martes, julio 31, 2007

Paramilitares advierten sobre compromiso gubernamental
Sedición fue un compromiso con Auc desde 2002
El ex jefe paramilitar aseguró que el tema del reconocimiento de los delitos políticos siempre hizo parte de la agenda de la mesa de negociaciones que encabezó el Alto Comisionado para la Paz
El Nuevo Siglo

Al insistir en que el tema de la sedición o delitos políticos que se aplicarían a las autodefensas no fue ajeno a la mesa de diálogo, ayer el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’ aseguró que desde 2002 había un compromiso con el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo para reconocer este carácter a los miembros de este grupo armado ilegal que se iban a desmovilizar.

En diálogo con medios, ‘Báez’ aseguró que “desde que nos sentamos con el Alto Comisionado, hablamos del carácter político de los miembros de las autodefensas, porque adelantaban una lucha contra las guerrillas, y nunca fue ajeno a la mesa de diálogos el reconocimiento político para los paramilitares”.

Por lo anterior, el desmovilizado es jefe paramilitar insistió en que lo sucedido la semana anterior se mostró como un incumplimiento a los pactos que se llegaron en la mesa de Santa Fe de Ralito, por lo que tomaron la decisión de suspender sus asistencias a las diligencias que se adelantan en las unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Pese a que no hizo referencia a demás acuerdos, el tema de la sedición se suma al compromiso que tuvo el Gobierno con las autodefensas de suspender las extradiciones de los jefes de este grupo ilegal, en tanto cumplieran con lo acordado en la mesa, es decir revelar la verdad, su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz y la reparación integral de las víctimas.

Vuelven a tribunales

Luego de revelar el acuerdo entre el Gobierno y las autodefensas en el tema de la sedición y el anuncio del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley que revocaría la decisión de las Altas Cortes, el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ anunció que van a reiniciar su comparecencia ante la justicia.

“Convocamos a todos los desmovilizados que tengan requerimientos por parte de la justicia para que acudamos en lo sucesivo a cumplir con las diligencias ante fiscales, jueces y tribunales”, indicaron voceros a través de un comunicado.

Además defendieron la condición de delito de sedición que según ellos debe cobijar las acciones violentas que cometieron, y que en concepto de la Corte Suprema de Justicia no se les puede reconocer.

Ese concepto del máximo tribunal de la justicia del país hizo que el miércoles los paramilitares decidieran suspender sus comparecencias ante la justicia, como habían quedado obligados al acogerse a una ley especial que permitió su desmovilización.

Ante esa reacción, el gobierno de Uribe redactó un anteproyecto de ley para superar el impasse con los desmovilizados paramilitares con los que en abril concluyó un cuestionado proceso que permitió que unos 32.000 integrantes de las autodefensas dejaran las armas.

Los paramilitares insisten en que “es imperativo reconocer públicamente los ingentes esfuerzos del gobierno nacional para recomponer el marco jurídico del proceso de paz”.

Adicionalmente, ‘Báez’ insistió en que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos para brindar seguridad en las regiones abandonadas por las autodefensas, y señaló que el proceso de reinserción tiene serias fallas. Mientras tanto, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín aseguró que los jefes de las autodefensas decidieron volver a sus diligencias de versión libre porque saben que de no hacerlo perderían los beneficios de la ley de justicia y paz

“Quienes cometen una misma conducta que es apartarse del ordenamiento jurídico bien para reemplazarlo o para derogarlo, están cometiendo la misma conducta. No tiene justificación que a uno se les trate con beneficios como el indulto y a otros se les trate de manera diferente”, precisó.

Volver a la página principal

'Caminante por la paz’ llega mañana a Bogotá
El profesor Moncayo no podrá vivir en la Plaza de Bolívar
Se podría presentar lo mismo que en la plaza principal de Bosa con los desplazados
El Nuevo Siglo

Aunque los gobiernos nacional y distrital tienen claro que es imposible aceptar la ‘toma’ permanente de la Plaza de Bolívar, el profesor Gustavo Moncayo dijo anoche, a pocas horas de llegar a la capital del país, que nadie se lo puede impedir.

“Yo fijaré mi residencia en la Plaza de Bolívar hasta que se concrete el acuerdo humanitario. El Ministro (Carlos Holguín) no me puede prohibir instalar mi residencia en la Plaza de Bolívar como un colombiano más. Yo puedo llegar a donde quiera, o es que también está prohibido eso”, fueron sus palabras anoche entre Fusagasugá y Subia.

Para hoy, el profesor Moncayo tiene previsto llegar al municipio de Soacha, donde será recibido con honores, un canelazo y dará unas palabras en la plaza principal sobre el acuerdo humanitario.

A su turno, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, manifestó que es inconveniente porque se podría politizar y volver un problema de orden público precisamente en un periodo electoral. “Todos somos partidarios del acuerdo humanitario, como el profesor Moncayo. Ojalá cuando él llegue a Bogotá, las Farc liberen a los secuestrados y nos den la lista de los prisioneros que ellos quieren que liberemos”.

Entre tanto, fuentes de la Alcaldía Mayor que pidieron no ser reveladas explicaron que a pesar de que la administración de Luis Eduardo Garzón trabaja por el acuerdo humanitario, no se podrá aceptar la ‘toma’ permanente de la Plaza de Bolívar, básicamente porque es una invasión del espacio público.

Así mismo, monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal, manifestó que “hay que reconocer y felicitar al profesor Moncayo por esa odisea en favor de los secuestrados. Lo que piensa hacer en la Plaza de Bolívar tiene serios inconvenientes porque una sola golondrina no hace verano”.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, Óscar Arboleda, los congresistas prestarán apoyo al profesor Moncayo en su estadía en la Plaza de Bolívar por la lucha para concretar el acuerdo humanitario. “Desde que podamos ser útiles, lo haremos”, indicó.

De otro lado, la Fundación País Libre invita a acompañar la llegada a Bogotá del profesor Moncayo, padre de Pablo Emilio, secuestrado hace más de 9 años. Después de su travesía a pie por 1.030 kilómetros, se conformaron 6 puntos de encuentro a lo largo de su entrada a la ciudad. Principalmente, el Supercade de la carrera 30 con calle 26, desde las 9:00 a. m. de mañana.

Para la fundación, la expresión simbólica de la llegada a Bogotá del profesor Moncayo tiene un significado para el país, y especialmente para las víctimas del conflicto, quienes necesitan respuesta sobre qué pasó con sus familiares, dónde están y demandan su liberación.

Además de la Plaza de Bolívar, en la capital colombiana Moncayo se reunirá con embajadores de varios países y con jerarcas de la Iglesia Católica.

Volver a la página principal

lunes, julio 30, 2007

Sólo estará en el senado hasta el 12 de agosto
Parapolítica: Mario Uribe pidió licencia para defenderse

El abogado del primo del presidente Álvaro Uribe prepara todo un ‘arsenal’ jurídico para contrarrestar las acusaciones que existen en contra del parlamentario, principalmente por los señalamientos de alias ‘Pitirry’
El Nuevo Siglo

La decisión tomada el pasado 10 de julio por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de abrir investigación preliminar al senador Mario Uribe Escobar, primo del Presidente de la República, por presuntos nexos con paramilitares, ya tuvo la primera consecuencia.

El Nuevo Siglo conoció que el congresista, director del Partido Colombia Democrática, solicitó a la Mesa Directiva del Senado una licencia para preparar su defensa ante la Corte Suprema. Inicialmente no se conoció por cuánto tiempo se retiraría del Parlamento.

Fuentes del Legislativo indicaron a este Diario que la licencia comenzará a operar desde el 12 de agosto.

La curul de Uribe será ocupada temporalmente por Ricardo Ariel Elcure Chacón, quien en las elecciones de marzo del año pasado únicamente obtuvo 4.017 votos. Elcure Chacón fue candidato a la gobernación de Norte de Santander en las elecciones de 2003.

El Nuevo Siglo también conoció que el abogado de Uribe Escobar, el jurista José Ortega, sustentó la solicitud de la licencia del senador antioqueño en el hecho de que necesita tiempo para trabajar en su defensa ante la Corte, en la medida en que considera que todas las acusaciones en su contra hacen parte de una “comprobada persecución política”.

Para sustentar lo anterior, Ortega dijo que lo que tiene la Corte Suprema es un innumerable cúmulo de anónimos en contra de Uribe Escobar. Explicó que éstos no son sustento jurídico para emprender una investigación formal en contra de algún congresista o cualquier colombiano.

No obstante, fuentes judiciales reiteraron que en contra del Senador existen más que anónimos en la Corte y por eso Uribe habría tomado la decisión de pedir la licencia y preparar con más tiempo su estrategia de defensa.

Las acusaciones

Cuando la Sala Penal anunció semanas atrás que abría investigación preliminar a Uribe y también a los senadores Zulema Jattin Corrales (del Partido de La U) y Julio Manzur Abdala (Conservador), se dijo que los magistrados habían valorado testimonios en contra de los tres parlamentarios que podrían llevar a pensar que tuvieron nexos con grupos de autodefensas.

En este sentido, se sabe que en el caso de Uribe Escobar existen acusaciones que hizo en su momento el testigo Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’, quien se encuentra exiliado en Canadá, pero desde allí se ha convertido en pieza clave de los procesos que adelantan la Corte y la Fiscalía contra varios parlamentarios y ex parlamentarios como Álvaro García y Eric Morris, los primeros en ser llamados a juicio dentro del escándalo de la parapolítica.

‘Pitirry’ ha mencionado el nombre de Uribe Escobar dentro de los congresistas que habrían tenido nexos con ‘paras’ de Sucre y Antioquia, señalamientos que el parlamentario ha negado enfáticamente.

Dentro de las acusaciones hechas por el considerado ‘testigo estrella’ del proceso parapolítico, hay una en la que manifestó a la Corte Suprema que hace ocho años estuvo presente en varias reuniones con ‘paras’ en las que también se hizo presente el senador Mario Uribe.

Sobre esto, el congresista antioqueño ha advertido que “si ese señor que llaman ‘Pitirry’ pasa por mi lado, seguro que no lo conozco”.

El testimonio de alias ‘Pitirry’ que valora la Corte, señala que el senador en dichas reuniones había manifestado pretensiones de tener tierras en Sucre y municipios como Caucasia (Antioquia) y para ello habría pedido ayuda a los paramilitares.

“Una vez en Sahagún, en la casa de Olegario Otero, y otra vez en Caucasia, en el hotel Piscis, nos reunimos con Giovanni Pedraza, hermano de alias ‘Ramón Mojana’. En una de las dos reuniones, Mario Uribe estaba interesado en unas tierras, en la vía de San Marcos hacia adentro”, dijo ‘Pitirry’.

De otro lado, la revista Cambio publicó semanas atrás los pormenores de una declaración que dio ‘Pitirry’ el 7 de mayo pasado en Canadá, a funcionarios judiciales colombianos.

En dicha diligencia, el testigo recordó las reuniones que sostuvo con Uribe en 1998, en una de las cuales -dijo- el Senador habló directamente con los paramilitares.

Uribe y su defensa

Al salirle al paso a estos señalamientos, el senador Uribe ha negado cualquier vínculo con paramilitares y para probarlo ha mostrado documentos para probarían que no tiene terrenos ni propiedades en las zonas en las que ‘Pitirry’ asegura que el congresista buscó apoyo de los ‘paras’ para adquirirlas.

Por lo mismo, el parlamentario dice estar tranquilo ante las indagaciones de la Corte, ya que no tiene nada que ocultar.

Es más, al otro día en que la Corte Suprema hizo el anuncio de la investigación preliminar en su contra, Uribe expidió un comunicado en el que aseguró que acudirá al Alto Tribunal en el momento en que sea requerido.

En el comunicado, fechado el 11 de julio, el senador anunció que pediría ser escuchado en versión libre dentro de la investigación previa que inició la Corte.

Según presidente de la Corte Suprema de Justicia
“So pretexto de la paz no puede haber impunidad absoluta”
El magistrado Valencia Copete descartó que haya intereses ocultos en las decisiones que los jueces toman en los procesos sobre la parapolítica
El Nuevo Siglo

Aunque admite que a veces es necesario sacrificar algunos aspectos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete, advierte que so pretexto de la paz no se puede caer en la impunidad absoluta.

En entrevista con El Nuevo Siglo, el jurista se refirió, además, al tema de la parapolítica, sobre el cual dijo que los jueces no escogen a las personas que van a procesar.

Al ser interrogado sobre las implicaciones del reciente asesinato de Gustavo Ramírez Ibáñez, alias ‘Tábano’, testigo en los casos de presuntos nexos de dirigentes del Casanare con paramilitares, Valencia Copete dijo que el Estado tiene la responsabilidad administrativa de proteger a las personas que saben algo dentro de un proceso.

El Nuevo Siglo:¿Cuánta justicia se puede sacrificar a fin de alcanzar la paz?

Cesar Julio Valencia Copete: La paz, hay veces, significa sacrificar algunos aspectos. Lo que sí no puede ser, personalmente lo descarto, es que so pretexto de la paz pueda haber una impunidad absoluta.

Yo creo que hay que mirar el problema de la paz en forma global. No podemos descuidar, por ejemplo, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a ser reparadas moral y patrimonialmente. La impunidad total es peligrosa. Eso sería dar el ejemplo de que el crimen sí paga. No puede haber un festival de penas. Eso sólo causa impunidad.

Yo entiendo que la paz implica sacrificio, concesiones en algunas cosas. Pero no de forma total ni con impunidad absoluta. Eso es muy grave y causa inseguridad. Sobre todo, eso afecta el derecho de las víctimas que tienen una aspiración justa a que quién cometió el delito, sea castigado.

Parapolítica

E.N.S: El senador Luis Alberto Gil desmintió las versiones que lo señalan de tener presuntos nexos con los ‘paras’. Igual lo han hecho, en un principio, la mayoría de los congresistas vinculados luego a la parapolítica. ¿Hasta dónde pueden llegar esos procesos?

C.J.VC.: Las decisiones de los jueces no escogen personas ni regiones, tampoco seleccionan calidades de los vinculados a situaciones penales. Nosotros no hacemos eso. Esos criterios no se tienen en cuenta, ni por presiones políticas.

Las actuaciones que desarrollan los jueces de Colombia no miran esos aspectos, sino que simplemente se aplique el debido proceso, que se garantice el derecho de defensa.

Toda cuestión distinta, cualquier injerencia o aspecto distinto a las pruebas y a la aplicación cabal del derecho, no la aceptamos. Nosotros no miramos cualquier tipo de injerencia, ni miramos si el investigado es un Representante, o un funcionario público de tal calidad o estirpe.

Son las pruebas y no más que las pruebas, las que van orientando las decisiones. Sea quién sea y en el lugar que corresponda. No se mira ni credo, nada de eso puede hacer parte del acopio probatorio que conlleve a tomar una decisión judicial.

E.N.S: Se rumora que es inminente que sean llamados a rendir versión libre los senadores Zulema Jattín, Julio Manzur y Mario Uribe, investigados dentro del escándalo de la parapolítica. ¿Es cierto?

C.J.V.C: No sé. Lo desconozco. Eso sería anticiparme, adelantarme presuroso a una decisión de competencia exclusiva de la autonomía e independencia de la Sala de Casación Penal.

No sé si lo hagan. Repito, todos los procesos y la aplicación cabal de las normas pertinentes de derecho son competencia de quien esté resolviendo la situación fáctica.

E.N.S: ¿Cómo avanzan las investigaciones de congresistas como Álvaro García y Erick Morris, llamados a juicio por la Sala Penal?

C.J.V.C: Las investigaciones siguen su curso normal en la etapa que corresponden. En lo que se cierne a cada proceso, se están siguiendo los parámetros correspondientes. Se están examinando las pruebas, las alegaciones, las conclusiones, según lo diga el procedimiento.

También, atendiendo el principio de la preclusión, en su momento se dictarán las decisiones a las que haya lugar. Lo que sí le puedo asegurar es que la Corte continúa con todo cuidado examinando cada situación en particular. Las pruebas dirán si favorecen o no a las personas que están involucradas.

E.N.S: ¿El asesinato de alias ‘Tábano’, clave en los procesos de presuntos nexos de dirigentes del Casanare con paramilitares, pone en evidencia la necesidad de brindar mayor protección a los testigos? ¿Esto no demuestra que hay interesados en entorpecer las investigaciones?

C.J.V.C: Sobre lo primero, por supuesto que es deber del Estado brindarles protección a todos los ciudadanos, en particular a aquellas personas que sirvan de testigos o que de cualquier manera aparezcan involucradas en una actuación penal. Incluso, como es sabido, aparte de la responsabilidad penal, podría haber una responsabilidad administrativa del Estado cuando no se cumple con ese deber.

En cuanto a lo segundo, si el testigo estuviera vinculado al proceso, pues desde luego sería una forma de entorpecer el fundamento de una investigación, porque es una persona que va a rendir una versión dentro de un proceso y, si lo asesinan, por supuesto que es una forma de tratar de impedir que el testigo responda a unos hechos de los que tenga conocimiento.

domingo, julio 29, 2007

Fuerte golpe a la cohesión institucional
El gobierno Uribe desafió a la Corte Suprema de Justicia

La sentencia del Alto Tribunal que negó la posibilidad del delito de sedición a los paramilitares, provocó que la Casa de Nariño se fuera lanza en ristre contra los magistrados, una actitud peligrosa para la fortaleza del Estado y que raya en el desconocimiento de la independencia de poderes.
El Nuevo Siglo

Los 3 retos de la próxima semana

Ya se ha vuelto un lugar común en la política nacional la frase aquella de que al “Presidente Uribe le deben redoblar la dosis de goticas de valeriana…”. Siempre se trae a colación cuando el Jefe de Estado incurre en esas declaraciones acaloradas, desafiantes y altisonantes a que ya tiene acostumbrados a los colombianos, pero que él califica como “frenteras”.

Sin embargo, lo ocurrido esta semana hace insuficiente acudir a la manida frase.

El enfrentamiento que el Jefe de Estado protagonizó con la Corte Suprema de Justicia no puede ser atenuado con la ingestión de valeriana, incluso si se hiciera corriendo el riesgo de una ‘sobredosis’ de las célebres goticas.

Desde hace muchos años el país no presenciaba algo así.

Ni siquiera cuando, antes de promulgarse la Carta del 91, la Corte Suprema tenía una sala de control constitucional que en más de una ocasión ‘tumbó’ reformas y proyectos clave a los gobiernos de turno.

Ni en ese entonces, cuando incluso se llegó a acusar a los magistrados de rayar en la ‘dictadura judicial’, se vio a un Jefe de Estado reaccionando de la forma en que esta semana lo hizo Uribe ante la sentencia del Alto Tribunal que determinó que a los paramilitares desmovilizados no se les puede juzgar por sedición, ya que éstos no son delincuentes políticos sino comunes y, por lo tanto, deben ser procesados al amparo de la jurisdicción ordinaria y no de la Ley 1106 de 2006 (o de Orden Público) como tampoco de la 975 de 2005, o de Justicia y Paz.

Y es que el calibre de las acusaciones que el Mandatario hizo contra los magistrados de la Corte no es de baja significancia.

Los sindicó de tener “sesgo ideológico”; de aplicar un rasero jurídico distinto para juzgar los delitos cometidos por la guerrilla y los perpetrados por los paramilitares, pese a que ambos tienen igual grado de sevicia y atrocidad; incluso afirmó que “esta discriminación ideológica que ha hecho la Corte nos hace mucho daño, porque nos deja en el limbo la situación con 18 mil paramilitares desmovilizados”; también dijo que si bien respetaba la independencia de la Corte Suprema y aceptaba que los poderes en Colombia son independientes, éstos “tienen que colaborar armónicamente para los fines superiores del Estado.

Desmovilizar 43 mil personas que este Gobierno ha desmovilizado, es un fin superior del Estado”; advirtió igualmente que “en la sentencia de la Corte, dicen que la sedición no es aplicable que porque los paramilitares no tipifican sedición, entonces entran a hacer una interpretación de la Constitución que no hizo la Corte Constitucional y que finalmente le hace inmenso daño a este proceso…”.

Excesos presidenciales

Aunque Uribe es dado a cazar peleas casi a diario y le gusta ser “frentero” en todas las controversias, lo cierto es que al decir de no pocos analistas y observadores políticos, incluso de sectores gobiernistas, la actitud adoptada por el Jefe de Estado contra la Corte sobrepasó con creces la tradicional reacción del “acato pero no comparto”, y entró a rayar en una posición desafiante y, por lo mismo, desinstitucionalizadora.

Es entendible que el Gobierno no hubiera celebrado una decisión judicial que deja en el limbo una de sus principales banderas de gestión, como lo ha sido la desmovilización de más de 30 mil paramilitares, proceso que aunque controvertido y con muchas falencias ya está muy avanzado y sería más grave para el país echarlo para atrás a estas alturas.

Tampoco se puede criticar la decisión presidencial de anunciar la radicación en los próximos días en el Congreso de un proyecto de ley para revivir la posibilidad de que los paramilitares desmovilizados puedan ser juzgados por el delito de sedición, lo que les permitiría no sólo acceder a una libertad casi inmediata sino que deja sus derechos políticos intactos, ya que no les genera antecedente penal inhabilitante, de forma tal que pueden, incluso, llegar a aspirar a cargos de elección popular.

Es más, el viernes en la noche ya el borrador de la iniciativa -que consta de apenas dos artículos- fue oficializado en la Casa de Nariño.

Le asiste la razón al Primer Mandatario cuando afirma que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba el delito de sedición para los paramilitares que se desarmen y reinserten a la vida civil, pero lo hizo por vicios de forma y no de fondo.

En ese orden de ideas, es normal que un gobierno al que una alta corte judicial le ha ‘tumbado’, por vicios de trámite, una medida que considera necesaria para determinada gestión, busque revivirla a través del Legislativo para que, saneadas ya las anomalías formales, el máximo tribunal entre a pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad o no de la norma en cuestión.

Incluso, aunque lo mejor sería que esta clase de situaciones no se ventilaran en público, puede considerarse como aceptable que un Presidente entable con una alta corte judicial una controversia sobre determinada jurisprudencia. Sería inaudito vetar el sano debate sobre estos temas.

Sin embargo, Uribe fue más allá de todo lo anterior. Hizo duros señalamientos no sólo sobre los alcances objetivos de la sentencia, sino que afirmó que en la misma primaron aspectos personales y subjetivos (“sesgo ideológico”) de los magistrados.

Incluso, las declaraciones presidenciales bien podrían llevar a un sector de la opinión pública a concluir que los juristas emitieron conscientemente un fallo para dar al traste con el proceso de paz con los paramilitares.

Y no menos peligrosa es la afirmación de que el Alto Tribunal juzga con menor rigor los delitos cometidos por la guerrilla que aquellos en lo que incurren las autodefensas.

Interrogantes

Es por ello que la actitud asumida por la Casa de Nariño generó controversia en no pocos sectores, e incluso dio pie para que surgieran una serie de graves interrogantes.

Por ejemplo ¿Midió el Jefe de Estado el alcance de cada una de esas declaraciones?

¿El impacto de las mismas en la estabilidad institucional del país, siendo él el primer llamado a respetarla y preservarla?

¿Si el propio Presidente de la República coloca en duda la imparcialidad de la máxima instancia de la justicia penal en Colombia, e incluso acusa a sus integrantes de tener un “sesgo ideológico”, qué se puede esperar ahora de los delincuentes que también alegarán que los fallos proferidos por el Alto Tribunal están contaminados por ese mismo “sesgo”?

Pero los interrogantes no terminan allí, ya que es necesario establecer qué impacto tendrá toda esta controversia en el extranjero.

¿Evaluó la Casa de Nariño la lectura que tendrá en gobiernos de Europa y Estados Unidos el hecho de que el Primer Mandatario haya lanzado tal cantidad de graves críticas contra los magistrados que en este mismo momento tramitan el proceso judicial de la parapolítica, que tiene en la cárcel a más de 15 congresistas y en la mira a un número similar de parlamentarios, el 90% de ellos pertenecientes a la coalición que apoya al Gobierno?

¿Calculó Uribe cómo analizará la comunidad internacional el hecho de que la reacción más dura del Gobierno se haya dirigido contra la máxima institución judicial y no contra la cúpula paramilitar desmovilizada que decidió, unilateralmente y de manera inaudita, no acatar los llamados de los fiscales de la unidad de Justicia y Paz, y condicionar su sometimiento a ley, a que el Estado reverse los efectos de la sentencia de la Corte?

Tampoco puede dejarse de lado la polémica en torno al por qué de la reacción tibia del Gobierno a la actitud de los ex jefes ‘paras’ desmovilizados al ‘congelar’ su acatamiento a la Ley de Justicia y Paz, evidenciando como una norma que estableció un esquema de favorabilidad penal para los cabecillas de las autodefensas acusados de graves delitos, ahora corre el riesgo de convertirse en una legislación en la que los procesados pueden condicionar procedimientos obligatorios como la asistencia a diligencias de versión libre, entrega bienes para la reparación a las víctimas y dar información sobre la ubicación de las fosas comunes en las que están enterradas miles de personas.

¿No entendió la Casa de Nariño la gravedad de lo advertido por el procurador (e) Carlos Arturo Gómez, en torno a que los delincuentes no podían condicionar a los jueces ni presionar para ser juzgados bajo tal o cual ley?

¿Y qué pasó con la sugerencia del mismo alto funcionario en torno a que el Presidente tenía en la extradición el instrumento efectivo para forzar a los ‘paras’ a respetar los mandatos de la Ley de Justicia y Paz?

No menos preocupante es la situación de seguridad en que quedaron los magistrados tras las acusaciones del Primer Mandatario.

¿Está consciente el Ejecutivo de que sus acusaciones aumentaron peligrosamente el ya alto nivel de riesgo que tienen los integrantes de la Corte, sobre todo en momentos en que es evidente la extensión del rebrote paramilitar en todo el país y crecen las amenazas provenientes de sectores sindicados en el escándalo de la parapolítica?

Una Corte cautelosa

Ante semejante alud de críticas y la gravedad que encierra la respuesta a cada uno de los interrogantes planteados, la Corte Suprema tenía que reaccionar.

Y lo hizo acudiendo a dos comunicados ponderados, respetuosos pero enfáticos, propios de la frialdad de quien aplica justicia y lejanos a la carga emotiva que el Presidente utilizó a lo largo de toda la semana para atizar la polémica.

Lejos de entrar en la esfera de señalamientos personales y subjetivos, los magistrados -en el comunicado del jueves- prefirieron enfocarse en los temas objetivos: el fondo de la sentencia.

“El delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición, el delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente”, advirtieron. También aclararon que “la Sala Penal de la Corte, en la providencia del 11 de julio, no hizo nada distinto a cumplir con sumo rigor la Constitución y la ley”.

“Por esa razón, al examinar por primera vez el tema en su fondo, no aplicó en ese caso el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que por lo demás ya había sido declarado contrario a la Constitución por la Corte Constitucional”.

En una referencia tácita al Jefe de Estado, los magistrados indicaron que “tratándose de tema tan delicado, todos, y especialmente quienes tienen especiales responsabilidades con el país, deben proceder con extrema prudencia, para que el nítido cumplimiento del deber no se entienda, equivocadamente por supuesto, como un obstáculo al proceso de paz”, insistieron.

Por último, en un párrafo que denota la decisión de ratificar su autonomía frente al Gobierno, los magistrados enfatizaron “su vocación de contribución plena a la reconciliación en el marco de los principios y valores que informan el Estado Social y Democrático de Derecho.

De igual modo ofrece debido acatamiento a la competencia de las demás autoridades y eso mismo demanda para la suya. Todo en el contexto de la armoniosa colaboración, indispensable para el correcto funcionamiento del Estado”.

En entrevista a El Nuevo Siglo ese mismo jueves, el presidente de la Corte, magistrado Cesar Valencia, lanzó una tácita pero dura advertencia al Jefe de Estado.

“La providencia no hace sino recoger jurisprudencia reiterada a esta corporación. Jurisprudencia de la Corte Constitucional, doctrina nacional y extranjera, entre otras fuentes y citas.

Habrá los caminos legales, posiblemente, que pudieran tender a dejar sin efecto esa providencia, pero en ningún caso el solo comentario, por importante que sea quien lo hace, puede ir a enturbiar la providencia. No importa de dónde venga, repito, por importante que sea”, afirmó.

Una Corte enfática

Para no pocos analistas, la posición expresada por la Corte en su primer comunicado debió haber llevado a que el Gobierno, que incluso había llamado a una reunión Presidente-magistrados el viernes en la mañana, bajará el tono de sus señalamientos y optará, mejor, por acelerar la redacción del articulado del proyecto que había anunciado dos días atrás para tratar de revivir la posibilidad de juzgar a los paramilitares desmovilizados al amparo del delito de sedición.

Sin embargo, el Presidente optó por el camino de profundizar la controversia y meterle más ‘candela’.

A primera hora del viernes acusó a los magistrados de tener un “sesgo ideológico” y volvió a criticarlos por el impacto de la sentencia que negó la sedición a los ‘paras’ desmovilizados.

Ante un pronunciamiento presidencial que colocaba en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados de la más alta corte en materia penal, el Alto Tribunal se vio obligado también a subir el tono y exigir respeto del Ejecutivo.

“Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República, con respecto al proceder de la Sala, la cual, no guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder Público”, advirtió el primer párrafo del segundo comunicado de la Corte.

Tras defender de nuevo la objetivad de la sentencia que negó la sedición, los magistrados afirmaron que desaprobaban “las acusaciones que se le han imputado como presunta obstaculizadora del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, y considera que las dificultades que éste pueda afrontar, deben ser superadas mediante el examen de las falencias y los vacíos de las normatividad vigente”.

Por segunda vez en menos de 24 horas, los juristas negaron que hicieran diferenciaciones entre los delitos cometidos por la guerrilla y los ‘paras’ y le recordaron al Jefe de Estado que estaba en todo su derecho de presentar el proyecto de ley que había anunciado “como una alternativa para superar las limitaciones que se derivan del propio ordenamiento jurídico, al cual se ha ajustado en todo momento la Corporación”.

¿Entonces?

La semana termina, entonces, con tres hechos muy preocupantes.

De un lado, con una sensación de desinstitucionalización del Estado en Colombia, debido a la forma en que el Presidente -jefe máximo del poder Ejecutivo- se enfrentó a la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia en materia penal de esta rama.

Quiérase o no, la cohesión que debe demostrar el Estado ante sus gobernados quedó debilitada peligrosamente y sería ingenuo desconocer que la percepción nacional e internacional sobre la fortaleza de las instituciones colombianas se devaluó peligrosamente en los últimos 5 días.

En segundo lugar, es claro que por más que el Gobierno defienda las bondades del proyecto de ley que presentará al Congreso para revivir el delito de sedición a los paramilitares desmovilizados, no es seguro que el trámite de la iniciativa sea tan expedito como lo espera la Casa de Nariño.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que pasó cuando se discutió y aprobó la Ley de Justicia y Paz, esta vez tanto las mayorías parlamentarias uribistas como la oposición definen dar el estatus políticos a los paramilitares desmovilizados, teniendo como marco un proceso de paz que avanza lentamente, que evidencia que los jefes ‘paras’ no quieren confesar toda la verdad ni entregar todos los bienes que poseen para reparar a sus víctimas.

También estarán conscientes de realidades como el rebrote paramilitar en muchas regiones y, como si fuera poco, el debate se adelantará en medio del escándalo de la parapolítica, que hace dos años no existía pero que hoy tiene un manto de sospecha sobre todas las actuaciones del Legislativo.

Surge aquí una pregunta clave ¿Se declararán impedidos de participar en el debate a este proyecto de ley los cerca de 15 senadores y representantes que están en la mira de la Corte Suprema y tienen ya investigación preliminar en la Sala Penal por presuntos nexos con grupos de autodefensa?

Y como tercer punto: aunque el país cierra la semana concentrado en la controversia entre Uribe y la Corte, una situación igual de preocupante, como lo es la ‘rebelión’ de los ex jefes ‘paras’ a la Ley de Justicia y Paz, quedó en el limbo, sin que la Casa de Nariño y la Fiscalía hayan precisado qué harán para forzar a los cabecillas desmovilizados a que respeten los términos de esa legislación, ya de por sí flexible en materia de castigos.

Si esas medidas correctivas no se toman, el precedente será nefasto para todo el sistema judicial, ya que se evidenciaría cómo un grupo de procesados -a los que además se les está dando una pena alternativa de ocho años máximos de prisión pese a sus múltiples y graves crímenes- condicionan ahora a su antojo el cumplimiento de las diligencias de confesión, la entrega de bienes ilícitos y hasta el revelar datos sobre dónde enterraron a sus miles de víctimas.

Como se ve, se cierra una semana en la que la crisis institucional llegó a niveles peligrosos, pero se abre otra en la que los desafíos son mayores y de muchas implicaciones. Habrá que esperar para ver cómo tramita el país estas nuevas situaciones.

Volver a la página principal

sábado, julio 28, 2007

Jefe del Estado acusó a alto tribunal de ser sesgada
Presidente Uribe continúa atacando a Corte Suprema

El magistrado César Julio Valencia le pidió al Primer Mandatario respeto por la independencia judicial e insistió en que las decisiones de esta rama del poder público no se negocian
El Nuevo Siglo

Las declaraciones dadas por el presidente Álvaro Uribe a medios, en donde aseguró que la Corte Suprema de Justicia tiene un “sesgo ideológico”, generó la reacción del titular del Alto Tribunal que le pidió al Jefe de Estado que haya más respeto por la independencia judicial.

El nuevo cruce de palabras se dio por el anuncio que hizo el presidente Uribe de presentar un proyecto de ley con el cual pretende derogar el fallo que determinó que el delito de sedición no se aplica para los desmovilizados de las autodefensas, mientras que la Corte se ratificó en su decisión y, el jueves, insistió en que no la va a reversar.

La polémica surgió debido a que el Jefe de Estado aseguró que existe un sesgo ideológico por parte de los magistrados de la Corte, en la medida en que reveló que ayer dialogó con el presidente de la Sala Penal de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, quien le dijo, según Uribe, que el Alto Tribunal sí considera delincuentes políticos a la guerrilla mientras que niega esa posibilidad a los grupos paramilitares.

Con base en lo anterior, Uribe Vélez manifestó que “las Cortes tienen una independencia relativa, porque todas las instituciones del Estado tienen que colaborar con el bien de la nación”.

El Primer Mandatario insistió en su tesis en que no se puede otorgar el delito de sedición a los guerrilleros y no a los paramilitares, porque consideró que eso cierra las posibilidades de un proceso de paz.

Uribe insistió en que va a radicar el proyecto de ley para revocar la sentencia de la Corte y enfatizó que no está de acuerdo con la decisión de la Corte de negar el delito de sedición a los paramilitares.

El presidente Uribe reconoció que al Gobierno le preocupa la posición de la Corte porque no entiende cómo se va a enfrentar la situación jurídica de los 18.000 paramilitares desmovilizados a los que no se les ha imputado delitos de lesa humanidad.

Corte riposta

Luego de conocerse las declaraciones del Presidente, que habló casi en todos los medios radiales, el titular de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete, reiteró que las decisiones judiciales no se negocian y por eso le pidió a Uribe que haya respeto por la independencia judicial.

Sobre lo manifestado por Uribe sobre el eventual sesgo ideológico de la Corte, el magistrado Valencia Copete dijo que “es muy grave que se hable de una relatividad en las decisiones judiciales, cuando estas lo que hacen es garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos”.

Esta situación puso en riesgo el encuentro con el presidente Uribe, en la medida en que aseguró que hasta ayer no habían decidido si se reunirán o no con el jefe de Estado para hablar del tema.

Añadió que aunque se encuentren, no cambiarán su posición frente a la decisión judicial, tema de debate.

Adicionalmente, el Presidente de la Corte le solicitó a las demás ramas del poder público que respeten a los jueces y no interferir ni debatir las sentencias judiciales.

Cabe reseñar que ayer el magistrado Valencia Copete, en entrevista con ElL Nuevo Siglo, reiteró que no se pueden confundir los delitos comunes con los políticos y enfatizó que las decisiones de la Corte no se van a modificar por comentarios, sin importar la importancia de quienes los hagan.

Fiscal tercia en la polémica

En lo que fue calificado como una mediación en torno a la polémica entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia, ayer el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán entró a terciar en el rifirrafe y para ello aseguró que “a la luz de las leyes de justicia y paz y de desmovilización, es muy claro que hay que darle un trato igual tanto a las autodefensas como a las Farc.
Y a la luz de la indiscutible similitud en las actividades delincuenciales de las autodefensas y las Farc es que los fiscales y jueces a diario precluyen investigaciones y el mismo Gobierno indulta a centenares de desmovilizados que no han incurrido en delitos atroces”.

Durante el Séptimo Congreso Panamericano de Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realizó en Cartagena Iguarán manifestó que existen serias evidencias que apuntan a que ambos grupos ilegales armados se reunieron en un momento determinado para concertar delitos con el fin de desestabilizar el Estado.

Añadió que “hay que mirar cada caso concreto pero no se puede descartar que sean sediciosos porque a través de las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional se ha permitido invocando el principio de favorabilidad”.

Al referirse al tema de los paramilitares que se desmovilizaron y que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, el Fiscal aclaró que ellos se encuentran en estos momentos legalmente libres.

viernes, julio 27, 2007

Cada hora llegan a Bogotá cuatro personas desplazadas
El 38 por ciento de esas personas sobreviven con 660 pesos diarios
Por Camilo Raigozo. Voz

Un estudio realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Arquidiócesis de Bogotá, dado a conocer a los medios el pasado 18 de julio, señala que en el periodo 2001-2006, la capital de país recibió cada día un promedio de 93 personas desplazados que integran alrededor de 23 hogares, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes expulsados de zonas rurales en las que se padece con intensidad el conflicto armado interno.

Aunque el Gobierno nacional no desaprovecha oportunidad alguna para predicar que el paramilitarismo llegó a su final, estas fuerzas del crimen continúan implacables desalojando comunidades enteras para quedarse con sus tierras, cometiendo crímenes atroces que amedrentan y horrorizan a sus víctimas, que finalmente se resignan a perderlo todo con tal de salvar sus vidas huyendo de sus sitios de origen.

En Bogotá y Soacha, el 38 por ciento de los jefes de hogar desplazados consiguen un promedio de 3.300 pesos diarios para mantener a sus familias que generalmente están conformadas por cinco personas.

Esta es una de las razones, por la que la deserción escolar se mantiene en niveles alarmantes, toda vez que de cada cien niños y niñas que ingresaron a la educación primaria y secundaria, 63 se retiraron, por razones asociadas a la necesidad de trabajar para contribuir al sustento de la familia, a problemas de nutrición y a dificultades económicas para acceso a uniformes y útiles escolares.

Según el resultado de la investigación el 15 por ciento de la población desplazada en edad escolar está por fuera del sistema educativo, lo que representa un aumento importante de la cobertura. Sin embargo, la deserción escolar se mantiene en niveles impresionantes.

Según el analisis, la mayoría de las personas desplazadas llegaron procedentes de las zonas en donde con mayor intensidad se desarrolló el Plan Patriota, la mayor ofensiva de la Fuerza Pública contra la guerrilla de las Farc que se mantiene como Plan Consolidación, especialmente en el sur del país.

Los departamentos con mayor aporte de desplazados a la capital fueron Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Huila. Expulsaron el 64 por ciento del total de personas que llegaron desplazadas a Bogotá y Soacha entre 2001 y 2005, según precisa el estudio que, además, advierte sobre la ampliación de las zonas de expulsión a regiones como Chocó, Caldas, Antioquia, Bolívar, Putumayo y Nariño.

Así mismo, la investigación concluye que el 95% de las personas desplazadas no denuncia ante la Fiscalía su situación porque desconoce que el desplazamiento es un delito tipificado en el código de procedimiento penal, porque tiene miedo de acercarse a las autoridades o porque no creen en la justicia, lo que configura un alto grado de impunidad.

El estudio revela, además, que el 80% del total de familias desplazadas abandonaron tierras que aún reclaman como propias. Además indica que el 11% del total de familias desplazadas se reconoce como afro descendiente y el 6% afirma que proviene de pueblos indígenas. Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, que superan las tres millones 900 mil personas y solo es superado por Sudán.

Horror militar contra la población de Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá)

La masacre del pasado 10 de junio en la que seis personas fueron asesinadas por dos soldados es solo otro acto más de la continua barbarie de las tropas
Por Camilo Raigozo. Voz

El próximo 7 de agosto, los habitantes de 37 veredas y un resguardo indígena de la región de El Pato - Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, realizarán una marcha de protesta y denunciarán ante la opinión pública nacional e internacional los abusos que el Ejército Nacional viene realizando contra la población civil inerme de la zona desde hace varios años. Unos 10 mil campesinos esperan que organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sindicales, sociales, políticas y la prensa los acompañen.

Hay denuncias debidamente sustentadas ante las autoridades, de que en los últimos cinco años, las tropas del Ejército han cometido toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario en esa región. Ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, restricción económica y sanitaria, detenciones arbitrarias, amenazas, abusos sexuales contra las mujeres, tortura, robo de ganado, incendio de viviendas y toda clase de actos vandálicos y de pillaje.

Por ejemplo, el 6 de diciembre anterior, tropas que se identificaron como del Batallón Contraguerrilla 55 asesinaron a los campesinos Germán Echeverry Mejía, Leider Adámez Rodríguez y mauricio Rozo, en inmediaciones de la vereda La Sombra, municipio de San Vicente del Caguán. A las víctimas, los militares les robaron una moto, un caballo y una mula, más el dinero en efectivo que ellos tenían. A los tres los presentaron como guerrilleros abatidos. El 9 de febrero, en la inspección La Abeja, municipio de Guayabal, las mismas tropas incendiaron la casa de Isaac Pinto Pulido; pretendieron que el campesino les firmara un documento en el que se afirmaba que su casa la había incinerado la guerrilla.

Según acusaciones llegadas a VOZ, coincidencialmente, por donde pasan las tropas comandadas por el mayor Cadena, van apareciendo letreros alusivos a la presencia de paramilitares ‘Águilas Negras’. Cuando los campesinos le reclaman les contesta con tono amenazador: “Vaya denúncienme que yo se como manejo la Fiscalía”.

A pesar de la gravedad de los hechos, hasta ahora ninguna denuncia ante los órganos de control del Estado ha servido para proteger la vida, integridad y demás derechos de los campesinos. Todas las declaraciones, testimonios y peticiones interpuestas, tanto a nivel local como nacional, han corrido la misma suerte de impunidad absoluta

En otro ejemplo de los miles que hay, la Personera de San Vicente se negaba a dar copias de sus denuncias a los campesinos y alegaba que todo había sido remitido a la Procuraduría Nacional. Los campesinos pudieron comprobar el 16 de febrero de 2007 que nada había llegado a la Procuraduría Nacional. Es difícil saber, si tal ausencia de justicia y protección es debida a la complicidad con los criminales o al miedo a sus represalias.

En un derecho de petición del padre Javier Giraldo al ministro de defensa Juan Manuel Santos, dice: “No se trata de conductas aisladas ni esporádicas. La diversidad de tropas que así se están comportando; la amplitud territorial donde operan; la persistencia reiterativa de los mismos comportamientos, no permiten hablar de casos excepcionales sino de conductas sistemáticas”.

Estadounidenses estudian en Cuba

La Habana (AP) - Un millar de jóvenes de escasos recursos del continente, incluyendo por primera vez a ocho estadounidenses se graduaron el martes en Cuba como médicos, en medio de las denuncias en el vecino país por las carencias del sistema de salud norteamericano.

Para asistir a la ceremonia de entrega de títulos llegó a la isla el pastor Lucius Walker, de Pastores por la Paz, quien apadrinó a los norteamericanos en la isla.

"La experiencia de estar en Cuba ha sido maravillosa, he tenido la oportunidad de realizar mis sueños", dijo a periodistas la nueva doctora Evelyn Erickson de Nueva York.

Algunos, vestidos con batas blancas, presentaron a sus padres durante una rueda de prensa.

Para ejercer la profesión en su país, deberán presentar una serie de exámenes y obtener una residencia en hospitales allá.

"Tengo confianza total de que todas vamos a estar en una residencia en dos o tres años máximo", dijo Carmen Landau de California.

Según Walker, los estudios que realizaron en Cuba completamente gratis --incluido libros, comida y alojamiento-- les hubiera costado unos 200.000 dólares en su país, cifra que los obligaría endeudarse y no poder brindar atención a los sectores necesitados que a su vez no podría pagarlos.

Hay un centenar de otros jóvenes norteamericanos estudiando en Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas (ELAM).

El egreso de los nuevos doctores se produce en momentos en que el documental "Sicko", de Michael Moore se convirtió en un arma de denuncia contra las políticas de salud del presidente George Bush, que a su vez acaba de recortar más los presupuestos médicos para los pobres.
Moore incluso enfrenta una investigación por parte de Washington por haberse atrevido a viajar a Cuba sin permiso para mostrar el sistema médico local.


"¿El hecho de que han estudiado en Cuba es política?", se preguntó Walker. "Es claro que sí", respondió. Aseguró que en Estados Unidos no se buscaría expresamente a estos jóvenes de minorías y bajos ingresos para formarlos y devolverlos a apoyar a sus comunidades. Para el pastor si eso sucediera no haría falta traer a los muchachos aquí.

Los estadounidenses forman el primer grupo de su país graduado de la ELAM una iniciativa de la isla inaugurada en 1999 por el presidente Fidel Castro para becar a estudiantes del continente con el compromiso de regresar luego a sus pueblos.

Más de 1.000 galenos de una treintena de países recibirán sus títulos en esta tercera camada de egresados. Desde 2005 se formaron casi 5.000 médicos en la ELAM, que cuenta actualmente con otros 10.000 educandos en sus diferentes niveles.

La ceremonia de graduación estuvo encabezada por el vicepresidente cubano Carlos Lage y varios ministros de gobierno.

El Congreso condecora al semanario Voz
Por Camilo Raigozo
La senadora Gloria Inés Ramirez hace antrega de la condecoración al semanario Voz a su director Carlos A. Lozano Guillén. Foto C, Raigozo. Ver galería gráfica

En ceremonia realizada el paso 25 de julio en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional y en presencia de representantes de las embajadas de España, Francia, Suecia, Venezuela, Cuba y Suiza, además de algunas personalidades de la política nacional, fue galardonado el órgano informativo del Partido Comunista Colombiano, Semanario Voz, con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz de Comendador, máxima distinción otorgado a ciudadanos u organizaciones sociales que le han prestado un alto servicio al país.

El Semanario Voz vio por primera vez la luz el 20 de julio de 1957, cuando aún estaba vigente el famoso decreto anticomunista 0434, el cual sacó de manera vulgar y arbitraria al Partido Comunista Colombiano de la legalidad. Como respuesta, los comunistas crearon su órgano central de difusión y orientación cuyo nombre fue: Voz de la Democracia.

El semanario se convirtió en el faro de las luchas populares desde su aparición, razón por la cual el presidente conservador Guillermo León Valencia, en noviembre de 1963, suspendió la licencia número 469 de 1957, que amparaba la circulación de Voz de la Democracia.

Con esta nueva arbitrariedad, el PCC edita inmediatamente su nuevo órgano central, Voz Proletaria, amparado con la licencia número 01110 expedida el 29 de octubre de 1963.

El 16 de julio de 1983, al celebrarse el Quinto Festival, el periódico simplificó su nombre y pasó a llamarse: Voz, con el eslogan “La verdad del pueblo”.

Desde la misma fecha de su nacimiento hace 50 años, tanto lectores, como directores, periodistas, difusores, administradores y demás personas hacedoras del semanario, han tenido que sufrir los diferentes e implacables métodos de represión que han aplicado los gobiernos en manos de la oligarquía. “No han podido ni podrán acallarnos”, dijo el director de Voz Carlos A. Lozano Guillén, en su discurso de aceptación de la condecoración otorgada por el Congreso.

El próximo 19 de agosto el semanario Voz realizará una gran fiesta para celebrar su aniversario número 50 en la que espera estar no solamente acompañado de sus lectores, amigos y simpatizantes, sino también por la militancia de los diversos sectores del Polo y otras corrientes progresistas. En dicha fiesta estarán artistas de la talla de Totó la Momposina, la Orquesta de Pacho Galán, Batucada Unidos do Uirapuru de Brasil y otras delegaciones más.

Canciller de Ecuador: Colombia quiso dilatar controversia por fumigaciones
El Nuevo Siglo

Colombia quiso dilatar la controversia con Ecuador por las fumigaciones antidrogas en la frontera entre ambos países pidiendo una opinión de la ONU que antes siempre rehusó aceptar, dijo el viernes la canciller, María Fernanda Espinosa, para justificar el juicio internacional que prepara contra Bogotá.

"Lo que ocurre es que Colombia está muy interesada en dilatar el proceso", sostuvo la diplomática a radio Quito al destacar el esfuerzo que debió realizar para que los dos países revisaran la incidencia de las aspersiones aéreas con herbicida en la frontera.

Según Espinosa, en varias ocasiones Bogotá pospuso una reunión de científicos para examinar las secuelas de las fumigaciones en la salud humana y el ecosistema que alega Ecuador.

La cita -realizada en Bogotá hace dos semanas- concluyó sin un acuerdo, tras lo cual Quito formalizó sus gestiones para demandar a Colombia ante la Corte Internacional de La Haya por los perjuicios que han dejado siete años de erradicación aérea en la frontera.

"Nos tocó presionar fuertemente. Debí intervenir directamente para señalar que íbamos a decir públicamente: ustedes no tienen interés en esto. Fue muy duro", declaró.

Incluso el gobierno colombiano "dijo algo que antes habían dicho que no quería: estudios de Naciones Unidas", mencionó Espinosa, enfatizando en que "no se necesitan más evidencias, más pruebas o estudios" para comprobar el daño de las fumigaciones que realizó Bogotá hasta febrero con apoyo de Estados Unidos.

"Aquí lo que toca es tener una actitud seria y responsable, no solamente con Ecuador como país, sino humana con aquellos ecuatorianos y colombianos que han sido víctimas de las aspersiones en siete años", agregó.

Un grupo de abogados internacionales se encuentra desde el jueves en Quito definiendo los términos de la demanda internacional contra Colombia, que por su parte siempre ha negado las secuelas de la fumigación al tiempo que ha reivindicado su derecho a combatir el narcotráfico en su territorio.

miércoles, julio 25, 2007

Asesinado paramilitar que servía como testigo contra políticos colombianos
El Nuevo Siglo

Un paramilitar desmovilizado, cuyo testimonio envió a la cárcel a un congresista y a seis alcaldes por nexos con esos grupos de ultraderecha, fue asesinado por un sicario en Bogotá, informó este miércoles la policía.

El sicario disparó contra el ex paramilitar Gustavo Ramírez (alias "El Tábano") cuando éste descedía de una camioneta blindada en el sector de Chapinero.

Ramírez, de 52 años, perteneció al bloque paramilitar que dirigía Martín Llanos, quien actúa en la región de los llanos orientales colombianos (este) y en el departamento petrolero y ganadero de Casanare, en el este de Colombia.

Recientemente Ramírez entregó a las autoridades judiciales un testimonio en el cual implicó al congresista Oscar Wilches -del oficialista partido Cambio Radical- y a seis alcaldes de poblados de Casanare con los grupos de ultraderecha que dirigía Llanos.

Por orden de la Corte Suprema de Justicia 14 congresistas han sido detenidos por sus presuntos vínculos con paramilitares y con algunos de los crímenes que estos cometieron, mientras que otro legislador se encuentra prófugo. En agosto de 2005 Ramírez se había salvado de un atentado, cuando el sicario que ingresó al hospital donde se recuperaba de una intervención quirúrgica al corazón mató por error a otro enfermo.

Dos meses más tarde Ramírez volvió a salir ileso de otro ataque cuando un grupo armado ingresó a una de sus haciendas en el departamento de Meta, en un ataque en el que murieron tres de sus escoltas.

Sectores de oposición denuncian maniobras de la Casa de Nariño
El Gobierno ‘terciaría’ en campaña electoral por debajo de la mesa
El polémico artículo del Plan de Desarrollo que contiene una “piñata” de proyectos, la campaña de Uribe para explicar la reforma a transferencias en plena época proselitista y la propuesta de reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, serían las ‘cartas tapadas’ del Ejecutivo
El Nuevo Siglo

A tres meses de las elecciones regionales y locales, varios sectores políticos de oposición ya prendieron las alertas por lo que consideran una estrategia velada del gobierno Uribe para ‘terciar’ en la campaña proselitista.

El primer ‘campanazo’ se dio en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en donde las mayorías uribistas introdujeron un artículo “piñata” -calificado así por sectores del Polo Democrático y el liberalismo-, en donde están contempladas más de 300 obras y proyectos regionales.

El artículo -marcado inicialmente como el 141- contempla una serie de “proyectos por viabilizar”, que deben ser incluidos en el “Banco de Proyectos de Inversión Nacional (Bpin)” y que incluso deberían ser financiados con cargo a un crédito de US$1.000 millones, contemplado también dentro de los programas de endeudamiento que fueron aprobados en la Ley del Plan.

Desde el mismo momento en que ese artículo empezó a ‘engrosarse’ con los proyectos que cada parlamentario le fue ‘colgando’, la oposición denunció que el Gobierno estaba avalando con su firma esas iniciativas pese a que el presupuesto para sufragarlas no estaba definido.

Por lo mismo, se denunció que la intención de la Casa de Nariño era darle a los senadores y representantes de su bancada ‘cheques en blanco’ sobre obras y proyectos para que los parlamentarios los utilizarán a su favor en el marco de la campaña electoral para escoger gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.

Ante la controversia, se pensó, entonces, que el Gobierno objetaría hace tres semanas ese artículo, pero el mismo no fue incluido dentro del pliego de reparos que la Casa de Nariño envió al Congreso y que luego fue rechazado por una comisión legislativa que consideró extemporánea la presentación del mismo.

Esta semana el Ejecutivo volvió a insistir en las objeciones pero todo indica que el Parlamento se ratificará en su negativa y, por lo tanto, la Ley del Plan terminará siendo sancionada por la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, lo cual significa que el artículo “piñata” quedaría vivo y sólo una demanda de inexequibilidad ante la Corte Constitucional podría ‘tumbarlo’.

Sin embargo, es muy difícil que el Alto Tribunal falle al respecto antes del 28 de octubre, fecha en que se llevarán a cabo los comicios regionales, razón por la cual los congresistas uribistas podrán hacer campaña a favor de sus candidatos a las alcaldías y gobernaciones, exhibiendo las autorizaciones dadas en la Ley del Plan para realizar obras y proyectos cuya financiación está en veremos.

‘Gira’ por transferencias

El segundo ‘campanazo’ se dio el pasado 10 de julio, cuando la propia Casa de Nariño indicó que “a partir de ahora y hasta las elecciones de octubre, el Gobierno Nacional desplegará una verdadera gira nacional para explicarles a los colombianos los verdaderos alcances de la reforma al sistema de transferencias, aprobada por el Congreso en la pasada legislatura”.

Según el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, ante las ideas equivocadas que han venido expresando algunos sectores, sobre los efectos de esta reforma, el Gobierno tomó la decisión de explicar con claridad los reales alcances de la iniciativa.

“Año de elección de alcaldes y gobernadores, y el cuento es: ‘Uribe está acabando con las descentralización, el Gobierno de Uribe está rompiendo el pacto constitucional de 1991’. Ha sido un debate muy difícil y nos toca ahora, especialmente entre esta fecha y las elecciones de octubre, explicar en todo el país el alcance de la reforma”, señaló el Jefe de Estado.

Algunos voceros uribistas defendieron el anuncio del Gobierno afirmando que era justo ya que el Polo y el liberalismo utilizarían sus críticas contra la reforma a las transferencias como una bandera electoral, e incluso estaban adelantando una campaña de recolección de firmas para convocar un referendo que revocara el acto legislativo aprobado a mediados de junio.

Sin embargo, para la oposición el anuncio presidencial tiene un claro contenido electoral y serviría de excusa para que el Jefe de Estado utilice sus giras y consejos comunales de aquí a octubre como una especie de ‘plaza pública disfrazada’ para defender la iniciativa y enviarle loas y respaldos a los congresistas de su bancada que la aprobaron.

La otra reelección

La tercera ‘movida’ gubernamental que tiene a los sectores antiuribistas con las alarmas prendidas empezó a ‘cocinarse’ la semana pasada, luego que altos funcionarios de la Casa de Nariño y líderes de su bancada parlamentaria anunciaran que impulsarán, otra vez, un proyecto de acto legislativo que busca autorizar la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.

De inmediato se escucharon voces en el Polo y el liberalismo advirtiendo la inconveniencia de radicar una reforma constitucional de esas características, precisamente en momentos en que entraba en la recta final la campaña para escoger en octubre a los mandatarios departamentales y municipales que serían los primeros beneficiados con la posibilidad de reelección en los comicios del 2011.

“Lo que el Gobierno quiere es alinear muchos candidatos alrededor del uribismo, con la promesa de que buscará que puedan repetir periodo dentro de cuatro años… Sin duda se trata de una jugada electoral de la Casa de Nariño ante el temor de que le pase lo mismo que en 2003, cuando pese a que Uribe estaba recién llegado al poder, perdió los comicios regionales a manos de los liberales, independientes y sobre todo del Polo, que le quitó plazas tan importantes como Bogotá”, precisó un congresista liberal, que pidió la reserva de su nombre.

Según algunos analistas, las tres ‘movidas’ del Gobierno están encaminadas a implementar una estrategia que le permita participar indirectamente en el ritmo de la campaña electoral, ya que la ley le impide al Presidente y sus ministros intervenir abiertamente en actividades proselitistas.

Esto último quedó aún más claro luego de la controversia que se generó meses atrás cuando Uribe, desde el avión en que regresaba de Estados Unidos, habló en directo con los candidatos del partido Cambio Radical. Ese hecho generó las protestas de los sectores de oposición, que incluso pidieron a la Procuraduría investigar al Jefe de Estado por intervenir en política proselitista. Hasta algunos partidos uribistas manifestaron su inconformismo por el ‘privilegio’ dado a la colectividad que dirige el senador Germán Vargas Lleras y que, obviamente, no se podrá repetir con las otras colectividades gobiernistas.

martes, julio 24, 2007

Terrorismo y crímenes de Estado por acción. No solo por omisión.
Por Juan Cendales


“El Estado debe ser juzgado por no haber tenido voluntad para combatir el terrorismo”: Álvaro Uribe Vélez

Con un aparente y sagaz mea culpa el presidente Uribe pretende sacarle el quite a la responsabilidad histórica, política, jurídica, ética y moral que el Estado y la clase política gobernante tienen por haber construido un régimen político violento y terrorista.

El Estado colombiano no es responsable de terrorismo, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, torturas y otros crímenes solo por omisión o por falta de voluntad.

También, y fundamentalmente, lo es por acción. No por nada permanentemente el Estado está en el banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte interamericana.

Y no es por nada que permanentemente tiene que estar pagando inmensas indemnizaciones al ser señalado como responsable en muchos crímenes de Estado.

El asesinato de los opositores políticos para acallar sus voces de protesta es una vieja tradición del régimen político bipartidista. La masacre de campesinos e indígenas para apoderarse de sus tierras es la fuente de la riqueza de reconocidas y “prestantes” familias.

El desplazamiento por estas razones en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado fue la base de la modernización y desarrollo agroindustrial dl campo. Los sindicalistas toda la vida han sido perseguidos, encarcelados o asesinados.

La masacre de las bananeras ocurrida hace 79 años es una de las expresiones más antiguas de esta historia de terror y muerte que practica el Estado colombiano.

El Genocidio contra la Unión Patriótica expresa el terrorismo oficial de los tiempos modernos.

Los fundadores del Partido Comunista fueron apaleados y encarcelados el mismo 17 de julio que hicieron el mitin fundacional. El movimiento campesino fue siempre atacado a tiros y en el campo colombiano la violencia oficial siempre fue una constante.

Los indígenas han sido exterminados toda la vida con la complicidad abierta y total del Estado. El estudiantado conmemora este año el cincuenta aniversario de la masacre estudiantil del 8 y 9 de junio.

Esta política de terror, de persecución y de muerte fueron las que crearon las condiciones para el surgimiento y fortalecimiento en Colombia de la lucha armada. Por eso la solución está en las vías políticas de negociación y transformación.

Las víctimas del terrorismo de Estado están ausentes, obviamente, del discurso oficial. Están ausentes e ignoradas en la Audiencia que en el parlamento realiza hoy el Partido Liberal. Están ausentes en la mal llamada Justicia de paz y están ausentes en la estatal Comisión de Reconciliación.

Pero existen, lloran, sufren y luchan.

Y no descansarán hasta que haya Justica, Verdad y Reparación.


 
  • prensa@notimundo.in

  • Siga las noticias internacionales en RT




    Publicidad
    Paute aquí
    Contáctenos


    Zona comercial

  • "
  •