manto de duda alrededor de los magistrados de la Corte Suprema quedeterminaron, en una decisión ajustada al derecho, que se aplique el delitode sedición a los paramilitares y que hayan aclarado las diferencias acercade que no se puede tratar de fusionar el concierto para delinquir con estacausa punible política.
Al referirse a las palabras del Jefe de Estado sobre los magistrados de laCorte Suprema que negaron la sedición a los paramilitares y no a laguerrilla, en el documento se enfatizó que los asistentes “consideraninadmisible las expresiones según las cuales los magistrados actuaron bajoun sesgo ideológico”.
Pero las observaciones en contra del Primer Mandatario son más amplias, enla medida en que le recuerdan los linderos que deben respetarse entre lasramas del poder público.
Para este caso insistieron en que las decisiones que tomen las Altas Cortesdeben ser acatadas por todos los colombianos, incluyendo al alto Gobierno.
Por ello, le recordaron al presidente Uribe que “sus palabras son un totaldesconocimiento a la autonomía de la rama Judicial”.
Con las decisiones adoptadas anoche por el Comité Interinstitucional yreveladas por el noticiero CM&, las Cortes y la Fiscalía dejaron en clarolos límites que deben respetar las ramas del poder público y suindependencia, en la medida en que se muestra como el primer enfrentamientograve que se registra entre el Ejecutivo y el poder Judicial.
La defensa de la Corte Suprema
Cabe resaltar que en el momento en que el presidente Uribearreció sus críticas en contra de los magistrados de la Corte Suprema deJusticia, el presidente del Alto Tribunal, magistrado César Julio ValenciaCopete, en entrevista con El Nuevo Siglo enfatizó en que “las decisionesjudiciales no se negocian”.
El magistrado agregó que “es muy grave que se hable de una relatividad enlas decisiones judiciales, cuando estas lo que hacen es garantizar el accesoa la justicia de los ciudadanos”.
Al explicar el fallo, el magistrado Valencia aseguró que “eso implicaría queentre el delito común y el delito político se hiciera una alquimia jurídicaque les diera indulto, amnistía –según el cargo–, que pudieran ser exiliadosy no extraditados, y no perdieran los derechos civiles.
Entonces podríanllegar hasta el Senado o a una alcaldía. La providencia de la Corte esomnicomprensiva”.
Insistió en que “lo que sí me parece es que es inapropiada por parte delGobierno, porque las providencias judiciales, aunque se pueden discutir ycontrovertir, deben ser respetadas y acatadas”.
Cuando se refirió a si el fallo podría ser modificado por lo dicho por elpresidente Uribe, el titular de la Corte ratificó que “en ningún caso elsolo comentario, por importante que sea quien lo hace, puede ir a enturbiarla providencia. No importa de dónde venga, repito, por importante que sea”.
Agregó que “la Corte Suprema de Justicia no es ajena al problema nacional, alos problemas del Estado, de la sociedad, al conflicto interno.
Claro queestá de acuerdo con todo aquello que tienda a la paz y a la reconciliación.Lo que la Corte no puede hacer es torcer, trastocar las normas delordenamiento jurídico so pretexto de los intereses superiores del Estado.
LaCorte mal haría de ir a decir que, porque hay unos intereses de Estado, secambia el ordenamiento jurídico. La tripartición de los poderes implicacolaboración entre los mismos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, peroeso implica respeto por las convergencias de unos y otros”.
