Denuncian futura masacre paramilitar en el MetaPor Camilo Raigozo
La Comisión de Derechos Humanos de la Región del Bajo Ariari, denunció a Notimundo, que luego de que se realizara durante los días 18, 19,20 y 21 de septiembre anterior, una Visita Humanitaria de Verificación y Acompañamiento de los derechos humanos, con las comunidades del sector del Bajo Ariari, vinieron las amenazas.
La Comisión de la Visita Humanitaria la conformaron funcionarios de la Vicepresidencia de la Republica, funcionarios de la Procuraduría Seccional y regional del (Meta), la gobernación del Meta, las personerías de los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras (Meta), varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y acompañamiento internacional.
Esta comisión se desplazó por los poblados de Villa de la Paz, Puerto Toledo, Santa Lucia, El Danubio, La Colina, Puerto Chispas, Barranco Colorado, en donde escuchó los testimonios de los pobladores quienes denunciaron la grave situación socio-económica y humanitaria que vive la región a consecuencia de las incursiones del Ejército y grupos paramilitares, dando como resultado la muerte de varios habitantes, el robo de ganado, las detenciones masivas, las fumigaciones indiscriminadas, entre otros crímenes.
Las comunidades han informado a la Comisión de Derechos Humanos, que a los pocos días de la visita humanitaria, aparecieron por los ríos Ariari y Guejar grupos de hasta 80 paramilitares al mando de alias “Casanare”, cuya misión, según le manifestaron a varios pobladores, es realizar una masacre en alguna de las poblaciones antes de las próximas elecciones del 28 de Octubre del presente año, con el fin de evitar que las gentes de esta región participen en ellas.
La ONG defensora de los derechos humanos del Bajo Ariari y las comunidades de esta región, hicieron un llamado a todas las organizaciones sociales y colegas nacionales e internacionales para que se pronuncien contra el terrorismo de Estado y salvaguardar la vida y la integridad de la población inerme.
También le exigieron al gobierno del presidente Uribe a que respete el derecho a la vida y otorgue las garantías necesarias para el libre ejercicio político y pidieron a las diferentes instituciones del Estado actuar conforme a los mandatos legales, constitucionales y las leyes internacionales.
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