Holocausto del Palacio de Justicia“Vengo a defender la democracia, maestro”
El próximo 6 de noviembre se cumplirán 22 años de impunidad por los crímenes de lesa humanidad allí cometidos. Impunidad que empieza a flaquear
Por Camilo Raigozo. VOZ
Como lo recuerda la historia, a las 11 y 20 minutos de aquel miércoles 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, situado en el costado norte de la central Plaza de Bolívar de Bogotá. En la incursión, los guerrilleros dieron muerte a dos celadores y al administrador del edificio. Después, en la sangrienta retoma del Palacio por parte de las Fuerzas Militares y la Policía, murieron al menos otras 100 personas y 11 más desaparecieron, en hechos que desde entonces se le han querido ocultar al país para mantener la impunidad, que dentro de dos meses completará 22 años.
La lucha de los familiares de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia por encontrar el paradero de los restos mortales de sus seres queridos ha sido infatigable. No han cejado nunca en su empeño de que la justicia aclare los hechos y castigue a quienes ordenaron y ejecutaron sus muertes. En el año 2001, con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quién lleva el caso, entablaron una denuncia por desaparición forzada y luego llevaron el proceso ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.
A pesar de las pruebas presentadas en estos 22 años una y otra vez, de que sus seres queridos salieron vivos del Palacio, los familiares de los desaparecidos solo han recibido actitudes ofensivas por parte de las personas y entes encargadas de investigar y administrar justicia.
Nuevo giro
Sin embargo, la historia parece dar un nuevo giro con la aparición de un video, que durante 21 años, nueve meses y 18 días permaneció inédito, el cual fue publicado por Noticias Uno, en la edición del pasado 26 de agosto. En el video, se ve claramente que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, salió con vida del Palacio a las 2:17 minutos de la tarde del 7 de noviembre de 1985. Luego apareció asesinado bajo los escombros en el interior del mismo Palacio con un tiro en la cabeza, disparado a quemarropa con una pistola 9 mm. Un proyectil de las mismas características, fue el que le cegó la vida al presidente de la Corte, doctor, Alfonso Reyes Echandía, disparado a su tórax, el que se encontró severamente calcinado.Tanto el doctor Reyes Echandía, como los magistrados José Eduardo Gnecco Correa, Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz; las auxiliares Aura Nieto de Navarrete, Luz Estela Bernal Marín, y muchos más, murieron como lo detalla Medicina Legal, por tiros de armas del Ejército Nacional. Según las investigaciones acumuladas, se sabe que al menos, Andrés Almarales Manga, jefe del M-19 en la toma y el conductor José Eduardo Medina Garavito, fueron asesinados en las mismas circunstancias en las que murió el magistrado Urán.
Durante más de dos décadas la justicia le sostuvo a la familia y al país, que el magistrado Carlos Horacio Urán, había perecido “durante la sangrienta toma del M-19” y que su cuerpo fue encontrado entre los escombros un día después de los dolorosos hechos. Con esta nueva prueba, esa versión fue absolutamente controvertida y queda demostrado una vez más, que del Palacio, no solo salieron con vida algunos empleados de la cafetería, sino también altos funcionarios de la rama judicial.
Pieza clave
El último video se convierte en pieza clave para el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió durante la toma del Palacio por parte del M-19 y la sangrienta retoma del mismo por la Fuerza Pública, en la que está comprobado que las fuerzas del orden no solamente incendiaron el Palacio de Justicia, sino que ejecutaron con tiros de gracia a guerrilleros, magistrados y personal civil, dentro y fuera del recinto judicial, como lo revela la periodista Maureén Maya Sierra, en su libro, Prohibido Olvidar. Dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia.
El presidente Uribe ha tomado partido de lo que permanece oculto sobre los trágicos sucesos de noviembre de 1985, para denigrar y calumniar a sus opositores políticos y para justificar la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que no es otra cosa que el intento de cobijar con la más aberrante impunidad los crímenes de los narcoparamilitares que lo llevaron y mantienen en el poder. En ese intento de justificar sus ignominias, el Presidente ha manifestado que el M-19 ejecutó la toma del Palacio por encargo de los narcotraficantes con el objetivo desaparecer los archivos de las solicitudes de extradición que pesaban sobre ellos. La tozuda realidad señala que los únicos beneficiados con la incineración de los archivos y documentos, y la desaparición de los magistrados de las altas cortes, eran los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, ya que no existía una sola copia de ellos en otro lugar. En cambio, para obtener copias de las solicitudes de extradición de los narcos, solo bastaba pedirlas a la Cancillería o a Estados Unidos.
“Réquiem Para un Consejo de Estado”
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, estaban en esos días emitiendo fallos condenatorios contra miembros de las Fuerzas Armadas. Un expediente que se quemó y nunca se reconstruyó, era el que había contra el ministro de Defensa de la época, general, Miguel Vega Uribe, llamado a indagatoria por la Corte, por las torturas a la doctora Olga López de Roldán. Como el anterior, habían cientos de casos de civiles y subversivos torturados, asesinados o desaparecidos en batallones militares. Según Maya Sierra, “junto a las amenazas de los extraditables, los magistrados también habían recibido un, ‘Réquiem para un Consejo de Estado’, en el que los militares los acusaban de ser títeres del comunismo, y la acción del M-19, fue una oportunidad que no desaprovecharon”.
Pieza clave
El último video se convierte en pieza clave para el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió durante la toma del Palacio por parte del M-19 y la sangrienta retoma del mismo por la Fuerza Pública, en la que está comprobado que las fuerzas del orden no solamente incendiaron el Palacio de Justicia, sino que ejecutaron con tiros de gracia a guerrilleros, magistrados y personal civil, dentro y fuera del recinto judicial, como lo revela la periodista Maureén Maya Sierra, en su libro, Prohibido Olvidar. Dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia.El presidente Uribe ha tomado partido de lo que permanece oculto sobre los trágicos sucesos de noviembre de 1985, para denigrar y calumniar a sus opositores políticos y para justificar la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que no es otra cosa que el intento de cobijar con la más aberrante impunidad los crímenes de los narcoparamilitares que lo llevaron y mantienen en el poder. En ese intento de justificar sus ignominias, el Presidente ha manifestado que el M-19 ejecutó la toma del Palacio por encargo de los narcotraficantes con el objetivo desaparecer los archivos de las solicitudes de extradición que pesaban sobre ellos. La tozuda realidad señala que los únicos beneficiados con la incineración de los archivos y documentos, y la desaparición de los magistrados de las altas cortes, eran los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, ya que no existía una sola copia de ellos en otro lugar. En cambio, para obtener copias de las solicitudes de extradición de los narcos, solo bastaba pedirlas a la Cancillería o a Estados Unidos.
“Réquiem Para un Consejo de Estado”
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, estaban en esos días emitiendo fallos condenatorios contra miembros de las Fuerzas Armadas. Un expediente que se quemó y nunca se reconstruyó, era el que había contra el ministro de Defensa de la época, general, Miguel Vega Uribe, llamado a indagatoria por la Corte, por las torturas a la doctora Olga López de Roldán. Como el anterior, habían cientos de casos de civiles y subversivos torturados, asesinados o desaparecidos en batallones militares. Según Maya Sierra, “junto a las amenazas de los extraditables, los magistrados también habían recibido un, ‘Réquiem para un Consejo de Estado’, en el que los militares los acusaban de ser títeres del comunismo, y la acción del M-19, fue una oportunidad que no desaprovecharon”.Casi 22 años después, la célebre respuesta a un periodista emitida por el único responsable detenido por los sangrientos sucesos del Palacio de Justicia, coronel (r), Alfonso Plazas Vega: “Vengo a defender la democracia maestro”, sigue teniendo más vigencia que nunca. Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, “Macaco”, “Don Berna”, “Jorge 40”, “Cadena”, Del Río, “Baez”, y al menos 31.000 criminales más, desplazaron a millones de campesinos despojándolos de sus tierras, masacraron a punta de machete, garrote, piedra, motosierra y bala a miles de niños, ancianos, mujeres y hombres inermes, tapizando con sus restos inmensas regiones del territorio nacional o tiñeron de rojo las aguas de caudalosos ríos de la hidrografía colombiana, defendiendo la misma causa del coronel Plazas: La “democracia”. Pero la “democracia” narcoburguesa, que ahora preside Uribe, maestro.
Fotos: Revista Semana y Notimundo
