Asegura Comisión Interamericana de Derechos Humanos”Desmovilización paramilitar, llena de vacíos y restricciones”
Señala que es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en ese proceso
El Nuevo Siglo
La ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA hizo ayer duras críticas al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, el cual -señala- no garantiza que quienes participan sean efectivamente miembros de esos grupos armados, que entreguen sus armas verdaderas, y tampoco da seguridad a las víctimas.
El crítico reporte divulgado por la CIDH, que ha efectuado visitas en el terreno durante el proceso adelantado desde 2003 con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indica asimismo que al momento de la desmovilización, las autoridades no aprovecharon para "indagar" eventuales responsabilidades criminales de los participantes.
El informe denuncia también "restricciones" de las víctimas para obtener apoyo jurídico en sus reclamos de justicia, actos de intimidación de los que son objeto, políticas de reinserción débiles de unos 40.000 desmovilizados en este proceso, y manifiesta "preocupación respecto del fenómeno del rearme y la formación de nuevas bandas".
Las paramilitares AUC llevan a cabo desde 2003 un proceso de paz con el gobierno de Alvaro Uribe, que ha posibilitado la desmovilización de unos 32.000 de sus miembros según cifras oficiales.
En visitas a Colombia, la CIDH observó que en las zonas de desmovilización, los mecanismos implementados para ese proceso propiciaron la llegada de "personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a desmovilizarse", incentivadas por "los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso".
"No existían (en esas zonas por parte de las autoridades colombianas) mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios", expresa.
El reporte de 30 páginas que ya es conocido por el gobierno colombiano y contiene algunos de los comentarios formulados por Bogotá, indica que en algunos casos "entre las (armas) entregadas no aparecían armas modernas o en buen estado".
El Estado colombiano indica, según el texto, que de acuerdo con "una primera inspección" por parte de expertos, se trata en un 95% "de armamento de buena calidad".
Falta información sobre crímenes
La CIDH critica especialmente que al momento de la desmovilización la toma de declaraciones no implicó "indagar sobre los crímenes perpetrados" por los participantes en el proceso.
Esta instancia "constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques (de las AUC), sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia" de estos grupos, critica la CIDH.
El organismo que monitorea los derechos humanos en las Américas, observó con particular "preocupación las restricciones en el acceso de las víctimas al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales".
Señaló además que "aún existen muchas zonas del país donde la violencia derivada de bandas delincuenciales, miembros de las AUC que no se desmovilizaron, nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos ya existentes, causan temor a las víctimas y las limita de comparecer y reivindicar sus derechos".
"La CIDH ha recibido información en sus visitas en terreno, de numerosas víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de los bloques desmovilizados indicando que continúan recibiendo amenazas, y siendo víctimas de actos de violencia e intimidación y control del territorio", denuncia el informe.
Igualmente, la CIDH pide una mayor participación del Estado en la indemnización de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, un aspecto demasiado centrado según este organismo en la respuesta que puedan dar con sus bienes los victimarios.
"Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en el proceso de desmovilización", concluye la CIDH, que señala que "el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país".
La CIDH recomienda al Estado colombiano que provea de mayor "apoyo logístico y (de) la capacidad humana necesaria para completar su tarea" a las instituciones que actúan en este proceso, en especial a "las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación". /AFP
La ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA hizo ayer duras críticas al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, el cual -señala- no garantiza que quienes participan sean efectivamente miembros de esos grupos armados, que entreguen sus armas verdaderas, y tampoco da seguridad a las víctimas.
El crítico reporte divulgado por la CIDH, que ha efectuado visitas en el terreno durante el proceso adelantado desde 2003 con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indica asimismo que al momento de la desmovilización, las autoridades no aprovecharon para "indagar" eventuales responsabilidades criminales de los participantes.
El informe denuncia también "restricciones" de las víctimas para obtener apoyo jurídico en sus reclamos de justicia, actos de intimidación de los que son objeto, políticas de reinserción débiles de unos 40.000 desmovilizados en este proceso, y manifiesta "preocupación respecto del fenómeno del rearme y la formación de nuevas bandas".
Las paramilitares AUC llevan a cabo desde 2003 un proceso de paz con el gobierno de Alvaro Uribe, que ha posibilitado la desmovilización de unos 32.000 de sus miembros según cifras oficiales.
En visitas a Colombia, la CIDH observó que en las zonas de desmovilización, los mecanismos implementados para ese proceso propiciaron la llegada de "personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a desmovilizarse", incentivadas por "los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso".
"No existían (en esas zonas por parte de las autoridades colombianas) mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios", expresa.
El reporte de 30 páginas que ya es conocido por el gobierno colombiano y contiene algunos de los comentarios formulados por Bogotá, indica que en algunos casos "entre las (armas) entregadas no aparecían armas modernas o en buen estado".
El Estado colombiano indica, según el texto, que de acuerdo con "una primera inspección" por parte de expertos, se trata en un 95% "de armamento de buena calidad".
Falta información sobre crímenes
La CIDH critica especialmente que al momento de la desmovilización la toma de declaraciones no implicó "indagar sobre los crímenes perpetrados" por los participantes en el proceso.
Esta instancia "constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques (de las AUC), sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia" de estos grupos, critica la CIDH.
El organismo que monitorea los derechos humanos en las Américas, observó con particular "preocupación las restricciones en el acceso de las víctimas al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales".
Señaló además que "aún existen muchas zonas del país donde la violencia derivada de bandas delincuenciales, miembros de las AUC que no se desmovilizaron, nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos ya existentes, causan temor a las víctimas y las limita de comparecer y reivindicar sus derechos".
"La CIDH ha recibido información en sus visitas en terreno, de numerosas víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de los bloques desmovilizados indicando que continúan recibiendo amenazas, y siendo víctimas de actos de violencia e intimidación y control del territorio", denuncia el informe.
Igualmente, la CIDH pide una mayor participación del Estado en la indemnización de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, un aspecto demasiado centrado según este organismo en la respuesta que puedan dar con sus bienes los victimarios.
"Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en el proceso de desmovilización", concluye la CIDH, que señala que "el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país".
La CIDH recomienda al Estado colombiano que provea de mayor "apoyo logístico y (de) la capacidad humana necesaria para completar su tarea" a las instituciones que actúan en este proceso, en especial a "las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación". /AFP
