Fuerza Pública asesinó al menos a dos campesinos en el sur de Nariño
Por Camilo Raigozo

Urgente. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombianos Francisco Isaías Cifuentes, informó a Notimundo sobre una violenta represión ejercida por la Fuerza Pública en la vereda El Azucar, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño), con ametrallamientos aéreos y terrestres sobre unos 2.000 campesinos que piden al gobierno diálogos para la sustitución de cultivos ilícitos.

En el operativo contra los labriegos intervienen las fuerzas especiales antinarcóticos de la Policía, los Escuadrones Antidisturbios (Esmad), el batallón móvil contra guerrilla 113 de la Brigada Móvil 19, adscrita a la Tercera Brigada del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana.

Según el comunicado de la ONG defensora de los derechos humanos en esta zona del sur del país, se ha confirmado el asesinato de dos personas, producto de la violenta represión ejercida por las fuerzas estatales, pero se teme que el número de campesinos muertos puede ser mayor. Se desconoce la cantidad de personas heridas.

Hace una semana, huyeron de esta misma región unos 2.000 campesinos que pasaron la frontera del vecino país de Ecuador y lograron llegar hasta San Lorenzo, en el departamento de Esmeraldas limítrofe con Colombia.

Entre las 2.000 personas cocaleras atacadas por la Fuerza Pública hay campesinos, afro descendientes e indígenas.

Según el comunicado recibido por este medio, las fuerzas militares y policiales no permiten que los heridos sean auxiliados, ni que se lleve a cabo el levantamiento de los cadáveres.

Las organizaciones sociales de campesinos y defensoras de los derechos humanos, instaron al gobierno a que respete los derechos fundamentales de las personas afectadas y el Derecho Internacional Humanitario.

Igualmente, llamaron la atención a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Veeduría y los demás entes de control del Estado para que asuman su responsabilidad en la protección de los derechos civiles de las comunidades afectadas.

También pidieron la intervención inmediata de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de otras entidades internacionales encargadas de velar por la seguridad integral de las comunidades.

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Capturado burgomaestre de Suárez (Tolima)

Parapolítica: van 13 alcaldes detenidos por la Fiscalía

Los casos se han presentado en la Costa Caribe, el centro del país, los Llanos Orientales y en el Cauca. Autoridades no descartan que se aumente el número de capturas por este escándalo

El Nuevo Siglo

Los tentáculos de la parapolítica en las regiones no da tregua.

Ayer, la Fiscalía General informó que fue capturado el alcalde del municipio de Suárez (Tolima) por presuntos nexos con paramilitares, con el cual se eleva a 13 el número de mandatarios regionales detenidos por este escándalo.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, Suárez fue detenido en su propio despacho por hombres de la Dijín y de la Unidad de Derechos Humanos del ente acusador, y deberá responder por su presunta participación en los delitos de homicidio, secuestro y concierto para la conformación de grupos ilegales.

Los hechos se remontan al 8 de octubre último, cuando Olga Lucía Rodríguez, concejal del municipio de Suárez, se dirigía a su residencia campestre en la Vereda “Agua Blanca” de esa misma jurisdicción, acompañada de varios amigos y de su esposo Edgar de Jesús Garnica.

Hasta allí, llegaron varios individuos que ingresaron a la casa en forma arbitraria y utilizando armas de fuego intimidaron a los esposos Garnica Rodríguez, para luego llevarlos a un lugar despoblado donde fueron retenidos por varias horas y sometidos a torturas psicológicas y actos violentos.

En la madrugada del día siguiente procedieron a darles muerte con un disparo en la cabeza. Edgar de Jesús Garnica sobrevivió al atentado.

Por estos hechos el alcalde de Suárez, Tolima responderá en el día de hoy en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá. La operación se inició a las 9 de la mañana en ese municipio del centro del departamento.

El mandatario fue sacado esposado de su despacho.Se dijo además que el burgomaestre de Suárez fue mencionado ante la Fiscalía por el desmovilizado jefe de finanzas del bloque Tolima de las autodefensas, Juan David Betancourt Rodas, alias ‘Walter’.

En sus declaraciones, alias ‘Walter’ aseguró que este grupo ilegal le entregó “20 millones de pesos en efectivo a Suárez en una finca de la zona rural de este municipio”.

La captura de este político del Tolima se da sólo unos días después cuando la Fiscalía también detuvo al alcalde del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, Luis Hernando Guerrero Santacruz.

De acuerdo con la investigación realizada, el Mandatario es señalado como presunto responsable de tener vínculos con las autodefensas. Las pesquisas apuntan a que esos nexos se establecieron con el Bloque Calima, que desde el 2003 hasta el 2005 permaneció en esa zona del Cauca.

La detención del Mandatario se llevó a cabo con fines de indagatoria, por una orden de captura emitida por un fiscal especializado de Derechos Humanos, por el delito de concierto para delinquir agravado. Fue capturado por el CTI de Cali.

Cero y van 13

Por cuenta del escándalo de la parapolítica ya van 13 mandatarios regionales detenidos por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa en todo el país.

Además de los dos casos anteriormente reseñados están los de los mandatarios de Sucre Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez (San Onofre) y José Mussi Restom (Ovejas), ambos detenidos.

En Atlántico se encuentra privado de la libertad el ya ex alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsber, detenido por contratación irregular pero acusado por ex alcalde Bernardo Hoyos de recibir financiación de los paras.

En Córdoba están detenidos Sigifredo Mario Senior Sotomayor (Tierralta) y Wilmer José Pérez Padilla, (San Antero).

Uno de que se encuentra con orden de captura pero está prófugo es Jorge Luis Alfonso López de Magangue, Bolíva, hijo de la empresaria del chance, también privada de la libertad, Enilse López, alias ‘La Gata’.

También están los casos de 6 alcaldes detenidos en Casanare. Se trata de: Aleyder Castañeda Ávila (Monterrey), Jorge Eliécer López Barreto (Tauramena), Raúl Cabrera Barreto (Villanueva), Henry Montes Montes (Maní), Mauricio Esteban Chaparro (Sabanalarga) y Leonel Roberto Torres Arias (Aguazul).

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Zarpazo de Uribe a la salud de los bogotanos

Cuatro clínicas de primer nivel y otros 17 centros de atención ambulatoria fueron intervenidos para su privatización
Por Camilo Raigozo

En un operativo cuya estrategia principal fue la sorpresa, el pasado sábado a las nueve de la noche, el Gobierno nacional intervino, con el fin de venderlas posteriormente al capital privado, las clínicas San Pedro Claver, Carlos Lleras Restrepo, Clínica del Niño y la Misael Pastrana Borrero, así como los 17 centros de atención ambulatoria ubicados en el Distrito Capital.

El ministro de la ‘Desprotección’ Social Diego Palacio, quién acudió acompañado de una fuerte seguridad policial, hizo entrega para que asumiera la administración temporal de los centros hospitalarios que conformaban la Empresa Social del Estado, ESE, Luis Carlos Galán, a Caprecom con el apoyo de la cooperativa Anestecoop. Es un primer paso dado por el Gobierno a través del mal llamado Ministerio de la Protección Social, para liquidar la red de hospitales que serán feriados a los capitales privados.

Hace apenas un mes, el Gobierno de Uribe había suspendido el servicio de urgencias de la Clínica del niño como preámbulo a la mercantilización a que quedó sometida la salud de los capitalinos, al convertir los centros hospitalarios en jugosos negocios que muy seguramente pasarán a manos de los amigos del Presidente y, como en el caso de las acciones de Ecopetrol, muchos capitales del narcoparamilitarismo se verán favorecidos.

Era la única parte de la red hospitalaria nacional que quedaba por ser usurpada a sus verdaderos dueños: todos los colombianos. Seis semanas atrás, los hospitales del ISS del Tolima, Huila, Boyacá y Meta habían corrido la misma suerte. A estos los antecedieron los hospitales de la costa atlántica, los santanderes, Antioquia, el Eje Cafetero y Arauca.

Más de 4.300 empleados serán liquidados y por decreto se les hará supresión de sus cargos, quedando de brazos caídos y con un futro muy incierto para sus familias. Según el ministro, la gran mayoría será reenganchada por los nuevos administradores y a otros se les ofrecerán alternativas laborales en el Sena. Lo que no dijo Palacio es que las nuevas condiciones laborales con los empresarios privados serán paupérrimas.

Alberto Pardo, representante del sindicato de trabajadores calificó la decisión del liquidar la ESE Luis Carlos Galàn Sarmiento como “apresurada e irresponsable”.

“El Gobierno esta pasando por encima de los intereses de los trabajadores que son los que todavía mantienen en pie esta entidad”, dijo el líder sindical. La red hospitalaria intervenida atendía a más de 794 mil afiliados al ISS de escasos recursos.El Gobierno ya anunció la oferta pública para los interesados en el que será un jugoso negocio con la red hospitalaria que con tanto esfuerzo habían logrado construir los colombianos.

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Crisis humanitaria en el sur de Nariño

Al menos 1.600 refugiados han pasado la frontera con Ecuador. El vecino país solicitó ayuda internacional ante la avalancha de expatriados colombianos que huyen de las agresiones del Ejército, los paramilitares y la violenta erradicación de coca
Por Camilo Raigozo. VOZ

“No quisimos esperar a que entraran a erradicar las matas de coca. Nos dio miedo. Las otras veces que ingresó el Ejército hubo maltratos y con niños de por medio no podemos esperar a que algo ocurriera”, le dijo un padre de dos niños que llegó también con su esposa a San Lorenzo, estado de Esmeraldas en el lado ecuatoriano.

Las personas afectadas en su mayoría ancianos, niños y mujeres, tuvieron que abandonarlo todo en los caseríos Mata Plátano, Puerto Rico, Mata Palo, Los Vientos, Mataje Alto y Las Balsas, corregimiento Llorente, municipio de Tumaco (Nariño).

Hasta el fin de semana anterior, unos 1.600 desplazados habían logrado arribar a San Lorenzo, una deprimida población ecuatoriana, en busca de protección para sus vidas, pero se esperaba la llegada de al menos otras 400 personas, que también huían de los atropellos del Ejército colombiano, de las fumigaciones con glifosato y de la violencia contra los labriegos emanada de la Fuerza Pública en la erradicación manual de los cultivos ilícitos.

Quienes llegaron huyendo a San Lorenzo rechazaron la política de erradicación de cultivos ilícitos del presidente Álvaro Uribe, pues, aseguran, atenta contra sus vidas. "El Ejército sabe que la mayoría de cultivos ha sido fumigada" y que las tropas "entraron por la necedad del presidente Álvaro Uribe, quien dice que tiene que acabar con todo, inclusive con los campesinos, porque para él somos objetivo militar como los guerrilleros", le manifestaron los campesinos a los medios que se hicieron presentes allí.

Contaron que desde hace mucho tiempo, han tenido que sembrar coca para poder sobrevivir con sus familias. “Con cualquier otro cultivo nos morimos de hambre y también nuestros hijos”, dijeron. "Es una necesidad a la que nos vemos obligados, pero el gobierno colombiano no entiende eso y nos erradica sin darnos asistencia técnica para cultivar otra cosa", señaló uno de los campesinos asentado en San Lorenzo a los medios.

El Gobierno del vecino país se vio en la necesidad de pedirle ayuda a la comunidad internacional y al propio gobierno colombiano para solventar las demandas de los más de mil campesinos cocaleros que desde el miércoles 22 de agosto llegaron a territorio ecuatoriano con sus familias temiendo las represiones del Ejército, durante las operaciones de erradicación de los cultivos de coca.

Gustavo Samaniego, alcalde de San Lorenzo, le dijo a los medios que “la situación es muy delicada por la falta de recursos y empeorará si la situación se prolonga por más de una semana”. También se quejó de que ninguna autoridad de la Embajada colombiana se haya interesado por la situación de sus compatriotas.

Por su parte Luis Sztorch, jefe de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) en Nariño y Putumayo, dijo que “lamentablemente por la erradicación, a los campesinos no se les ofrece ninguna alternativa. Los dejan en una disyuntiva y no tienen que comer, por eso se presenta el éxodo”. Adicionalmente afirmó que entre los desplazados hay miembros de la comunidad indígena Awa.

Por la magnitud de la crisis humanitaria desatada se formó una comisión de ayuda en la que participan varias instituciones nacionales y extranjeras, como la Acnur, la Defensoría Regional del Pueblo, la Pastoral Social, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y representantes de la Zona de Fronteras y de la Secretaría de Gobierno del departamento de Nariño. Mientras tanto el presidente Uribe evadió su responsabilidad culpando, como siempre, a la guerrilla de las Farc. Foto diario El Comercio de Quito

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Paramilitares amenazan a defensores de derechos humanos en el Meta

Por Camilo Raigozo

El pasado 26 de agosto, cuando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Región del Ariari, Héctor Hugo Torres, abrió el buzón de correo electrónico de la organización, encontró el siguiente mensaje remitido por paramilitares que se hacen llamar “Águilas Negras”. Lo transcribimos sin editar:

“ola perros malparidos sapos yasabe aquienes nos estamos refiriendo a todos esos sapos directivos delas asociaciones asociacion agroguejar asociacion de desplasados la nueba esperanza Asociación Asoprodesguejar Comisión Bajo Ariari todos estos ijueputas directivos de hoy en adelante serán objetibo militar muerte total por estar metidos en lo que no les importa sean convertido en un estorbo para nu estra organización ACC Aguilas Negras”.

Con anterioridad, varios defensores de derechos humanos y campesinos de esta región del país, han sido amenazados por los escuadrones de la muerte al servicio del Estado terrorista, entre ellos, Aidee Quimbayo, vicepresidenta de la junta de acción comunal de la vereda Danubio Uno, del municipio Puerto Rico (Meta) y coordinadora del Comité de Derechos Humanos de la misma vereda.

También han recibido amenazas Edilberto Daza Bejarano, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jaime Ortega, coordinador de la misma Comisión, y el propio presidente de la ONG, Héctor Hugo Torres, quién logró escapar milagrosamente de un atentado contra su vida perpetrado por estas organizaciones criminales en Villavicencio hace pocos días.

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Plantón por el acuerdo humanitario y bienvenida al presidente Chávez

Proximo viernes 31 de agosto a las 12 m. Plaza de Bolivar

Múltiples organizaciones sociales, cívicas y defensoras de derechos humanos están invitando para el próximo viernes 31 de agosto a las 12 del día, a la realización de un planton por el acuerdo humanitario en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con ocasion de la visita del presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, para acompañar sus gestiones y las de la senadora Piedad Cordoba por la libertad de las personas retenidas.

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Peñalosa, tan tramposo como Uribe
La campaña del candidato uribista a la Alcaldía de Bogotá manipuló encuesta virtual del Noticiero CM&. Quedó al descubierto el aberrante comportamiento de los medios afines al régimen
Por Camilo Raigozo

El pasado lunes 27 de agosto, el Noticiero CM&, cuyo director es Yamid Amat, realizó un debate público entre el candidato del Polo Democrático Alternativo, Samuel Moreno Rojas y el candidato uribista, Enrique Peñalosa, del que posteriormente el noticiero hizo una encuesta cuyos resultados fueron fraudulentos.

Al final de la emisión del noticiero, se mostraron los resultados de la encuesta virtual que dieron como ganador a Enrique Peñalosa con un 76 por ciento de los votos, a su favor, mientras que a Samuel Moreno, solo le dieron el 24 por ciento, lo cual es opuesto a la realidad lo que obligó a este último a afirmar que no continuaría prestándose a tan aberrantes manoseos a la buena fe de los capitalinos.

Según el noticiero, en los 60 minutos que duró abierta la consulta habrían participado más de 10 mil personas. Desde la campaña del Polo se detectó que cada 30 segundos votaron al menos 500 individuos, lo cual era exagerado y sospechoso.

Luego, cuando fue imposible seguir ocultando la artimaña peñalosista y de seguir insistiendo en la mentira, por los reclamos del candidato Samuel Moreno Rojas, se descubrió que desde un solo computador votaron 7 mil veces.

Al día siguiente Yamid Amat, director del Noticiero CM&, en un comunicado de prensa tuvo que reconocer que el sondeo había sido “manipulado”.

Según lo pudo comprobar la campaña del Polo, los resultados de la encuesta virtual de ese noticiero efectuada luego del debate entre los dos candidatos, en el tema de la movilidad, fueron fraudulentos usando métodos tecnológicos.

"Esta campaña tiene que estar bloqueada de artimañas. Aquí nadie puede ganar a como dé lugar. Nosotros hicimos propuestas muy serias, en el terreno en el que supuestamente se mueve mejor Peñalosa", señaló Samuel Moreno, luego de los bochornosos sucesos propios del uribismo.

Agregó el candidato polista a los medios que “Nos parece grave lo que sucedió y hasta que Peñalosa no aclare públicamente lo que pasó, nos abstendremos de ir a debates”. El mismo martes 28 de agosto, Samuel Moreno, desistió de acudir al programa Mesa de Noche, invitación hecha por el Canal Caracol, en el que se debatiría con Peñalosa, sobre los temas más importantes para la capital.

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¡Llegaron las guaguas!
Por Nuria Barbosa León. Periodista de Cuba. Especial para Notimundo

Algo diferente ocurre en la Ciudad de la Habana, por sus calles y avenidas circulan en el transporte público intermunicipal nuevos ómnibus Yutong, de nacionalidad china.

Son confortables para pasajeros y chofer, con asientos plásticos y escasos, de color blanco y azul, con lindos pasamanos, luces blancas y ventanillas de aclírico. Su tripulación va uniformada, hay limpieza y hasta buen olor en este calor sofocante bañado de sudor.

Nadie puede calcular cómo fue traída hasta esta Isla del Caribe una guagua desde China. Todos suponen que es un deber del estado garantizar el transporte público y cada cual hace uso de él sin preguntar su costo.

No se hizo recolecta pública para comprar los ómnibus, no se encareció el precio del pasaje y tampoco es manipulado por compañías particulares y/o extranjeras.

Al preguntarle a un chofer de la ruta 222 acerca del tiempo que transcurre entre una y otra guagua, me respondió --¡Once minutos!—Recordemos que hace apenas un mes esa ruta contaba con un ómnibus circulando y emanando gases contaminantes hacia la atmósfera.

Atrás queda el colapso del transporte público de la capital por la escasez de vehículos, el maltratos a ellos y las roturas demoradas por la falta de piezas de repuestos, deuda del bloqueo y del Período Especial. Ahora sentimos una gran reanimación y todos estamos felices porque así sea.

Queda un asunto pendiente: El deber de cada ciudadano de cuidar de la propiedad social, porque imponer disciplina y sancionar lo mal hecho no es labor sólo labor de la policía.

Ojalá cuando comience el curso escolar no se vean los carteles desagradables en los techos y paredes del ómnibus con esos nombres que nada tienen que ver con el buen gusto, o de amantes que no se amarán tanto como para dejarlo escrito a la vista pública, o de muchachos y muchachas que anuncian su escuela ó su barrio.

Todos deseamos una ciudad bella y confortable para vivir, el transporte urbano forma parte del entorno de la capital, seamos capaces pues, de cuidar y a su vez regañar a esos indisciplinados que cohabitan con nosotros.

Digamos ¡NO!, al cigarro dentro de la guagua, a la bulla, a la música alta, a los carteles, a los muchachos colgagos, al malestar y la indisciplina. Cedamos los asientos a las embarazadas, niños y ancianos, velemos porque la guagua siga siendo nueva aunque el tiempo se apodere de ella.

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50 años de Voz
Espectacular fiesta
Unas 5.000 mil personas disfrutaron el desborde de cultura y rumba
Por Camilo Raigozo

Aquí el festival en imágenes
Desde tempranas horas el lugar de la cita en el barrio Marsella se fue vistiendo de colores. Los primeros asistentes capitalino hicieron su arribo casi simultáneamente con las delegaciones que vinieron de otras ciudades. Una papayera los recibía con alegría desbordante.

Las primeras cervezas y golosinas fueron consumidas. Se preparaban los estómagos para el plato fuerte: deliciosa carne asada y la provocativa lechona tolimense. Mientras tanto los niños empezaban también su agotadora jornada de juegos, talleres y risas.

El salón organizado por el maestro Calarcá para la exposición internacional de caricatura fue abarrotado desde las primeras de cambio. La gente desfilaba extasiada admirando el trabajo artístico de los dibujantes nacionales y extranjeros donde también se destacaron los finos trazos del maestro organizador. La venta del album que contenía las obras no cesó de venderse durante todo el tiempo.

Simultáneamente en la tarima principal, bajo un sol más bien benévolo, los diferentes colectivos artísticos, embelesaban a los peregrinos que poco a poco iban colmando la amplia zona.

Las casetas donde se encontraba desde una empanada, hasta una enciclopedia, tampoco daban abasto para atender la clientela.

“¿Dónde es el sitio de la carne?”, se escuchaba gritar a Gloria Cuartas, que cervecita en mano corría de un lado para otro como si estuviera en una manifestación de protesta contra el gobierno del ‘paraco’ Uribe.

Por las mismas andaban los periodistas William Parra y Jorge Enrique Botero, hablando siempre cosas ininteligibles en su argot periodístico. Después se les vio –siempre juntos- con la mirada clavada, sin pestañar siquiera, en la tarima donde las garotas brasileras deleitaban la tarde con el samba brasilero que por unos minutos transportaron a la audiencia hasta el Carnaval de Río, sin salir del barrio Marsella.

Ni siquiera los 15 minutos de lluvia torrencial amainó los ánimos, y por el contrario sirvió para recargar las baterias y aplaudir con rabia las notas y las letras de las canciones sociales del caleño Julián Ospina. Minutos antes lo habían hecho con los grupos de danzas de la U Distrital que se fajaron un espectáculo ni el tenaz.

Intervención de Carlos A. Lozano Guillén

Al filo de las tres de la tarde, hizo su intervención Carlos Lozano Guillén, anfitrión, director de Voz y líder del Partido Comunista Colombiano. Lozano agradeció a los presentes por el gesto de estar acompañando al periódico en aquel evento y durante sus 50 años de vida. También agradeció la solidaridad expresada por los partidos comunistas de diversas partes del mundo y de muchos simpatizantes y amigos de Voz tanto nacionales como extranjeros.

El director del semanario mencionó los errores,”que sin duda hemos cometido” en el medio siglo de vida del órgano de comunicación de los comunistas. Pero también destacó los logros y las satisfacciones alcanzados en ese lapso de tiempo en el cumplimiento de las tareas revolucionarias.

“Estos 50 años, al conmemorarse, nos tienen que servir también para asumir los compromisos con nuestro partido, con nuestros lectores, con la izquierda, con el Polo Democrático Alternativo y en primer lugar para supera las falencias y para superar los errores”, dijo Lozano

“Tenemos que superar muchas secuelas de dogmatismo, muchas secuelas de sectarismo y de exclusiones en nuestras páginas”, agregó el director en otro aparte de su discurso. Añadió que en adelante se hará un esfuerzo por convertir al semanario en un medio más amplio y abierto a todas las corrientes de la izquierda para unir al pueblo colombiano alrededor del Polo y lograr transformar la sociedad.

“Pero al mismo tiempo tenemos que decir que hay una herencia en nuestro semanario a la cual no vamos a renunciar, en la cual vamos a persistir. Es la herencia de los principios revolucionarios que siempre nos han acompañado y que no tienen ningún tipo de claudicación, ningún tipo de concertación y ningún tipo de negociación. No renunciamos a la lucha contra el capitalismo, a la denuncia de la explotación del capital y a la lucha de nuestro pueblo por transformar esta sociedad, a la lucha por conseguir la paz con justicia social y por los acuerdos humanitarios”, dijo Carlos Lozano ya para finalizar su intervención.

Por su parte en candidato por el Partido Comunista y el Polo al Concejo de Bogotá, Jaime Caicedo, saludo al semanario Voz por sus 50 años de vida al lado de las luchas del pueblo colombiano e invitó a los capitalinos a apoyar su candidatura y la de Samuel Moreno Rojas a la Alcaldía de Bogotá, para derrotar a los candidatos del ‘parauribismo’, refiriéndose a Enrique Peñalosa y a los candidatos del uribismo al Concejo Distrital.

La alegría llegó al paroxismo total cuando a la tarima subió,´Totó la Momposina”. Fue recibida con un larguísimo aplauso que la conmovió. Ella, le contó a los asistentes, que su fulgurante carrera artística tuvo su comienzo en el primer festival de Voz hace ya 50 años. Al momento de hacer esa recordación, sus ojos se humedecieron y su voz se entrecortó. Luego el movimiento de sus caderas y el vigoroso timbre de su voz, decorados ambos por los aires del folclor nacional que brotaban de los instrumentos autóctonos de su grupo artístico, hicieron delirar a la multitud casi hasta enloquecer.

Jóvenes, viejos, negros, blancos, creyentes, ateos, en fin, muchas y muchos se contagiaron del movimiento de la Momposina y de su hermosísimo folclor, y fueron sacando pareja y fueron moviendo el esqueleto. Jael Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar no fue la excepción. La arrolladora presentación de Totó, se prolongó hasta empezar la noche, hora en que le entregó el escenario al candidato del Polo a la Alcaldía Distrital, Samuel Moreno Rojas, quién arribó a saludar a Voz en su cincuentenario y fue recibido con un fuerte aplauso por el público.

El candidato a la Alcaldía llegó acompañado del congresista del Polo, Fernando Navas Talero, quién saludó a la gente y al semanario por su conmemoración.

Samuel Moreno, aventaja en las encuestas a Peñalosa por más de ocho puntos, pero el candidato del Polo le comunicó a la concurrencia que había que superar el millón de votos y asegurar que el uribismo no se tomara la capital. Luego de una corto saludo al semanario y a su director, Carlos Lozano, se despidió en medio de los aplausos del público, diciendo que haría fuerza para que Voz se transformara en diario.

Finalmente la rumba fue ventiada hasta las horas de la madrugada amenizada por la Orquesta de Pacho Galán, quién estuvo a la altura de las circunstancias.

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Huila y Caquetá
Marchas pacíficas por el derecho a la vida
El Ejército trató de impedir los desfiles campesinos con obstrucciones y boicoteos
Las comunidades exigieron respeto a sus derechos fundamentales y al derecho humanitario
Por Camilo Raigozo. VOZ. Enviado especial

Aquí crónica gráfica
El pasado 7 de agosto, las comunidades residentes en las veredas del Caquetá y Huila, cercanas al municipio de Algeciras en este último departamento, realizaron una multitudinaria marcha pacífica en la que manifestaron su rechazo a las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales y las innumerables infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército colombiano.

Asesinatos, desapariciones, amenazas, tortura, desplazamiento, ocupación o quema de viviendas, pillaje y robo de ganado, escudos humanos, abusos sexuales contra la mujer y restricción arbitraria a la libre locomoción humana, de alimentos y medicinas, fueron entre otras las transgresiones de los uniformados denunciadas por los campesinos.

Desde las distantes veredas los lugareños se tuvieron que trasladar con uno y dos días de anticipación para poder llegar a tiempo al sitio de concentración de la marcha, pero el Ejército lo impidió colocando varios retenes en los caminos y vías. Muchos labriegos, se vieron obligados a regresar a sus hogares ante el abuso de las autoridades castrenses.

El día de la marcha, 7 de agosto, la cual estaba prevista empezar a las 10 de la mañana, solo pudo realizarse después de las cuatro de la tarde, pues el Ejército boicoteó la movilización, impidiendo la llegada a tiempo de los campesinos. Uno de los organizadores del evento, Uliser Sánchez, líder comunal y aspirante a la alcaldía de Algeciras, le dijo a VOZ que los mandos militares decidieron establecer ese día seis retenes, en los que designó a un único soldado para que requisara a las personas, los documentos, los equipajes y los buses. De forma adrede, cada retén se hizo una eternidad.

Portando el tricolor nacional, banderas blancas y coloridas pancartas en las que se leía entre otras alusiones, “Exigimos respeto a nuestras vidas y a nuestra dignidad”. “Marchamos por la vida, la justicia y la defensa de la educación”, “Por una salida negociada al conflicto”, “Por el intercambio humanitario”, “No al TLC” y “Que vivan las marchas de rechazo a la violencia de los derechos humanos”, los campesinos provenientes de San Vicente del Caguán en el Caquetá, se encontraron con los huilenses en la región de Lagunilla y de allí partió la marcha hasta Algeciras donde recorrieron sus principales calles.

Al caer la tarde, los cerca de 1.500 marchantes se reunieron en el parque principal donde hicieron las contundentes denuncias contra los desmanes del Ejército y le exigieron respeto a los derechos de la población civil contemplados en la Constitución política colombiana y en los tratados internacionales. La comunidad, familiares y amigos de las seis personas masacradas demencialmente por soldados pertenecientes a la novena brigada el 10 de junio anterior, ofrecieron tributos en su memoria.

Marcha en San Vicente del Caguán

Los campesinos de esta afligida franja del Caquetá estigmatizada por haber sido sede de la Zona de Despeje pactada entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, satanizada por los enemigos de la paz, vivieron su propio drama merced a los abusos de las tropas del Batallón Cazadores comandadas por el coronel Luis Armando Gómez.

Los cerca de 2.000 campesinos que se dieron cita para participar de la marcha pacífica programada para las 10 de la mañana del 7 de agosto, tuvieron que soportar toda clase de atropellos en los numerosos retenes establecidos por el Ejército, donde fueron fotografiados y filmados con objetivos desconocidos y sospechosos.

Solo hasta las cinco de la tarde pudieron ingresar al parque principal de San Vicente, gracias a las gestiones de la Defensoría Regional del Pueblo, la Defensoría Comunitaria, del párroco y a la extenuante y combativa jornada de los líderes y sus comunidades.



Allí estuvo el pueblo concentrado en Asamblea Permanente por más de 46 horas realizando marchas por las calles principales de San Vicente y una reunión con las autoridades civiles, militares y religiosas, con quienes se firmó un documento de 10 puntos de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios del Estado, para dar así por finalizada la marcha pacífica, hecho que ocurrió el jueves 9 de agosto a las dos de la tarde.



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Sigue la lucha por el Hospital San Juan de Dios
Por Angel Libardo Herreño Hernández
Investigador de ILSA

Las luchas por la defensa de los derechos sociales deben ser luchas estratégicas planificadas a mediano y largo plazo. Con este propósito diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales entre las que se destacan Anthoc, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité por el San Juan de Todos, Fescol, Ilsa, Planeta Paz y la Red de Justicia Comunitaria convocaron y realizaron el Primer Encuentro sobre Estrategia Jurídica y Social por el San Juan de Dios de Bogotá, celebrado los días 1 y 2 de agosto de 2007.

Con asistencia de 25 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en el evento se llevó a cabo un balance de la problemática social y jurídica por la que atraviesa el Centro Hospitaliario Universitario San Juan de Dios a través de seis paneles: (i) origen y trayectoria histórica del San Juan de Dios, (ii) análisis del aspecto jurídico de la crisis, (iii) construcción de redes para la exigibilidad de los derechos humanos, (iv) la crisis del San Juan en el marco de la política neoliberal de salud, (v) la construcción colectiva de estrategias de exigibilidad social y jurídica y (vi) la situación de la prestación de servicios de salud en Bogotá.

Al lado de estos espacios académicos, sesionaron dos mesas de trabajo por el San Juan de Dios, una social y otra jurídica, con el propósito de diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la problemática del Centro Hospitalario. Se presentó igualmente la página web http://www.justiciaensalud.olimpo.org/ que permitirá la comunicación e integración de las luchas por una el derecho a la salud en Colombia.

Situación jurídica actual del Centro Hospitalario San Juan de Dios

Mediante fallo del Consejo de Estado de marzo de 2005 se precisó la naturaleza jurídica de derecho público del Centro Hospitaliario Universitario San Juan de Dios (CHSJD), anulándose los decretos 290/79, 1374/79 y 371/98 por los cuales el poder ejecutivo había creado ilegalmente la Fundación San Juan de Dios (FSJD) ,supliendo la voluntad del fundador y adoptando los estatutos de la misma.

Lo que el fallo estableció fueron las siguientes cosas:

• El CHSJD no es continuación del antiguo Hospital San Pedro que tuvo su origen en la donación hecha por Fray Juan de Los Barrios y Toledo, consistente en unas casas de su propiedad que entregó por escritura pública otorgada en 1564 en la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, para que se destinaran al funcionamiento de un hospital para atender a los pobres, ya fueran españoles o naturales.

El CHSJD (originalmente Hospital de Jesús, María y José) es una institución de beneficencia completamente diferente en su origen, en su naturaleza jurídica, en su orientación administrativa, constitución y patrimonio pues nació de una Cédula Real de Rey Felipe V de 1723 y se construyó con dineros de los Hermanos de San Juan de Dios.

• La diferencia estriba en que el Hospital San Pedro se creó por una voluntad particular (la del fraile), mientras el CHSJD por una voluntad pública (un patronato del Rey Felipe V, bajo el régimen del derecho público de las Leyes de Indias). El Hospital San Pedro es una fundación de las contempladas en el Código Civil, en tanto que el Hospital San Juan de Dios es una institución de beneficencia de carácter oficial.

• En consecuencia el CHSJD nunca ha tenido la calidad de fundación y desde su creación e institucionalización como entidad de beneficencia siempre ha pertenecido al sector público. Para la época de expedición de los decretos anulados era un bien de propiedad del Departamento de Cundinamarca – Beneficencia de Cundinamarca, así estuviera intervenido por el Ministerio de Salud para efectos de su administración. El CHSJD nunca gozó de los atributos propios de las personas morales o jurídicas privadas, esto es la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones siempre fue dependiente de las entidades territoriales que lo regentaron.

• Así que cualquier clase de regulación para su funcionamiento y desarrollo debía partir de la Asamblea o del Gobierno Departamental y en manera alguna del Ejecutivo Nacional, en razón a que los bienes territoriales son de su exclusiva propiedad y gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y la administración de sus asuntos (Constitución Política artículos 287, 298, 300, numerales 7 y 9, y 362). De esto resulta que los decretos demandados son nulos por violar los artículos 121, 189 num.26, 298, 300 num. 9 e inc. final y 362 de la Constitución de 1991.

• Hizo notar el fallo además que las instituciones que forman parte del CHSJD se encuentran protegidas de manera especial por la ley 735 de 2002 que las declaró monumentos nacionales y patrimonio cultural de la nación.

Por lo menos tres son los efectos inmediatos de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado:

• Al ser declarados nulos los decretos 290 de 1979, 1374 de 1979 y 371 de 1998 por los cuales se creó la Fundación San Juan de Dios y se le dio sus estatutos, el CHSJD vuelve a ser una entidad de derecho público a cargo de la Beneficencia del Departamento de Cundinamarca.

• Las personas naturales que laboran en el CHSJD adquirieron la condición de servidores públicos (art. 123 CP), bien sea en calidad de trabajadores oficiales o empleados públicos, sin per juicio de los derechos adquiridos en vigencia de la Fundación.

• Los bienes donados a lo largo de la historia al CHSJD constituyen patrimonio público, es decir, se rigen por el campo del derecho público administrativo al ser un atributo de la persona jurídica del Estado (encarnado en el CHSJD), con el cual cumple sus fines y obligaciones.

La nulidad provocó el decaimiento o perdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos (art. 66 num. 2 CCA), en la medida en que desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho, por lo tanto, todos los negocios jurídicos de disposición del patrimonio público del CHSJD realizados a la sombra de los decretos anulados desde 1979, son nulos y tal patrimonio público debe ser reintegrado con todos sus rendimientos.

Lo que se ve a primera vista es que las decisiones que se han tomado a partir del fallo por parte de la Gobernación de Cundinamarca, entre ellas la decisión de liquidación de la Fundación, pueden estar incurriendo en un desacato o fraude a resolución judicial, más si en este proceso se continúa disgregando el patrimonio público del CHSJD.

Aunque el Ministerio Público advirtió en agosto de 2005 que no se puede liquidar lo que no ha existido, el proceso liquidatorio se abrió paso. Gracias al Decreto 00099 de 2006, expedido por la Gobernación de Cundinamarca bajo con el aval del Acuerdo Marco suscrito entre la extinta FSJD, el Ministerio de la Protección Social, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Procuraduría (que intervino como mediadora) para avanzar en la viabilidad operativa del Instituto Materno Infantil, se designó liquidador de la FSJD

El resultado que se debería esperar de la liquidación de la FSJD es el reintegro del patrimonio público del CHSJD. Este fin es bastante complicado si se tiene en cuenta la respuesta dada por la Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca el 13 de Octubre de 2006 (ref: BEN-GG 00662) a un derecho de petición en la cual se indagaba por la disposición que esta entidad había hecho de los terrenos de la Hacienda El Salitre donada por José Joaquín Vargas en los años treintas del siglo pasado.

La Beneficencia de Cundinamarca manifiesta no tener información completa sobre los negocios jurídicos y los costos de los terrenos vendidos de la Hacienda El Salitre (con una extensión original de 2200 fanegadas, según consta en la escritura 2451 de septiembre de 1937), a las entidades de carácter nacional que se encuentran en estos predios, igual que de las entidades privadas (como las sedes de los periódicos El Tiempo, El Espacio y El Espectador), de la sede de la Embajada de los Estados Unidos o de megaproyectos de vivienda como la Ciudadela del Salitre.

Señala que sobre un examen efectuado al certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria No. 50C 6264 de la Hacienda, se constató que existe un total de 2.092 anotaciones de negocios jurídicos. En 1937 la Beneficencia realizó una venta parcial a la Nación de la Hacienda de 2000 fanegadas (el 91% del predio), por lo cual la gran mayoría de las entidades del orden nacional localizadas hoy en esos predios tienen su origen en el desenglobe posterior de esos terrenos.

En ninguna de las anotaciones hechas en el certificado de tradición se halló evidencia de venta alguna por parte de la Beneficencia de Cundinamarca a la Embajada de los Estados Unidos en la Avenida El Dorado. Y respecto a los lotes de terreno donde están las sedes de los diarios El Tiempo, El Espacio y El Espectador, solamente se encontró en la anotación 2006 (escritura 5810 de 1973 de la Notaria Primera de Bogotá), la venta de un área de 6.858.75 metros cuadrados al periódico El Espacio, sin conocerse el valor de dicho acto.

La breve descripción realizada de la situación jurídica del CHSJD, sin considerar los efectos en materia laboral, civil y de responsabilidad administrativa en el manejo del patrimonio público del CHSJD, ya muestra la complejidad del problema a que se enfrenta el movimiento social que defiende esta entidad. El cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado y de sus efectos es el nuevo escenario que debe valorarse en la lucha social por la defensa del CHSJD. El estudio y la exigibilidad de los efectos jurídicos del fallo ameritan un trabajo jurídico minucioso y de resistencia social creciente.

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La discusión dejó de ser económica: Robledo

Oposición descarta ratificación del TLC en Congreso de EU

Al tiempo que el Gobierno anuncia más medidas para cumplir con las exigencias del Legislativo estadounidense, otros sectores señalan que frente a las elecciones presidenciales de ese país no hay Tratado hasta el 2009

El Nuevo Siglo

“Este año no hay TLC para Colombia. Los demócratas lo han dicho en todos los tonos. La razón ya no es económica, ya que Uribe se les volvió a arrodillar en ese tema. Pero el nivel de violencia en el país es muy alto desde la perspectiva de ellos, por lo que los demócratas han dicho que no lo van a ratificar”.

Así lo afirmó en diálogo con este diario el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, al salirles al paso a las solicitudes del Ejecutivo para que se dé categoría de prioritario al debate para la aprobación del protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, como respuesta a la solicitud del Legislativo de ese país presentada a su similar colombiano el pasado 20 de Julio.

El senador agregó que “como este año el TLC no lo aprueban y el próximo son elecciones presidenciales en Estados Unidos, la ratificación del Tratado con Colombia perfectamente se tardaría hasta el 2009. Tanto uribistas como Gobierno lo están intentando haciendo lobby, pero los demócratas les han dicho mil veces que no”.

“A esto se le debe prestar atención: tampoco podría haber TLC para Perú y Panamá.

En la agenda se supone que se ratificarán en octubre de este año, pero hay muchas resistencias que falta saber cómo las van a expresar el día de las votaciones. Eso implicaría que el de Colombia tampoco lo tramiten, como mil veces les han dicho a las comisiones que envía el Gobierno”, señaló Robledo.

La senadora Alexandra Moreno precisó que “no va a haber TLC. El Congreso norteamericano ya ha indicado que no lo va a ratificar este año porque, según ellos, porque no existen las condiciones necesarias.

La situación ya no es económica debido a que los señalamientos están dirigidos a temas como el escándalo paramilitar, muertes de sindicalistas y cualquier cantidad de temas más, que son políticos y de coyuntura colombiana”.

Además dijo: “Considero que el Tratado está encaminado sólo a los que les interesa, la otra población fue excluida del debate. El TLC no es beneficioso para el país, salvo para el sector de exportadores. Pero el resto de colombianos no tienen ningún tipo de ventajas”.

La senadora manifestó también su desacuerdo con la negociación “como se ha realizado hasta el momento. No nos aprobaron algunas cosas que, coincidencialmente, son muy similares a las que el Congreso estadounidense envió en el modificatorio. Eso sólo demuestra que estamos maniatados en el Congreso colombiano”.

La otra cara de la moneda

En el inicio del debate del Protocolo modificatorio al TLC, en las comisiones segundas del Congreso, ayer el ministro de Protección Social, Diego Palacio, advirtió que existe un programa especial para la protección de 1.504 sindicalistas y un rubro de 10 millones de dólares para la ejecución de este.

Por su parte, Guillermo Mendoza, vicefiscal general, afirmó que “se expidieron normas de excepción para perseguir al máximo este delito, puesto que detrás de cada homicidio se busca un amedrantamiento del movimiento sindical y se está trabajando para sacar resultados concretos”.

La senadora Martha Lucía Ramírez le dijo a este diario: “Aunque no participé en las discusiones del TLC, me declaré impedida, tengo mi opinión como colombiana y me parece que el TLC es conveniente y es necesario que sea ratificado”.

“El Gobierno debe hacer mucho lobby para que lo aprueben en el Congreso de los Estados Unidos; que lo aplacen para el otro año es muy riesgoso porque se vuelve un tema indefinido, ya que las campañas presidenciales serán la prioridad”, indicó Ramírez.

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Informe de la CNRR

Justicia y Paz: 70.000 quejas para 23 fiscales

En los dos años de vigencia de la ley, tan solo han sido recibidas 200 versiones libres de 2.816 postulados

El Nuevo Siglo

Un total de 70.000 denuncias o quejas contra los desmovilizados paramilitares, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, por parte de las víctimas o sus familiares.

Así lo establece un informe entregado por la Comisión Nacional de Reparación Reconciliación, CNRR, en el que se hace énfasis en que estos deben ser atendidos por 23 fiscales.

“Se requiere agilizar la adición de la planta de cargos en la Fiscalía y suministrar recursos a esta entidad para cualificar sus recursos humanos y técnicos. Dado el gran volumen de procesos y de población que implica la implementación de la Ley 975, se requiere fortalecer el cuerpo de investigación en terreno, así como el número de fiscales que están adelantando los casos. Actualmente la Fiscalía cuenta con 22 fiscales para Justicia y Paz, y uno para los casos de la guerrilla, cada uno con un promedio de 5 investigadores de campo.

Los 22 fiscales de Justicia y Paz han recibido 200 versiones libres de la lista de 2.816 postulados, en el año que lleva de creada la Unidad de Justicia y Paz”, señala el informe.

También indica que es necesario implantar un sistema de asesoramiento psicosocial a las víctimas, así como hacer uso de medios como la radio comunitaria para difundir la información a las víctimas o a sus familiares, preferiblemente en un lenguaje sencillo que permita a las víctimas comprender sus derechos.

Asimismo informa que el fenómeno de la impunidad ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional, sobre todo por las situaciones de alteración de orden público de carácter permanente.

“La vigencia de derechos de las víctimas y la creación de políticas públicas que prevengan la comisión de delitos se convierten en principios fundamentales en la lucha frente a la impunidad y para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.

Explica que se requiere iniciar procesos sancionatorios para aquellos que omitan información sobre su participación en delitos contra los derechos humanos o que hubieran cometido delitos de lesa humanidad en el marco de su permanencia en un grupo o bloque desmovilizado.

Los procesos

El informe de la CNRR señala que en este momento el proceso se encuentra en etapa de investigación que lleva a cabo la Fiscalía. “Las víctimas participan a través de los canales de denuncia; en segundo lugar, la recepción de las versiones libres y la acumulación de denuncias y de procesos”.

“La primera alerta se presenta en la creciente demanda de víctimas que reportan los hechos violentos ocurridos, cercanos de 70.000, que deben ser atendidos por 23 fiscales”.

Más adelante indica que “observando detalladamente las versiones libres rendidas hasta el momento por los miembros de los grupos paramilitares se evidencia que estas se han concentrado principalmente en el reconocimiento de varios homicidios individuales o colectivos. (Dicho sea de paso, justificados en que son acciones de la guerra y el señalamiento de que las víctimas eran supuestos miembros de la guerrilla).

Así mismo se han confesado algunas acciones tendientes a propiciar el desplazamiento forzado de poblaciones o comunidades. De otro lado tampoco se ha confesado por parte de los procesados la expropiación violenta de tierras, que se sabe ha sido un móvil frecuente de la expansión paramilitar en muchos departamentos del país”.

Señala que “además las versiones de han caracterizado por la ausencia total de reconocimiento o confesión de delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, como el acceso carnal violento cometido principalmente contra mujeres. Pero aún más, se ha constado que los fiscales de justicia y paz no han preguntado en las versiones libres sobre este tipo de conductas, pese a las numerosas evidencias y testimonios registrados en informes de organizaciones de víctimas, de defensores de derechos humanos”.

También dice que “llama la atención las frecuentes referencias de los procesados a delitos relacionados con el patrimonio público. Estos se cometían principalmente mediante complicidad con (o mediante la coacción de) algunas autoridades municipales, departamentales, y tenían como objetivo generar el respaldo y el control político y económico de los presupuestos de los entes territoriales. Igualmente, los procesados han confesado diversas modalidades de hurto y extorsiones con fines económicos”.

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A 10 años del asesinato de dos menores por la Policía
“Sí me matan haz lo posible para que mi crimen no quede en la impunidad”
Por Ccajar

Un recurso de casación interpuesto, ante la Corte Suprema de Justicia, es la última de las esperanzas, que guarda don Felix Zetuaín, padre de uno de los menores de 14 años, que fuera asesinado por agentes de la policía hace 10 años, para que su muerte no quede en la impunidad.

El caso llegó a esta instancia, luego que fuera revocado por el Tribunal Superior, a pesar de la contundencia del fallo emitido por un juzgado del circuito que declaró como responsables a los agentes de la policía James Calderon y Arlex Patiño, por el homicidio de los jóvenes Oscar Zetuaín y Cristian López, el 20 de agosto de 1997, quienes meses antes habían identificado fotográficamente a uno de estos policías como los autores de la masacre de cinco jóvenes en la localidad de San Cristóbal Norte el 26 de abril del mismo año.

El asesinato de los menores sucedió precisamente un día antes de la citación realizada por la Fiscalía General de la Nación, para que éstos realizarán reconocimiento en fila de personas, respecto de algunos agentes señalados por ellos como responsables del homicidio múltiple y de otros delitos de la zona donde habitaban en ese entonces, lo que justamente impidió que otros policiales fueran identificados y vinculados al proceso.

Cabe destacar en este punto, que los menores Oscar Zetuaín y Cristian López, a medida que avanzaba la investigación por la masacre, fueron víctimas de constantes amenazas contra ellos y sus familias, hostigamientos por parte de miembros de la policía e incluso golpizas y disparos a su residencia, que obligaron por un tiempo a que Oscar saliera de la ciudad preservando su vida.

Precisamente, días antes de su homicidio, éste le había comentado a su padre, don Felix, aspectos relacionados con la masacre, así como comentarios que había escuchado sobre la intención que tenían los policías de asesinarlo, dada su condición de testigo, y su temor a declarar por temor a que tales intimidaciones se concretarán contra él o su familia, encomendándole que en caso de ser asesinado, hiciera todo lo posible para que su crimen no quedara en la impunidad.

Ese día, 20 de agosto de 1997, el agente de policía Jair Velásquez, quien al parecer luego de cometer el asesinato ingresó a un grupo paramilitar del Magdalena Medio, haciéndose pasar como funcionario de la Fiscalía, sustrajo de su entorno a los niños, quienes horas más tarde aparecieron asesinados en la vía que conduce al municipio de Choachí en Cundinamarca.

Diez años después, el recuerdo de la petición realizada por ese hijo a su padre, cobra fuerza en los cientos de familiares de víctimas de asesinatos por parte de la fuerza pública, quienes mediante una eucaristía este 23 de agosto, alzaran su grito para reclamar no más impunidad en ausencia de la voz de Oscar.

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Fondo para la Reparación de las Víctimas
Hay presupuesto para los victimarios pero no para las víctimas

Por: Ccajar

Mientras que el gobierno nacional ha venido implementando desde el 2005 cientos de proyectos productivos, cursos de capacitación, fondos de becas, convenios con grupos económicos, con el fin de facilitar la reinserción de los paramilitares desmovilizados, miles de víctimas del paramilitarismo, esperan pacientemente la lejana posibilidad de ser reparados económicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus seres queridos, mediante el recién puesto en funcionamiento Fondo para la Reparación de las Víctimas.

No obstante dicho Fondo, administrado por la Agencia Presidencial Acción Social, no tiene con qué responder no sólo por que los paramilitares mismos a sabiendas que “únicamente tienen que entregar o denunciar sus bienes de procedencia ilícita” han realizado todo tipo de maniobras jurídicas, entre ellas el testaferrato, el ofrecimiento de bienes no saneados jurídicamente y la devolución de propiedades con proyectos productivos a favor de desmovilizados, sino porque a fecha de 26 de julio, el Fondo para Reparación de las Víctimas “únicamente ha recibido bienes del desmovilizado señor Manuel de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata””, lo que corresponde a dos fincas, una de 910 hectáreas, otra de 995, tres lotes de 200 metros cuadrados cada uno, tres camperos, 152 toros criollos y dos caballos.

De igual manera, a la fecha el Fondo no ha tenido ninguna entrada por donación extranjera, como tampoco de recursos provenientes del presupuesto nacional para su mantenimiento, como si lo tiene paradójicamente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de los Grupos y Personas Alzadas en Armas, que según su director, Frank Joseph Pearl González, tiene un presupuesto de $294.000 millones de pesos, así como 40 proyectos con apoyo del sector privado, y la posibilidad que Estados Unidos comprometa US$51 millones en los próximos tres años.

Según el Alto Consejero, a 31 de enero de este año, el Sistema de Acompañamiento indicaba que de un total de 31.521 desmovilizados de las autodefensas, 26.790 recibía algún tipo de beneficio, entre estos una ayuda humanitaria correspondiente a 358 mil pesos mensuales, aún cuando no asistiera a talleres o a cursos. Del resto, es decir 4.731, no se conocía su paradero.

Y aunque ya se habla de un fracaso total del proceso de reinserción, ya que al parecer parte de los primeros 5.276 millones de pesos invertidos en este proceso, se perdieron, lo cierto es que desde el 2005, el gobierno nacional ha venido implementando lo que en su momento llamo Proyectos Productivos por la Paz, como parte de la base de la creación de proyectos empresariales en las zonas donde se presentaron desmovilizaciones masivas, a saber, Uraba, Suroeste antioqueño, Cundinamarca, Tibú (Norte de Santander), Palmira, Córdoba y el sur del Magdalena.

En efecto, hoy día, de los 2.624 desmovilizados de las autodefensas que debían estar empleados en 41 proyectos económicos en 9 departamentos, menos de la cuarta parte siguen vinculados a ellos. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho de que a pesar que el gobierno desembolsará 600 millones de pesos para trescientos ex paramilitares pertenecientes al bloque de Hernán Giraldo para producir estevia, a julio de este año, quedaban apenas 5 desmovilizados cultivando el endulzante natural.

Así las cosas, resulta inaudito que mientras las víctimas de grupos paramilitares no cuentan con una real asistencia psicológica, o alguna ayuda humanitaria para poder viajar y asistir a las versiones libres de sus verdugos, se debaten entre conseguir el dinero para la manutención de sus familias, el desplazamiento forzado que les ha tocado asumir dadas las amenazas y persecuciones, los paramilitares desmovilizados sigan recibiendo, a pesar del fracaso rotundo del proceso, además de miles de millones de pesos que solo han traído perdidas, asesoría, información en materia de salud, educación, atención psicosocial, capacitación laboral, en cualquiera de los Centros de Referencia dispuestos por el gobierno para tal fin, como en el caso del departamento de Antioquia.

De tal manera, queda claro una vez más que los únicos beneficiados por las decisiones del gobierno con la implementación de la Ley de Justicia y Paz son los paramilitares, mientras las víctimas siguen siendo afectadas y revictimizadas, además que solo serán beneficiarias del Fondo, si logran participar directamente en el incidente de reparación, si pueden acudir y probar que el jefe paramilitar o bloque fue quien cometió el crimen, si el caso en particular tuvo sentencia y claro, si el fondo de reparación llega a conseguir dinero para poder repararlas.

Bien lo decía Mancuso, en una entrevista concedida al Espectador en el 2005 “los proyectos productivos y la vinculación plena a la civilidad de los desmovilizados, nos generan un caudal disponible para cuando lo queramos utilizar como trampolín político”.

En conclusión a la fecha no hay un solo peso para reparar a las victimas, el fondo es una entelequia y un fraude más que sumado a la falta de verdad y de justicia allanará el camino para que las víctimas acudan a la Corte Penal Internacional o a otras instancias para buscar verdad, justicia y reparación.

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Relaciones peligrosas

¿Se apoya a candidatos desde la cárcel?

Los acusan de ser ‘fichas’ de personas que actualmente esperan tras las rejas que se les resuelva su situación jurídica, y que buscarían de esta forma mantener el poder político en sus regiones

El Nuevo Siglo

Hay aspirantes a gobernación sobre los que pesan señalamientos graves: que son los candidatos de políticos y empresarios que se encuentran en la cárcel investigados por presuntos nexos con paramilitares y lavado de activos.

Particularmente, se habla de los candidatos a las gobernaciones de Bolívar, Cesar y Sucre: Alfonso López Cossio, Arturo Calderón y Jorge Barraza Farak, en su orden.

Alfonso López Cossio

Por estos días, la candidatura a la Gobernación de Bolívar es piedra de escándalo en el Partido de la U porque varios congresistas de esta colectividad como Gina Parody y Armando Benedetti exigen al presidente de esta formación política, Carlos García Orjuela, retirar el aval que se le entregó a Alfonso López Cossio. Sin embargo, García dice que no lo puede hacer porque la justicia no sindica a esta persona de nada.

Pero son dos hechos específicos los que ponen a este candidato en el ojo del huracán: primero, su cercanía con el hijo de ‘la Gata’, Héctor Julio Alfonso. El día que López Cossio inscribió su campaña fue acompañado por esta persona.

La otra situación que levanta ampolla frente a su aspiración a la Gobernación es que se le acusa de haber asistido a una reunión con paramilitares en el año 2003. Como consecuencia, la Corte Suprema de Justicia lo llamó para que rindiera testimonio sobre este hecho que tuvo lugar en el municipio Barranco de Loba. Esta cita, se dice, habría sido convocada por los ‘paras’ con el fin de anunciar que apoyarían candidatos únicos en los municipios de Bolívar. López Cossio niega que haya tenido en su vida vínculos con estas organizaciones o que haya asistido a reuniones de esta clase.

Arturo Calderón

Hace varias semanas el ex senador Álvaro Araújo sorprendió al país diciendo desde la cárcel La Picota, en Bogotá, a Radio Guatapurí, que el proceso de la parapolítica es un complot del centro del país contra la Costa, pero no menos impactante fue cuando sugirió a un candidato para la Gobernación del Cesar: “A raíz de este crimen que se ha cometido contra la Costa, va a poner un presidente costeño, se lo anticipo. Y si nosotros no tenemos cuidado en el proceso del Cesar, Arturo Calderón, te lo digo duro mi querido amigo, te van a hacer una emboscada como la que le hicieron al mariscal Sucre, porque hoy las firmas reflejan la simpatía del pueblo costeño, pero mañana la no presencia de un partido que te proteja institucionalmente puede causarle muchas dificultades al departamento del Cesar”.

Calderón rechazó la interpretación que en el departamento y los medios les dieron a las palabras de Araújo, que conducían a señalar que era el candidato de esta familia. Aseguró que su aspiración la respaldan 100 mil firmas y que es independiente.

El postulante por el Partido Conservador a la Gobernación del Cesar, Jaime Murgas, se quejó por falta de garantías para desarrollar su campaña en esta región por la influencia de la parapolítica y el “clan Araújo”.

Jorge Barraza Farak

La sombra de la parapolítica pareciera seguir en este departamento, de ser ciertas las denuncias del aspirante a la Gobernación de Sucre, Julio César Guerra Tulena, quien acusa a su contrincante Jorge Barraza Farak de tener vínculos con el ex congresista Álvaro García Romero, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares. Guerra afirma que Barraza era el suplente en la lista al Congreso del ex senador García.

Barraza Farak es avalado por el Partido de la U y se dice en Sincelejo que también es apoyado por grupos políticos que históricamente han controlado los cargos públicos en este departamento, liderados por Álvaro García Romero y Jairo Merlano Fernández (también implicado en el proceso de la parapolítica).

Sobre estas denuncias se pronunció el presidente del Partido de la U, Carlos García. Explicó que si Barraza presentara algún señalamiento, no hubiera podido entregar todas las certificaciones que lo acreditaron y posibilitaron que esta colectividad le diera el aval para inscribir su aspiración a la Gobernación de Sucre. “El candidato no nace de García Romero, sino del Directorio”, apuntilló el presidente de la colectividad.

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Candidato a gobernación de Cundinamarca

Hay que gastarle más a la educación que a la guerra: Mora

Propone adelantar un desarrollo social con énfasis en la formación académica, en un marco de búsqueda de la paz

El Nuevo Siglo

El Polo se lanza por primera vez en búsqueda de la Gobernación de Cundinamarca con un educador y dirigente sindical.

Aunque es consciente del reto de enfrentar a partidos del peso del Liberal y Cambio Radical, quiere replicar el triunfo que obtuvieron hace cuatro años con la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación del Valle.

El Nuevo Siglo: ¿Quién es el candidato del Polo a Gobernación?

Tarsicio Mora: Yo soy un maestro: soy profesor de educación física, de matemáticas y física. Además soy abogado. He sido dirigente de Cundinamarca de los docentes, fui presidente de Fecode.

E.N.S.: ¿Ha sido escogido en cargos de elección?

T.M.: Yo fui concejal por la Unión Patriótica en mi pueblo, San Bernardo, Cundinamarca. Salí de concejal y desafortunadamente fui amenazado y me tocó salir del país. En mi historia he tenido cinco atentados.

E.N.S.: La gente tiene la imagen de que su fortaleza electoral está en el sector educador, ¿es eso cierto?

T.M.: No, yo he trabajado con el sector agrario, con el minero, con los estudiantes, lideré procesos con los transportadores, he sido promotor del movimiento de comunidad solidaria. En fin, hemos logrado tener nexos con diferentes sectores de Cundinamarca.

E.N.S.: ¿Qué le propone usted al departamento?

T.M.: Garantizar que haya una completa vigilancia de los recursos, le apostamos a desterrar a los corruptos de la administración, que es el cáncer que tiene toda administración en el país; vamos a garantizar que la comunidad sepa cuánto entra y cuánto se gasta.

En el programa de gobierno destaco cinco puntos: uno es la educación, un pueblo educado es un pueblo que sale adelante. A una generación que está abandonada, hay que abrirle las escuelas pero desde el preescolar, la primaria y la secundaria.

Hay que gastarle más a la educación que a la guerra, más que a la burocracia. Cundinamarca está muy atrasado respecto a otros departamentos y creemos que si le ponemos atención a la educación podemos lograr muchas cosas.

Segundo tema: el de la salud. Mientras el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales cierran hospitales, la política nuestra es abrirlos, rescatar la red pública.

Tercero, el proceso de paz: yo estaría en condiciones de brindar una zona para que se sienten el Gobierno y las organizaciones armadas al margen de la ley, pero no a hablar sino, previa una propuesta consolidada y vigilada por organismos internacionales, para garantizar que haya un desarme, tanto del Estado en su agresividad como de la guerrilla e, igual, otros sectores que contribuyen a este negocio de la guerra.

E.N.S.: ¿Esa propuesta le daría cabida a una zona de despeje en caso de un canje para que sean liberados los secuestrados en poder de las Farc?

T.M.: Yo estoy de acuerdo con que haya un despeje, porque si no se despeja no hay nada. Segundo, si es posible un primer paso puede haber intercambio humanitario, pero eso no quiere decir que haya paz. Pero en materia de paz nosotros estaríamos buscando en ese proceso cómo logramos resolver problemas que hoy tiene la juventud, porque ésta es un caldo de cultivo para todos estos actos de delincuencia porque no tiene empleo y acceso a la educación.

El cuarto punto, desarrollo sostenido con justicia social, es el que tiene que ver con las troncales que pasan por Cundinamarca, que garantizan la comunicación con cinco departamentos; entonces crearé una secretaría que establezca contactos con esos vecinos para buscar programas de desarrollo y tenga una relación con Bogotá.

E.N.S.: ¿Hablando de posibilidades reales de alcanzar el cargo, cree que tiene chance ante dos “peces gordos” de la política en Cundinamarca?

T.M.: Yo creería que ya no son peces tan gordos, creo que ya les comenzó a llegar la dieta. Los cundinamarqueses cansados de lo mismo nos están viendo como una fuerza fresca, y por hechos que se están palpando en el país: lo que hizo ‘Lucho’, lo que hizo Fajardo, lo que hizo Angelino. Cómo será que de 216 municipios que tiene Cundinamarca, tenemos representación en 54, y tenemos alrededor de 549 candidatos.

E.N.S.: ¿Cómo compaginar búsqueda de la paz con seguridad, especialmente en el marco de la política de seguridad democrática que aplica el Gobierno nacional?

T.M.: Necesitamos un desarrollo integral; para mí es más importante la seguridad, esa sí democrática, pero resolviéndoles las necesidades a las comunidades, y esto no se resuelve en una sola etapa. Tiene que haber una propuesta de gobierno, que nosotros la iniciamos, como hizo ‘Lucho’.

E.N.S.: Luis Eduardo Garzón ha tenido algunos inconvenientes con el Polo porque plantó la posición de que siendo de esta colectividad, su compromiso es primero con los bogotanos. ¿Cómo podría usted manejar la situación de pertenecer a un partido que hace plena oposición al gobierno de Álvaro Uribe pero, si usted llega a la Gobernación, tendría que convivir con este mandatario buena parte del período?

T.M.: Una cosa son las relaciones que hay que tener con el primer mandatario y otra cosa es que se comparta su política. Por ejemplo, al Gobierno le gusta cerrar hospitales, yo como gobernador los puedo abrir. Entonces, sin pelear con el Presidente de la República, yo lo que tengo que aplicar son los derechos fundamentales que establece la Constitución.

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