CIDH desnuda la farsa del proceso Uribe -‘paras’Las versiones libres han sido simples trámites, pues más del 90 por ciento (unos 28 mil) de los “desmovilizados” que pasaron por los ámbitos jurídicos no declararon datos importantes sobre sus crímenes ni sobre sus cómplices
Por Camilo Raigozo. VOZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dio a conocer el pasado 11 de octubre un informe sobre el llamado proceso de desmovilización paramilitar adelantado entre este grupo narcoterrorista de derecha y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para tal efecto, la CIDH llevó a cabo estudios en el propio terreno desde el 2003, año en el que se iniciaron los diálogos entre el actual Gobierno y las Auc.
La CIDH pudo constatar que un gran número de personas desmovilizadas eran civiles que estratégicamente los hicieron pasar como paramilitares. “En algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder un porcentaje de la suma recibida del Gobierno”, dice entre otros detalles el informe, y agrega más adelante que, entre las armas entregadas por los desmovilizados no aparecían, ni modernas, ni en buen estado, pero en cambio después emergieron depósitos clandestinos repletos de armas relucientes y ultramodernas que no fueron entregadas por los diferentes bloques desmovilizados.
Oportunidad perdida
El ente que vigila los derechos humanos en el continente americano, critica al Gobierno colombiano por el hecho de que al momento de la desmovilización de los paramilitares se haya evitado indagar sobre los crímenes perpetrados por los participantes en el proceso, lo que “constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques de las Auc, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento de estos grupos”, aseveró la CIDH.
El informe dice que los fiscales que recibieron las primeras versiones libres de los desmovilizados fueron enterados horas antes de su partida, no tenían entrenamiento en el área y se limitaron a usar un cuestionario preestablecido que no profundizó, perdiendo así la inmejorable oportunidad para esclarecer la verdad. Al respecto afirma textualmente, "En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la Auc que participaron de la desmovilización".
Argucias jurídicas
"Los circuitos jurídicos previstos para el proceso de desmovilización de los miembros de las Auc reflejaron una falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar y determinar la responsabilidad penal por la comisión de crímenes. Los vacíos e inexactitudes generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos adelantados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones judiciales", afirma la CIDH.
La CIDH critica la ley 782 y el Decreto 128 de 2003 porque –dice -servirían de protección contra procesos judiciales a personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización, lo cual conduciría a la impunidad de graves crímenes. Agrega que existe incertidumbre por la aplicación retroactiva del falló de la Corte Constitucional y por el decreto 3391 porque, estaría restableciendo la vigencia de un artículo de la Ley de Justicia y Paz, declarado inconstitucional por la Corte y que permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.
Dice el informe que contrario a la decisión de la Corte, por vía de una disposición reglamentaria se estarían incluyendo nuevas reformas a la normatividad que permitirían nuevas rebajas en el cómputo de las penas alternativas.
Obstáculos a las víctimas
En el documento también se aclara que a las víctimas se les ha impuesto restricciones para la obtención de ayuda y representación jurídica en sus reclamaciones por verdad, justicia y reparación, y por el contrario, son sometidas a intimidaciones y amenazas. Cabe anotar que al menos una veintena ha sido asesinada por atreverse a reclamar sus tierras usurpadas a sangre y fuego o por indagar sobre el paradero de los restos de sus seres queridos masacrados por esas bandas criminales.
La FIDH critica entre otros puntos, que el sistema para informar a las víctimas de sus derechos y posibles beneficios no funciona, porque se utilizan medios de comunicación que no llegan a las zonas donde están ellas. Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a los paramilitares, "lo cual restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima para alcanzar la verdad de los hechos y la Fiscalía pierde una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios".
"Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las Auc en el proceso de desmovilización", concluye la CIDH, añadiendo que "el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país". Sostiene que en caso de que por reincidencia los criminales perdieran los beneficios, solo podrían ser afectados el 8,7 por ciento del total de desmovilizados que son los postulados a los beneficios de la llamada Ley de Justicia y Paz.
