Solidaridad urgente con líderes agrarios de Sumapaz detenidos

Eliberto Poveda Vázquez y Moisés Delgado, dirigentes comunistas y líderes sociales de Sumapaz, localidad rural de Bogotá, han sido detenidos y acusados de rebelión dentro de un nuevo proceso amañado que se ubica dentro de la persecución a que sistemáticamente han sido sometidos en los últimos años los habitantes y dirigentes de esta localidad.

El 27 de octubre fueron detenidos en sus lugares de residencia los compañeros Eliberto Poveda y Moisés Delgado mediante un espectacular operativo militar en momentos en que se preparaban las elecciones locales en todo el país.

Eliberto Poveda es Presidente del Sindicato Agrícola de Sumapaz y Moisés Delgado candidato del Polo Democrático Alternativo a la Junta Administradora Local de Sumapaz, siendo elegido para esta corporación edilicia con la más alta votación de todos los candidatos.

Antecedentes

Eliberto Poveda y Moisés Delgado habían sido detenidos en los años 2004 y 2006 y luego de pasar largos meses en prisión fueron exonerados de los cargos y puestos en libertad.

Los habitantes de la localidad de Sumapaz secularmente han sido víctimas de la macartización y la persecución. Detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y asesinatos son algunos de los hechos de persecución y violencia que han sufrido.

Convocatoria

A desplegar la más amplia y urgente solidaridad con los líderes agrarios detenidos y con toda la población de la localidad 20 de Bogotá para que se les respete el derecho a la vida, la libertad y el derecho a la actividad sindical y política.

Partido Comunista Colombiano
Comité Ejecutivo Central

Dirigir sus mensajes a :

Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República auribe@presidencia.gov.co
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la Repúblicafsantos@presidencia.gov.co
buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco, Director cefaro@presidencia.gov.co

Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la Nación contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo defensoria@defensoria.org.co

Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de la Nación reygon@procuraduria.gov.co
cap@procuraduria.gov.co
quejas@procuraduria.gov.co

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
oacnudh@hchr.org.co

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Parauribismo/ Ayer rindió versión líbre
‘Macaco’ pide blindar a paras ante jurisdicción de la CPI

El Nuevo Siglo

El desmovilizado jefe paramilitar, que fue trasladado de un buque cárcel a la prisión de Bellavista, en Medellín, seguirá hoy entregando detalles de sus actividades ante un fiscal de Justicia y Paz.

Pese a que persisten las diferencias entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía en torno a si Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’ continúa gozando de los beneficios de le Ley de Justicia y Paz, el desmovilizado jefe paramilitar inició ayer ante un fiscal especializado una nueva etapa en su versión libre, en Medellín.

‘Macaco’ aseguró que no teme pagar los años de cárcel que sean necesarios en Colombia o en los Estados Unidos.Pero aclaró que “a lo que yo sí le tengo miedo es la Corte Penal Internacional”, por lo que pidió al Gobierno Nacional blindar a quienes entregaron sus armas en el marco del proceso de paz que adelantan las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ante la jurisdicción de ese organismo internacional.

En reiteradas ocasiones se ha afirmado que sí los paramilitares no son castigados por los delitos de lesa humanidad que cometieron en desarrollo de sus actividades ilícitas, la Corte Penal Internacional (CPI), podría juzgarlos y eso, según ‘Macaco’, es lo que se debe evitar por parte del Ejecutivo.

“No se a través de qué mecanismo lo haga el Gobierno Nacional, pero sí se debe blindar a quienes nos desmovilizamos y hemos venido confesando nuestros delitos”, argumentó el ex jefe paramilitar que la semana pasada fue trasladado desde un buque prisión a la cárcel de Bellavista en Medellín, con el fin de que reiniciara su versión libre ante un fiscal especializado de Justicia y Paz.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, ‘Macaco’ fue excluido de los beneficios de Justicia y Paz porque siguió delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, en la que se encontraba recluido antes de ser enviado a Cómbita y posteriormente a un buque en Alta Mar.

No obstante, el fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, aseguró que ‘Macaco’ sigue dentro de la Ley de Justicia y Paz porque debe ser un juez o un magistrado quien decida si perdió o no los beneficios.

Es por ello que Jiménez Naranjo se presentó ayer ante un fiscal especializado en La Alpujarra, en Medellín, para continuar con su versión libre y entregando detalles de su actividad en las Auc.

‘Macaco’ está solicitado en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos, petición que se oficializó el pasado 23 de octubre ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno ha dicho que de comprobarse que Jiménez Naranjo continuó con sus actividades al margen de la ley desde la cárcel, será extraditado.

Sin embargo, ‘Macaco’ ha insistido en que ha cumplido con los compromisos adquiridos al momento de su desmovilización y que ha dicho que él no puede responder por las actividades ilícitas adelantadas por los hombres que estuvieron bajo su mando.

El desmovilizado jefe paramilitar proseguirá hoy con su versión libre y al término de la misma, la próxima semana, el Gobierno decidirá sí lo regresa al buque prisión o si vuelve a la cárcel de Itagüí, en donde están recluidos otros ex cabecillas de las autodefensas.

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Parauribismo/ Denuncia por fraude

Impugnan gobernación de Sucre por ‘parapolítica’

El Nuevo Siglo

Por nexos de candidato con el ex senador detenido en La Picota, Álvaro García, el aspirante derrotado pidió que se revisara el proceso electoral de su departamento.

A menos de 24 horas del cierre de urnas ya surgió la primera impugnación de los resultados de los comicios regionales por motivos relacionados con la parapolítica en la elección de un Gobernador. El escenario es el departamento de Sucre.

La acusación la formuló ayer el aspirante derrotado a la Gobernación de Sucre y ex congresista, Julio César Guerra Tulena, del Partido Liberal, quien denunció que el mandatario departamental electo, Jorge Barraza, del Partido de la U, visitó a los políticos detenidos por parapolítica en la cárcel La Picota de Bogotá para buscar sus votos y su influencia electoral en la región.

“Yo no reconozco ese pírrico triunfo sencillamente porque aquí predominó el fraude, el dinero del chance y predominó la orientación desde La Picota en Bogotá, donde el supuesto ganador hizo tantas visitas que sobrepasó mucho más que las de las esposas de los que están presos allá”, denunció el aspirante liberal en diálogo con la emisora La W.

Guerra acusó al Gobernador electo de ser el delegado político del ex senador Álvaro García, sindicado de tener nexos con las autodefensas, y ahora recluido en La Picota. “Ese señor ha sido el estafeta de Álvaro García toda la vida. Ha sido su suplente, él (Barraza) nunca ha sido elegido por el voto popular directamente, él se sacó el premio gordo hasta que impugnemos el día de mañana.

Pero la vergüenza es para 772.000 habitantes de Sucre y es tremenda para la nación porque un hombre detrás de las rejas logró imponer al gobernador”, explicó el ex senador liberal y aspirante a la gobernación de Sucre.

Barraza se defendió de las acusaciones explicando que “mis visitas son de tipo humanitario, yo lo he hecho con todas las personas que han caído presas como cuando el doctor Roberto Paredes”.

De su parte el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, se pronunció diciendo que los escrutinios que comienzan podrán resolver la pugna del candidato Guerra. “Los resultados fueron cerrados y eso generó angustia en las campañas específicamente en la del señor Guerra Tulena, quien pidió auditoria porque sus votos iban bajando pero su contendor subía”, explicó a los medios el Registrador.

“Es cierto, yo le iba ganando al señor Barraza cuando estamos en el 96%-97% y de pronto se suspendieron los boletines… La inmensa mayoría de corregimientos enviaron sus resultados por vía telefónica exclusivamente…fue un desastre”, manifestó el político Liberal.

De otro lado, este Diario pudo establecer que la Misión de Observación Electoral (MOE) va a presentar un reporte sobre los hechos que se presentaron el domingo en la Registraduría de Sincelejo, en la medida en que denunciaron que sus representantes fueron sacados de la sede sin que se dieran explicaciones por parte de los funcionarios del organismo electoral.

Adicionalmente, se conoció que el equipo de trabajo de Guerra Tulena va a esperar los resultados de las impugnaciones y de acuerdo con los mismos, de no haber claridad en dichos resultados demandarán la elección de Barraza ante las instancias judiciales.

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Parauribismo/ Primer juicio por parapolítica

Además de Ralito, se firmaron otros dos pactos: Mancuso

El Nuevo Siglo

En el marco de la diligencia judicial en contra del congresista Eric Morris, el ex jefe paramilitar involucró al escándalo a personalidades del Partido Liberal y no descartó que el legislador se haya reunido con alias ‘Diego Vecino’ y ‘Jorge 40’

El escándalo de la parapolítica continúa involucrando a más personalidades de la política nacional, esta vez de la mano del desmovilizado jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, quien asistió en calidad de testigo a la Corte Suprema de Justicia en el marco del juicio en contra del representante a la Cámara, Eric Morris Taboada.

Con media hora de retraso inició el juicio en contra del Representante, quien está sindicado por concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con grupos paramilitares de la Costa Atlántica.

Mancuso asistió a la diligencia judicial como testigo clave en el caso y aprovechó su declaración ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte para involucrar a más políticos en el escándalo.

El desmovilizado jefe paramilitar explicó que, además del Acuerdo de Ralito, se firmaron entre los políticos y los jefes de las autodefensas otros dos acuerdos, los cuales afirmó que “no son vergonzantes”.

“Los acuerdos políticos que nosotros firmamos hace casi dos años no fueron solamente con congresistas.Hicimos alianza con gobernadores, alcaldes, concejales y miembros de las JAL (Juntas Administradoras Locales)”, reveló Mancuso, quien además, confirmó que varios legisladores fueron contactados por intermediación de la ex representante Eleonora Pineda, de quien manifestó que era la única que hacia parte de las autodefensas, actuando como brazo político de la organización armada ilegal.

“Con ayuda de Eleonora (Pineda), nosotros los ‘montamos’ (a los congresistas) y los ayudamos a llegar al Congreso”, explicó el ex jefe paramilitar, quien reveló que cerca de cinco legisladores se reunieron con él para firmar los otros acuerdos políticos.

“Por intermedio de Eleonora (Pineda), hablamos con Julio Manzur, Reginaldo Montes, Zulema Jattin, Muriel Benito Rebollo, Musa Bessaile, Libardo López Cabrales y Juan Manuel López Cabrales”, confesó el desmovilizado.

Mancuso aseguró que con el senador Juan Manuel López Cabrales incluso alcanzó un pacto burocrático, que el congresista incumplió, y que luego ocasionó un impasse durante el proceso de paz de los paramilitares con el Gobierno Nacional.

Mancuso concluyó su declaración afirmando que el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana utilizó a su organización armada para contener a las Farc en la Costa.

El juicio a Morris

Entre tanto y referente a la diligencia judicial del representante Morris, Mancuso manifestó que no lo conoce, pero que no descarta que el legislador se haya reunido con ex jefes paramilitares de la región.

“No lo conozco personalmente (a Morris) pero no puedo descartar que haya firmado pactos con ‘Diego Vecino’, ‘Pelufo’ y ‘Jorge 40’”, explicó el desmovilizado.

A su turno, el Representante rechazó los cargos que se le imputan con respecto a una supuesta colaboración con los paramilitares para poder llegar a la Gobernación de Sucre en 1997 por medio de un fraude electoral.

“En ningún momento recibí apoyo de las autodefensas para mi elección a Gobernador”, enfatizó Morris, quien explicó que las autodefensas vinieron a ejercer algún poder político después del año 1999, “cuando prácticamente yo estaba dejando ese cargo”.

Por último, en su corta intervención, Morris reiteró que no dejará su fuero como congresista para buscar una segunda instancia por parte de la Fiscalía.

Entre tanto, se espera que la audiencia pública continúe en el transcurso de la semana con los testimonios de los ex paramilitares Edwar Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’ y Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirry’ quien comparecería por medio electrónico desde Canadá, donde recibe protección de las autoridades locales y quien acusa a Morris de haber permitido la entrada de las autodefensas a Sucre en el periodo en el que el Representante ejercía como Gobernador.

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Ataque oficial contra opositores al régimen
Allanamientos y detenciones arbitrarias están sufriendo candidatos del PDA en Bogotá
Por Camilo Raigozo

A menos de 24 horas de las cruciales elecciones en las que el pueblo colombiano elegirá gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y administradores de juntas locales en todo el territorio nacional, la guerra sucia contra el Polo Democrático Alternativo, dirigida por el presidente Uribe ha pasado a concretarse mediante allanamientos y detenciones arbitrarias.

Entre las 8 y las 9 de la mañana de hoy sábado 27 de octubre, fueron allanadas por efectivos del Ejército y la Fiscalía en la localidad de Usme, las residencias de los dirigentes agrarios, comunistas y miembros del PDA, Moisés Agudelo, candidato a la Junta Administradora Local en el Sumapaz y Beto Poveda, veterano dirigente agrario. Las fuerzas opositoras a actual Gobierno temen que las acciones arbitrarias continúen a pocas horas de los comicios electorales.

“Denunciamos la campaña descarada de señalamientos y persecuciones contra la oposición política representada en el Polo Democrático Alternativo. Reclamamos garantías para la participación electoral.

“Llamamos al movimiento democrático nacional e internacional a denunciar estas arbitrariedades y a solidarizarse con los dirigentes detenidos. Exigimos su libertad inmediata”, dijo en un comunicado el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista Colombiano.

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¡Urgente!, Fuerza Aérea Colombiana bombardea Mapiripan (Meta)
Por Camilo Raigozo. VOZ

En comunicación con el semanario VOZ, miembros de la Junta de Acción Comunal del municipio de Mapiripan (Meta), lanzaron un llamado de auxilio urgente por los bombardeos y ametrallamientos de que fueron objeto el día jueves 26 de octubre desde las cinco y media de la tarde y por espacio de una hora aproximadamente.

Según la denuncia de los habitantes de Mapiripán, dos aviones blindados y un avión fantasma atacaron a la población con bombas y metralla, resultando averiadas varias viviendas y destruidos el tanque y la motobomba del acueducto, por lo que la población quedó privada del suministro del vital líquido desde el momento de la agresión militar.

Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, por suerte no se presentaron víctimas humanas, como tampoco se conoce de personas heridas. Sin embargo la población infantil y las mujeres están siendo consumidos por el pánico y el horror.

El municipio de Mapiripán ya había sido victima del terrorismo de Estado, cuando a mediados de 1997 un grueso número de paramilitares, en coordinación con el Ejército Nacional, entraron a la jurisdicción y torturaron, desaparecieron y asesinaron a niños, mujeres, ancianos y hombres, cuyo número sobrepasó el medio centenar.

Dicha masacre fue planificada y organizada por el Ejército y los ‘paras’ desde meses atrás, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya, quién por ser partícipe de la masacre narró a las autoridades pormenores de cómo fueron coordinadas las acciones para tomarse a la población y ejecutar la demencial barbarie.

Los campesinos de Mapiripán hacen un llamado urgente a la Cruz Roja, a la ONU, a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, para que les brinde protección y demanden del gobierno el cese inmediato de las operaciones militares contra la población civil y así mismo demanden de este el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la población. Igualmente solicitan la presencia inmediata de la Defensoría, la Procuraduría, la Personería y demás entes de control del Estado.

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Declaración de Carlos Lozano sobre nota de Anncol

La agencia de noticias Anncol, que funciona de manera legal en Suecia, señalada por el Gobierno Nacional deestar al servicio de las FARC, decidió, sin consultarlo, reproducir una nota de la edición de esta semana del semanario VOZ sobre la pregunta capciosa del ex alcalde Antanas Mockus, que fue utilizada contra el candidato del PDA, Samuel Moreno Rojas, aunque le cambió el titular y agregó algunos comentarios. Anncol con frecuencia reproduce artículos de columnistas de otros medios, sin que ello implique relación alguna de sus autores con la agencia mencionada.

No pueden aprovechar de manera irresponsable y mal intencionada, ni el candidato Enrique Peñalosa, ni el presidente Uribe Vélez, tal situación para acusar a Samuel Moreno y al PDA de supuestas relaciones con las FARC. Es parte de una campaña sucia contra la izquierda, que pretende a toda costa impedir la victoria democrática en las elecciones del próximo domingo. Es el desespero del Gobierno y de sus candidato en Bogotá; así como la indebida intervención política del ciudadano Presidente de la República en el proceso electoral.

Hace cinco años los paramilitares llamaron a votar por Álvaro Uribe Vélez y adelantaron el proselitismo armado en su favor, entonces el ahora Presidente dijo que esos “hechos delictivos no comprometían su campaña”. Lo mejor que puede hacer el Gobierno es atenerse a los resultados electorales y a la decisión democrática de los bogotanos, aunque eso es mucho pedirle a un mandatario autoritario y parcializado a favor de sus aúlicos y candidatos.

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Verdades versus mentiras
Por Nuria Barbosa León. Periodista de Radio Progreso y Radio Habana Cuba. Especial para Notimundo

Un grupo de eminentes médicos norteamericanos se indignaron al conocer que el documental de John Stossel "¿Enfermos en EEUU, sanos en Cuba?" divulgado por la gran cadena ABC, mentía acerca del sistema de salud pública cubano.

Los doctores Peter Bourne, de Oxford, Alfred Brann, profesor de Pediatría, Harry Douglas, de California, Dabney Evans, Master en Salud Pública, y Jean Handy, doctor en filosofía de Carolina del Norte, entre otros notables catedráticos enviaron una carta a David Westin, presidente de ABC News donde se decía que el material fílmico es parcial, erróneo y embaucador.

La protesta señaló que en el filme no se buscaron comentarios de trabajadores de la salud en Cuba y se citaron opiniones de cubanos asentados en Miami, y, lo peor del caso, es que se tomó como referencia a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que nada tiene que ver con servicios sanitarios.

Como cubana le pediría al "Señor" Westein, primero que divulgue el documento de los médicos norteamericanos, y luego, que envíe a Cuba a cualquiera de sus empleados para que pruebe la razón de los autores de la misiva.

De regreso, le comentarán que el sistema de salud cubano es gratuito, sin exclusiones y con excelentes garantías de curar enfermedades, dirán que existe una atención primaria a nivel de consultorio de la familia para una comunidad de unos 300 habitantes y ese número se reduce en las áreas rurales donde la población es escasa.

Le hablarán de los policlínicos que fueron reparados en el primer quinquenio del 2000, que cuentan con pequeñas salas de cuidados intensivos para tratar urgencias y con más de 20 servicios, incluidos, las consultas que realizan tratamiento quirúrgico de mínimo acceso. Eso quiere decir: endoscopía, regulación menstrual y cirugías que no requieren de ingreso hospitalario.

Le relatarán que muchos hospitales fueron remodelados en su totalidad y que hay un número importante de ellos que aún no se han concluido, pero no por ello hay colas en las consultas, ni lista de esperas para ser atendidos u hospitalizados.

No podrán ocultarle que la expectativa media de vida de una persona nacida en Cuba es de 77,2 años, contra 77,9 en Estados Unidos, que el número de niños que mueren antes de cumplir los 5 años de edad es de siete por cada 1.000 nacidos vivos en la Isla y ocho por cada 1.000 en Norteamérica. "Y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos gasta 26 veces más en salud, 6.096 dólares por persona al año, comparados con 229 dólares en Cuba".

Tampoco se silenciará que existe una universidad especializada en ciencias médicas para jóvenes latinoamericanos y actualmente se preparan más de 46 000 estudiantes de medicina de 82 naciones del Tercer Mundo en Cuba o en sus propios países.

Le informarán que más de 700 mil pacientes de 28 países recibieron cirugías de la vista gracias a la Operación Milagros devenida de los acuerdos del ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), donde Cuba y Venezuela son protagonistas de tal hazaña.

Para el Sr. Westein será duro reconocer que toda esa proeza lo haga una Isla con sólo 1.200 kilómetros de largo y una población de 11 millones de habitantes que a su vez es bloqueada por el mayor imperio del mundo y que se le ha causado daños económicos superiores a los 86.000 millones de dólares.

Si la "ABC News" quiere ser una cadena de prestigio, creíble y objetiva, no debe publicar falacias que puedan ser fácilmente desmentidas. Es mejor que se encargue de denunciar las grietas del capitalismo irracional que conduce a la humanidad a su autodestrucción con la ecuación simple de tanto tienes, tanto vales.

Moraleja: No tirar piedras al techo del vecino cuando el suyo es de vidrio.

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Tendencia creciente

Todas las encuestas dan como alcalde a Samuel Moreno

El Nuevo Siglo

Hace tres meses, el ex alcalde Peñalosa tenía en el bolsillo la reelección, pero a pocas horas de los comicios la torta se le volteó

Si las encuestas tienen la razón, el nuevo alcalde mayor de Bogotá será Samuel Moreno Rojas del Polo Democrático Alternativo.

Las cifras de las distintas empresas encuestadoras favorecen a Moreno Rojas, y lo más importante es que la tendencia es creciente, mientras que su más cercano contendor, Enrique Peñalosa Londoño, día a día reduce los índices de favorabilidad.

No obstante el comportamiento de meses anteriores, que daban vencedor al ex alcalde Peñalosa, ahora lo colocan de segundo seguido muy de cerca por el aspirante William Vinasco Chamorro, quien se inscribió por el Movimiento Nacional Afrocolombiano.

Hasta el momento la intención de voto de los capitalinos tiene al candidato Moreno Rojas a la cabeza con 37 puntos, de acuerdo con la revista Semana; con 34, según las cifras del periódico El Espectador y con 38,6 de El Tiempo Mientras esto sucede con el candidato del Polo, Peñalosa cuenta con 26 puntos, según Semana; El Espectador le adjudicó 27 y El Tiempo lo deja con 23.

Según la cronología de la intención de voto publicada por Semana, el repunte de Moreno Rojas y el declive de Peñalosa comenzaron en agosto, y en septiembre las encuestas tenían pareja la competencia entre los aspirantes.

Entre tanto para Vinasco, que subió rápidamente en las encuestas, se está desinflando según el comportamiento registrado por las encuestas de Semana.

Los siguientes aspirantes en la puja por el segundo cargo más importante en Colombia, Antonio Galán Sarmiento, de Siempre Adelante; Juan Carlos Flórez, del Movimiento Alianza Social Indígena, y Jorge Leyva Valenzuela, del Partido Conservador, no han podido pasar de 5 por ciento de favorabilidad.

Frente al comportamiento en los últimos meses en relación con la imagen positiva de los candidatos, Moreno Rojas subió 4 puntos, mientras que el descenso de Peñalosa Londoño fue de 14,7 por ciento.

La imagen negativa de los candidatos favoritos también mostró un índice importante. La percepción desfavorable de Moreno tiene 14 puntos, mientras que la de Peñalosa fue de 39 puntos.

Una de las bases para afirmar que Moreno Rojas tiene la mayor probabilidad de ser alcalde mayor de Bogotá radica en que todas las encuestas lo dan como mandatario de los capitalinos a partir del primero de enero.

Para los analistas, pese a los múltiples debates que se han realizado en estos últimos días en la capital del país con Peñalosa y Moreno, lo cierto es que los habitantes del Distrito Capital ya tienen definido su voto, y el margen de los indecisos es una franja que poco influirá en los comicios del domingo.

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Seguridad democrática
Fuerza Pública ejecutó al menos a 169 personas en un año
Los llamados ‘falsos positivos’ fueron fabricados en 90 operativos en 22 de los 32 departamentos
Por Camilo Raigozo. VOZ

El Centro de Estudios de Educación Popular (Cinep), así lo afirmó en un comunicado emitido el pasado 17 de octubre en la ciudad de Bogotá. Los llamados "falsos positivos", operativos montados para reclamar éxitos militares, ocurrieron entre el 1ro de julio de 2006 y junio 30 de 2007, en el que se tuvieron en cuenta parcialmente, ejecuciones extrajudiciales, torturas, heridos, amenazas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias realizadas por miembros del Ejército, Policía, Das, Fiscalía, Sijín, Fuerza Aérea y en algunos casos con la participación de integrantes de grupos paramilitares.

Según el informe del Cinep, las víctimas estuvieron entre campesinos, indígenas, afro descendientes, mujeres, niños, estudiantes, sindicalistas y conductores. La investigación realizada sobre los “falsos positivos” fue desarrollada de forma parcial en 22 de los 32 departamentos, como también en Ecuador, en la frontera con Putumayo (Colombia). En el departamento del Meta se encontró la mayor afectación de los abusos de la Fuerza Pública y de seguridad del Estado, con 24 operativos que arrojaron 39 víctimas. Allí los crímenes fueron cometidos por tropas de la Brigada Móvil 12, Batallón 21 Vargas, Brigada Móvil 4 y Batallón José Joaquín París del Ejército Nacional.

Incremento de ejecuciones en el gobierno de Uribe

El municipio con mayor número de victimizaciones fue Vistahermosa (Meta), con 14 operativos que dejaron 27 víctimas, de las cuales 19 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas militares y luego presentadas a la opinión pública a través de los medios de comunicación afines al régimen, como “guerrilleros dados de baja en combates”, como lo ha venido denunciando VOZ oportunamente.

Otro informe recientemente divulgado por el Instituto Popular de Capacitación, vinculado con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), que agrupa a organizaciones no gubernamentales (ONG) de investigación en derechos humanos, advirtió que en el gobierno de Uribe, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron un 66 por ciento, en relación con las cometidas entre 1997 a 2002. Según ese informe divulgado en Medellín, en el Gobierno de la “seguridad democrática” se han registrado 955 ejecuciones extrajudiciales, sin contar con las 235 desapariciones forzadas, conocidas, por acción directa de agentes estatales.

Entre los casos expuestos por el Cinep, está la muerte de un menor de 14 años en Planadas, Tolima, el 10 de julio del 2006 quien fue presentado como "un niño guerrillero". También el 16 de julio del 2006 en Aguazul, Casanare, fue objeto de atropellos al campesino Gonzalo Alfonso Cruz, bajo la acusación de ser guerrillero. De igual forma, el 3 de agosto del 2006, en la Jagua del Pilar en la Guajira, tropas del batallón Rondón, asesinaron a un indígena con la excusa de ser “subversivo”. También se señaló al Ejército por omisión en la muerte del indígena Nasa, Douglas Antonio Pérez, el 5 de agosto del 2006 cuando un grupo de paramilitares ingresó a una fiesta en la vereda de Villa de Leyva de Puerto Asís, Putumayo, donde además torturaron y abusaron sexualmente de varias de las personas presentes en la reunión.

Algunos ejemplos

El 15 de agosto de ese mismo año, en el caserío de Caño Lindo de El Castillo, Meta, el campesino Javier Díaz, fue detenido por tropas del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, obligado a vestir prendas militares por tres días y a firmar una constancia de "buen trato", bajo el pretexto de que era guerrillero. Tres días después, en una vereda de Morales, Bolívar, tropas del batallón Nueva Granada de la Brigada número 5, allanaron y saquearon la vivienda de Cosme Pabón. Los uniformados intentaron violar a la esposa y él fue retenido y asesinado aunque su cadáver nunca ha sido devuelto. El 27 de octubre del 2006, tropas del Ejército que adelantaban el "Plan Patriota", ejecutaron a tres personas en la vereda de Loma Linda en Vista Hermosa, Meta y sus cuerpos fueron presentados como "muertos en combate".

El 22 de marzo de este año, tropas del Ejército colombiano detuvieron a 5 campesinos en Lago Agrio, Sucumbíos, Ecuador y asesinaron a David Marroquí y Jorge Plaza de esa nacionalidad, mientras que los otros tres labriegos continúan desaparecidos. Los militares dispararon contra las viviendas y los cadáveres de los campesinos fueron trasladados a Colombia donde los reportaron "guerrilleros dados de baja en combate". El 16 de junio del 2007, tropas de la Brigada Móvil número 12, en Vista Hermosa, Meta, ejecutaron a dos personas, entre ellos un campesino sordo y con problemas mentales.

”Hechos como éstos no sólo cuestionan la legitimidad de la fuerza pública, sino que además cuestionan si la excesiva presión presidencial para que las Fuerzas Armadas muestren resultados en su lucha contra la insurgencia no está llevando a que éstas caigan en una lógica perversa: mostrar resultados positivos así haya que fabricarlos", expresó el Cinep quién añadió que los resultados completos de la investigación serán publicados en la revista Noche y Niebla que circulará en los próximos días.

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El cubano delegado
Por Nuria Barbosa León. Periodista cubana

El cubano hoy, amanece inventándose el día, sortea las dificultades emanadas del bloqueo y busca su realización personal en los límites de la Isla donde el tiempo es algo más que la ola a la deriva.

Se le ve sonriente ante las tareas más difíciles, es solidario con su vecino, compañero de trabajo y con el extranjero que le visita, busca su felicidad en la escuela, el centro de trabajo, en los grupos de amigos, en la reunión familiar y en las actividades sociales y masivas.

Es parte del pueblo caracterizado por esa mezcla étnica donde es difícil de seleccionar un patrón único ó un ideal de belleza, pero que a su vez el mestizaje a conformado una raza diferente donde se destaca la voluptuosidad en las expresiones y el movimiento, la estirpe para soportar las carencias y la iniciativa para emprender proyectos salidos de la nada.

Como cubano se es capaz de reconocer las cualidades de quienes conviven en la Isla, y se elige en la masa a esa persona que tiene virtudes relevantes para que la sociedad no se detenga y crezca paso a paso, año tras año.

El delegado del Poder Popular, es el cubano elegido dentro de una masa de más de 500 electores, quien conforma la candidatura de la Asamblea Municipal y sus méritos laborales y sociales son los que avala su elección.

No necesita de dinero para su campaña, no hace publicidad en pasquines y medios de comunicación para que se vote por él, no busca el ascenso a cargos del gobierno, no hace promesas demagógicas, ni discursos alentadores, tampoco reparte dinero ni consigue prevendas para el que vote por él.

Ese cubano, elegido en su circunscripción por los vecinos, es una persona capaz de subordinar los intereses personales a los colectivos, se verá asediado por los problemas de su comunidad y tendrá que dar respuesta ante sus electores porque ellos lo pueden revocar en cualquier momento.

Es un eslabón entre la base y los órganos de gobierno superiores, buscará alternativas materiales a la falta de recursos financieros, su iniciativa será el motor impulsor para desempeñar la tarea que le viene encima y sólo recibirá a cambio de su gestión y desvelos el agradecimiento humano de quienes lo eligieron.

El delegado es hombre ó mujer, negro, blanco ó mestizo, estudiante, obrero, campesino, intelectual, deportista ó artista, joven ó adulto, militante del Partido ó no, miembro ó no de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior, con altos estudios vencidos, pero con el reconocimiento total de la comunidad que representará.

En fin, el cubano delegado tiene en sus cimientos la sal del mar que baña la Isla, el dulce aroma de la caña de azúcar, la mezcla étnica de los antepasados, el altruismo de sobrevivir a las carencias materiales, la iniciativa de implementar fórmulas sin ingredientes, la visión de hacer suyo los problemas del colectivo, el deseo del mejor desempeño, la gratitud del deber cumplido y la convicción de sostener a la Revolución.

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CIDH desnuda la farsa del proceso Uribe -‘paras’

Las versiones libres han sido simples trámites, pues más del 90 por ciento (unos 28 mil) de los “desmovilizados” que pasaron por los ámbitos jurídicos no declararon datos importantes sobre sus crímenes ni sobre sus cómplices
Por Camilo Raigozo. VOZ

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dio a conocer el pasado 11 de octubre un informe sobre el llamado proceso de desmovilización paramilitar adelantado entre este grupo narcoterrorista de derecha y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para tal efecto, la CIDH llevó a cabo estudios en el propio terreno desde el 2003, año en el que se iniciaron los diálogos entre el actual Gobierno y las Auc.

La CIDH pudo constatar que un gran número de personas desmovilizadas eran civiles que estratégicamente los hicieron pasar como paramilitares. “En algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder un porcentaje de la suma recibida del Gobierno”, dice entre otros detalles el informe, y agrega más adelante que, entre las armas entregadas por los desmovilizados no aparecían, ni modernas, ni en buen estado, pero en cambio después emergieron depósitos clandestinos repletos de armas relucientes y ultramodernas que no fueron entregadas por los diferentes bloques desmovilizados.

Oportunidad perdida

El ente que vigila los derechos humanos en el continente americano, critica al Gobierno colombiano por el hecho de que al momento de la desmovilización de los paramilitares se haya evitado indagar sobre los crímenes perpetrados por los participantes en el proceso, lo que “constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques de las Auc, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento de estos grupos”, aseveró la CIDH.

El informe dice que los fiscales que recibieron las primeras versiones libres de los desmovilizados fueron enterados horas antes de su partida, no tenían entrenamiento en el área y se limitaron a usar un cuestionario preestablecido que no profundizó, perdiendo así la inmejorable oportunidad para esclarecer la verdad. Al respecto afirma textualmente, "En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la Auc que participaron de la desmovilización".

Argucias jurídicas

"Los circuitos jurídicos previstos para el proceso de desmovilización de los miembros de las Auc reflejaron una falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar y determinar la responsabilidad penal por la comisión de crímenes. Los vacíos e inexactitudes generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos adelantados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones judiciales", afirma la CIDH.

La CIDH critica la ley 782 y el Decreto 128 de 2003 porque –dice -servirían de protección contra procesos judiciales a personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización, lo cual conduciría a la impunidad de graves crímenes. Agrega que existe incertidumbre por la aplicación retroactiva del falló de la Corte Constitucional y por el decreto 3391 porque, estaría restableciendo la vigencia de un artículo de la Ley de Justicia y Paz, declarado inconstitucional por la Corte y que permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.

Dice el informe que contrario a la decisión de la Corte, por vía de una disposición reglamentaria se estarían incluyendo nuevas reformas a la normatividad que permitirían nuevas rebajas en el cómputo de las penas alternativas.

Obstáculos a las víctimas

En el documento también se aclara que a las víctimas se les ha impuesto restricciones para la obtención de ayuda y representación jurídica en sus reclamaciones por verdad, justicia y reparación, y por el contrario, son sometidas a intimidaciones y amenazas. Cabe anotar que al menos una veintena ha sido asesinada por atreverse a reclamar sus tierras usurpadas a sangre y fuego o por indagar sobre el paradero de los restos de sus seres queridos masacrados por esas bandas criminales.

La FIDH critica entre otros puntos, que el sistema para informar a las víctimas de sus derechos y posibles beneficios no funciona, porque se utilizan medios de comunicación que no llegan a las zonas donde están ellas. Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a los paramilitares, "lo cual restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima para alcanzar la verdad de los hechos y la Fiscalía pierde una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios".

"Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las Auc en el proceso de desmovilización", concluye la CIDH, añadiendo que "el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país". Sostiene que en caso de que por reincidencia los criminales perdieran los beneficios, solo podrían ser afectados el 8,7 por ciento del total de desmovilizados que son los postulados a los beneficios de la llamada Ley de Justicia y Paz.

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Hecho inolvidable
Por Nuria Barbosa León. Periodista de Cuba. Especial para Notimundo

Un encuentro con la historia, es el programa radiotelevisado venezolano "Alo Presidente", que hoy domingo se transmite desde la Plaza Che Guevara en la Ciudad de Santa Clara, en el centro de la Isla de Cuba.

Su anfitrión el presidente Hugo Chávez, está sonriente y se le ve feliz de transmitir los hechos históricos acontecidos en la América Latina y que conllevaron al triunfo de la Revolución cubana en 1959 y que cambian el sentido a la vida de los pueblos oprimidos del Continente.

La emisión número 300 del programa "Alo Presidente" tiene como testigo presencial al Comandante Ernesto Che Guevara, en un homenaje póstumo de los hijos de Bolívar que no se cansan de nacer de entre las cenizas del capitalismo irracional, liderado por el imperio hegemónico de Estados Unidos, que impone más explotación a los países tercermundistas.

Es una conversación amena, con revolucionarios de la talla de Ramiro Valdés, Carlos Lage, y otros, donde el público no presente en la Plaza, no pierde un instante frente al televisor para sentirse en este preciso minuto un individuo constructor de ese macromundo que no vemos más allá de nuestras narices pero que se hace latente en cada momento en que actuamos y vivimos.

No es palabra de revolucionario agradecer, pero: --Gracias Chávez--, por esta oportunidad que nos da de seguirte, por este invisible espacio de tiempo que quedará en la memoria de todos los cubanos como el eterno momento de hacer de lo infinito, lo inmediato. De prestar nuestra voz para los que no puedan gritar por su libertad, de ser solidarios aunque no sepamos quién es el receptor del gesto.

Chávez te damos más de un voto de confianza para que hagas cambiar al mundo, estarás iluminado por el pensamiento de Martí, Bolívar, el Ché, Fidel, Mariattegui, Sandino y estaremos junto a ti, no nos conocerás uno a uno pero sentirás la fuerza de la unión de esa América que hoy está pariendo un corazón.

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El creciente y peligroso pulso en Colombia

Escándalo parapolítico vs. fortaleza institucional
El Nuevo Siglo

Lo ocurrido esta semana con el grave enfrentamiento entre el presidente Uribe y la Corte Suprema, sin que el Congreso, por estar muy desprestigiado, pudiera mediar en ese choque de poderes, evidencia que el proceso de judicialización de nexos entre políticos y autodefensas, que se venía tramitando por vías ordinarias, ahora amenaza con desbordar el margen de acción y respuesta estatal. Análisis e implicaciones

La fortaleza de las instituciones se mide en la forma en que pueden tramitar las más graves crisis. Esa es una máxima que ha demostrado su validez en todo el mundo. Sin embargo ¿qué pasa cuando quienes están sometidos a las instituciones son los primeros en colocar en duda su autoridad? ¿Qué ocurre cuando la gravedad de la crisis genera enfrentamientos entre las instituciones? ¿Cuando los investigados acuden a esguinces para esquivar las jurisdicciones y escoger los jueces? ¿Cuando los sindicados intentan acudir a una visión perversa del concepto de solidaridad de cuerpo institucional para cambiar la legislación a su favor? ¿Qué pasa cuando la opinión pública empieza a polarizarse y tomar partido en materia de instituciones?...

Cada uno de estos interrogantes se puso de presente esta semana tras una serie de graves sucesos que no solo colocaron en duda la sostenibilidad institucional del país, sino que evidenciaron que el escándalo de la parapolítica está empezando a mover los cimientos de los poderes en Colombia, tanto de los formalmente constituidos como de aquel al que con el tiempo se ha llamado el “cuarto poder”, es decir la prensa.

En los últimos siete días la llamada interdependencia de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, relación que se considera la columna vertebral de todo el ordenamiento constitucional y legal colombiano, se fracturó de forma tan grave y pública que superó la natural contradicción y el escenario tradicional del “acato pero no comparto”, para desembocar ahora en un cruce de acusaciones y señalamientos casi criminales entre las cabezas de las instituciones.

El enfrentamiento abierto entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones del ex para alias ‘Tasmania’ en torno a que un magistrado auxiliar de la Sala Penal del Alto Tribunal le ofreció beneficios si acusaba al hoy Jefe de Estado de haber ordenado el atentado contra otro cabecilla de las autodefensas conocido como ‘René’, sin duda alguna se convirtió en el más grave choque institucional de los últimos años.

Lo más paradójico es que ese choque tiene como ‘prueba reina’ las declaraciones, desmentidos y réplicas de ex paramilitares presos sindicados de secuestros y otros crímenes graves. Por lo mismo, las motivaciones de sus confesiones no son claras y se multiplican las hipótesis en torno a qué tanto de veracidad tienen o si sólo son parte de una estratagema.

No hay en la crisis que se registró esta semana una prueba objetiva, incontrovertible e infalible que permita concluir fríamente quién o quiénes incurrieron en actos ilegales. Ese hecho, el que el origen de toda la polémica institucional es lo que afirma una persona que ha estado al margen de la ley, a la que el Gobierno le da toda la veracidad pese a que la Corte advierte que lo afirmado es falso, evidencia hasta qué punto la desconfianza y prevención creada por el escándalo de la parapolítica está desconfigurando el accionar del Estado.

Acusaciones criminales

Las duras acusaciones de Uribe a la Corte, en las que incluso insinuó que se estaba acudiendo a métodos ilícitos e indecentes para sustentar las investigaciones de la parapolítica, y la no menos drástica reacción del Alto Tribunal que afirmó que existía una evidente intención de obstruir la justicia por parte del Presidente, implican señalamientos, de lado y lado, que rayan en la sindicación de crímenes. En otras palabras, la cabeza del Ejecutivo y el máximo tribunal de justicia en el país se acusaron de incurrir en delitos. Así de claro.

Si bien es cierto que los comunicados expedidos por la Casa de Nariño y el presidente de la Corte, magistrado César Julio Valencia, tienen argumentos válidos y entendibles a la luz de las tesis que defendía cada uno, lo que pasó por fuera de ese cruce de pronunciamientos formales fue lo realmente grave.

Ver al Jefe de Estado insinuando que era tan ilegal obtener testimonios con base en la tortura, como hacerlo acudiendo a ofrecimiento de dádivas o profiriendo amenazas, no es menos preocupante que escuchar al presidente de la Corte dando a entender que los magistrados eran objeto de espionaje y seguimientos por parte del DAS y otros organismos de seguridad.

En cualquier otro país semejante cruce de acusaciones sobre actitudes delictivas de las máximas instancias de los poderes Ejecutivo y Judicial habría generado una crisis nacional de grandes dimensiones e incluso llegado al nivel de las renuncias o las demandas penales.

Interrogantes

Lo peor de todo es que en medio de ello, dada la alta polarización nacional en torno a las implicaciones del escándalo de la parapolítica, no hubo un elemento o instancia con la suficiente capacidad de convocatoria, credibilidad o neutralidad que entrara a mediar en la pelea Uribe-Corte.

Por ejemplo, no deja de ser raro que las otras altas cortes judiciales (Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) no hubieran reaccionado en medio del duro choque entre el Presidente de la República y la Suprema de Justicia. No hablaron para respaldar al uno o a la otra, y mucho menos para llamar a las partes a dejar ese tipo de enfrentamientos públicos, actuar con cabeza fría y tramitar sus diferencias por los canales institucionales vigentes.

Es decir, para pedir que el Jefe de Estado denunciara formalmente ante la Fiscalía el que consideraba un intento de complot en su contra, y que el Alto Tribunal, a su turno, hubiera hecho lo propio ante la evidencia de un presunto espionaje a un magistrado auxiliar o interpusiera una acusación de injuria o calumnia contra el Primer Mandatario por los graves señalamientos realizados por éste.

¿Por qué las cabezas de las altas cortes judiciales esta vez no reaccionaron en igual forma a como lo hicieron semanas atrás cuando el presidente Uribe se fue lanza en ristre contra la Sala Penal de la Corte por una sentencia que impidió juzgar por sedición a 19 mil paramilitares rasos desmovilizados? Nadie lo sabe.

Incluso, el inexplicable mutismo de la rama judicial en toda esta controversia dio para rumores en torno a que las cortes Constitucional y Suprema de Justicia así como el Consejo de Estado y el Superior de la Judicatura tienen su propio pulso interno derivado de los nuevos proyectos en el Congreso para reformar las jurisdicciones y la escala jerárquica de los altos tribunales.

Si ello pasó en el plano de la rama judicial, no menos significativo fue el mutismo político. Aunque los jefes de las distintas colectividades uribistas hablaron a favor del Jefe de Estado, lo cierto es que la intención de algunos sectores de la Casa de Nariño para que la coalición expidiera un comunicado conjunto de respaldo al Presidente y, por ende, de crítica a la Corte Suprema no prosperó.

¿Por qué la coalición uribista no hizo unidad de cuerpo para respaldar abierta y públicamente al Jefe de Estado si éste advirtió algo tan grave como que la Corte estaba montando un complot en contra del Gobierno? Nadie lo sabe.

Legislativo cuestionado

El Congreso, cabeza del tercer poder público, tampoco pudo intervenir en la controversia del Ejecutivo y Judicial. Y no lo hizo porque sufre cuatro deficiencias que afectan su margen de acción y credibilidad institucional.

En primer lugar, los parlamentarios son hasta el momento el principal blanco de los procesos de la parapolítica, al punto que ya son más de 40 los investigados, es decir que cerca del 20% de los senadores y representantes están bajo la mira de la Corte y la Fiscalía por haber realizado pactos políticos y electorales con las autodefensas.Por lo mismo, el Congreso no tenía mayor margen de credibilidad para intervenir en una controversia entre el Ejecutivo y Judicial derivada del mismo proceso de la parapolítica.

Como segunda talanquera a la labor que pudo haber cumplido el Legislativo en la crisis institucional que se registró esta semana debe anotarse que la mayoría de los congresistas han evidenciado que no son neutrales a la hora de evaluar y medir el impacto e implicaciones de la parapolítica. Según no pocos analistas, mientras que el grueso de los senadores y representantes a la Cámara uribistas insisten en subestimar la gravedad del escándalo, los congresistas de la oposición lo sobredimensionan al extremo.

En otro país un choque tan grave entre el Jefe de Estado y la Corte Suprema de Justicia habría obligado al tercer poder, es decir al Congreso, a dejar de lado las naturales diferencias partidistas en su interior y actuar como un solo cuerpo, buscando escenarios de distensión, actuando como mediador.

Pero una actitud como esa es imposible en Colombia, ya que el grueso de los partidos uribistas ha sufrido casi la totalidad de las bajas de congresistas presos o renunciados por el proceso de la parapolítica, mientras que el Polo y el liberalismo han utilizado electoral y políticamente el escándalo como principal ‘caballito de batalla’ para recuperar el escenario perdido y buscar un rédito en las urnas.

En tercer lugar, el desprestigio del Congreso viene creciendo aún más desde el mismo momento en que se empezó a rumorar que existían ‘movidas’ de los parlamentarios presos para que sus compañeros en el Legislativo reformen los códigos Penal y de Procedimiento Penal, con el fin de darles beneficios en materia de penas y alivios penitenciarios.

La estrategia se basa en una tesis muy acomodada del principio de proporcionalidad, según la cual quienes sean condenados por concierto para delinquir derivado de nexos con paras no deberían recibir penas más altas que los propios cabecillas de las autodefensas que, a la luz de la Ley de Justicia y Paz, no pagarán más de ocho años de cárcel pese a confesar miles de crímenes graves.

Esa intención quedó patente en las últimas dos semanas luego de confirmarse que desde la cárcel Picota, en Bogotá, en donde están presos los congresistas investigados por parapolítica, se estaban planeando maniobras legislativas para tramitar un proyecto de ley independiente o colgarle un ‘mico’ a la iniciativa que busca facilitar el juzgamiento de 19 mil ex paras desmovilizados. En uno y otro caso el objetivo era el mismo: buscar beneficios penales a los senadores y representantes presos por nexos con las autodefensas.

Y por último, es claro que las renuncias de los congresistas a su fuero parlamentario para evitar que la Corte Suprema los siga investigando por parapolítica y pasar entonces a la órbita de la Fiscalía, está evidenciándole al país que se acude a esta maniobra para esquivar los deberes que comporta ser un senador o un representante a la Cámara.

La rapidez con que anunciaron su renuncia algunos de los congresistas que fueron citados esta semana a indagatoria por parte de los magistrados de la Sala Penal, deja en claro que el fuero parlamentario no es entendido como un estatus que implica deberes y derechos, sino como un instrumento que se utiliza o desecha según la coyuntura y los intereses particulares de los llamados ‘padres de la Patria’.

Según los tratadistas, el fuero parlamentario en Colombia se está convirtiendo en una especie de ‘vestido desechable’ que los senadores y representantes utilizan hasta cuando les es conveniente y al que no dudan en renunciar cuando las obligaciones de éste afectan sus intereses particulares. En otras palabras, el estatus institucional del Congreso, que se supone permanente, se volvió casi opcional.

Prensa en la mira

Si el papel institucionalizador de los poderes públicos quedó en entredicho esta semana, el llamado “cuarto poder”, es decir la prensa, también estuvo en la mira por cuenta del coletazo del escándalo de la parapolítica.

Las duras controversias que sostuvo en vivo y en directo el Jefe de Estado con varios periodistas y columnistas, así como las graves críticas lanzadas por Uribe contra algunos medios de comunicación a los que acusó de frívolos y tendenciosos, evidencian que en Colombia es tal el nivel de polarización a que se está llegando por cuenta del proceso de judicialización de la parapolítica, que ya la Casa de Nariño ve a una parte de la prensa, aquella que critica y denuncia, como opositora al Gobierno.

Se trata de una situación muy complicada. Escuchar y ver al Presidente de la República lanzando duros señalamientos a un sector de la prensa, e incluso acudiendo a graves calificativos contra algunos columnistas y comunicadores, no deja de ser peligroso en un país en el que el récord de asesinatos de periodistas es uno de los más altos del mundo.

Claro, a nadie se le pasa por la cabeza pensar que desde la Casa de Nariño se dé una orden para atacar a la prensa, pero el ambiente político está tan caldeado y polarizado que no es descartable que sectores extremos e ilegales sí acudan, por iniciativa propia, a la violencia para silenciar a los periodistas que consideren ‘gobiernistas’ o ‘antigobiernistas’ o con el único objetivo de aumentar la crisis derivada de la parapolítica.

Esto último no es una exageración. Semanas atrás alcanzó a circular un rumor en Bogotá en torno a que milicias de las Farc estarían preparando un atentado contra uno de los periodistas más críticos del Jefe de Estado, con el fin de que las sospechas sobre los autores de la muerte del comunicador recayeran en la Casa de Nariño. El sólo hecho de que surjan ese tipo de especulaciones es de extrema gravedad.

¿Qué hacer?

Visto que tanto el presidente Uribe como la Corte se reafirmaron en sus respectivas tesis y acusaciones a lo largo de la semana, pensar en que habrá una pronta distensión entre el Jefe de Estado y la máxima corte de justicia ordinaria en el país es difícil. Tampoco es dable que el Congreso, epicentro de todo el escándalo de la parapolítica, pueda asumir un papel creíble de mediador entre la Casa de Nariño y la Corte.

Ese escenario circunstancial lleva, entonces, a pensar que los enfrentamientos entre los altos poderes no cesarán en el corto plazo, ya que el escándalo de la parapolítica lejos de estar a punto de terminar -pese a tener 40 congresistas sindicados, 16 de ellos presos y cerca de una decena ya renunciados-, apunta a tomar mayores dimensiones.

Lo ocurrido en las últimas tres semanas así lo evidencia. Ya los llamados a versión libre, las citaciones a indagatoria y las órdenes de captura no recaen exclusivamente sobre congresistas y otros dirigentes de la Costa Atlántica. Ahora el espectro del proceso se amplió significativamente. Prueba de ello es la vinculación formal al proceso de senadores antioqueños como Mario Uribe, santandereanos como Luis Alberto Gil y Óscar Josué Reyes o del Meta como Luis Carlos Torres (el primero, segundo y cuarto ya renunciaron a sus curules). Tampoco se puede dejar de lado que ya fue citado a indagatoria el congresista tolimense Luis Humberto Gómez Gallo.

Como si fuera poco, otros ‘padres de la Patria’ costeños como Miguel Pinedo, Vicente Blel o Alfredo Cuello Baute también terminaron empapelados por la Sala Penal de la Corte. Además, el parlamentario Héctor Julio Alfonso, hijo de ‘La gata’, también anunció que deja su curul.

Si a ello se suma que esta semana que termina también se produjo la primera condena por parapolítica (Trino Luna, ex gobernador de Magdalena) y que ya hay dos ex parlamentarias que se acogieron a sentencia anticipada y aceptaron cargos por nexos con paras (Eleonora Pineda y Muriel Benito-rebollo), se evidencia que el proceso de la parapolítica no va ni por la mitad.

Así las cosas, un poder Ejecutivo prevenido y muy nervioso; un estamento judicial que se siente vigilado y presionado, así como un Legislativo sin credibilidad y blanco de maniobras desde la cárcel, auguran que la crisis institucional en Colombia puede profundizarse. Y por ende el ambiente de polarización nacional se ahondará peligrosamente.

Semejante escenario debe prender las alertas de todos los sectores nacionales y, obviamente, de las cabezas de las distintas ramas del poder público. Sería ingenuo negar que si bien hasta el momento la crisis derivada del escándalo de la parapolítica se ha tramitado por vías institucionales, poco a poco la dimensión y gravedad del caso amenazan con desbordar esa capacidad de respuesta del Estado y descuadernar el ordenamiento legal y constitucional que ha distinguido al país durante las últimas décadas.

Aunque este planteamiento pueda sonar exagerado para algunos analistas, lo cierto es que escenarios similares a los que se está encaminando Colombia fueron los preludios para que en otros países se presentaran crash institucionales.

Si bien el país no está al borde de tal situación, lo ocurrido esta semana debe tomarse como una especie de alerta temprana y campanazo para que se adopten las medidas que eviten un desborde de la crisis.

Enconcharse en sus propias tesis y profundizar el enfrentamiento, la desconfianza y la prevención institucional sólo llevará a las cabezas de las ramas del poder público a meterle más candela a un escenario ya de por sí explosivo y polarizado.

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Fiscalía lo acusa de fraude a resolución judicial

Nuevo proceso en contra de ex director del DAS

El Nuevo Siglo

Además de las investigaciones que se adelantan en contra de Jorge Noguera Cotes por sus presuntos nexos con paramilitares, el ex funcionario deberá afrontar una nueva indagación, al parecer, por omisión en sus funciones como director del organismo de inteligencia

Un nuevo proceso en contra del ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes comenzó a ser analizado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido a que ayer la Fiscalía General de la Nación lo acusó ante el Alto Tribunal por el delito de fraude a resolución judicial.

La decisión fue sustentada por parte de la Fiscalía a la Corte Suprema con el argumento de que Noguera Cotes se habría negado en reiteradas ocasiones a trasladar desde los calabozos de la institución a un presunto guerrillero de las Farc que habría participado en el atentado dinamitero en contra del Club El Nogal en Bogotá.

De acuerdo con la documentación entregada, La Fiscalía recuerda que en el atentado al Club, ocurrido octubre de 2005, estaba al frente del DAS Noguera Cotes, quien desde su cargo se habría negado a trasladar a Álvaro Eduardo Benavides desde los calabozos del DAS, hasta la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, para o cual el ente acusador denunció que habría omitido tres órdenes de traslado de la Fiscalía y del Inpec.

Cabe señalar que Benavides fue capturado por agentes del DAS y estuvo detenido, al parecer, de manera ilegal durante 33 días en los calabozos del organismo de inteligencia, al parecer por órdenes de Jorge Noguera Cotes. En la audiencia, la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Fiscalía que entregara a la defensa de Jorge Noguera, las evidencias que tiene en su poder para acusar al ex director del DAS por el delito de fraude a resolución judicial. El próximo 30 de octubre se realizará en la Corte Suprema de Justicia, la audiencia preparatoria de juicio contra Jorge Noguera por esas investigaciones.

Este nuevo episodio judicial en contra de Noguera Cotes se da en momentos en que el mismo fiscal General de la Nación, Mario Iguarán adelanta una investigación en contra del ex funcionario dentro del escándalo de la parapolítica.

El ex director del DAS fue acusado directamente por el ex director de Informática de la institución, Rafael García. Dentro de las acusaciones que existen en contra de Noguera Cotes se cuentan las de concierto para delinquir agravado, presunto homicidio agravado, abuso de autoridad y manipulación indebida de información privilegiada. Hace apenas unos meses, Noguera había logrado su libertad gracias a un fallo de hábeas corpus, el cual luego fue revocado y recapturado posteriormente por la Fiscalía.

El ex director de Informática del DAS denunció en su momento que Noguera habría ayudado a gestar un fraude electoral a favor del presidente Álvaro Uribe durante la primera campaña del entonces candidato y dijo que en la Costa Atlántica se habría favorecido al hoy Jefe de Estado con no menos de 300 mil votos.

Adicionalmente, denunció que él, García, habría recibido órdenes directas de Noguera para la entrega de información privilegiada y clasificada al ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Cabe señalar que dentro de las declaraciones de García han resultado ‘salpicados’ varios políticos del país.En la lista que ha entregado García están: los senadores, Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives; el ex director del DAS, Jorge Noguera; la ex parlamentaria Muriel de Jesús Benitorebollo; el congresista Jorge Luis Caballero; también nombró a Salvador Arana; Miguel Nule Amín, ganadero y ex gobernador de Sucre; y Ángel Daniel Villareal Barragán, ex presidente de la Asamblea de Sucre; Octavio Otero y José Joaquín García; el representante Alfonso Campo Escobar; los ex congresistas Salomón Saade, José Gamarra Sierra, Jorge Castro Pacheco, Rodrigo Roncallo y Miguel Ángel Durán.

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Denuncian futura masacre paramilitar en el Meta
Por Camilo Raigozo

La Comisión de Derechos Humanos de la Región del Bajo Ariari, denunció a Notimundo, que luego de que se realizara durante los días 18, 19,20 y 21 de septiembre anterior, una Visita Humanitaria de Verificación y Acompañamiento de los derechos humanos, con las comunidades del sector del Bajo Ariari, vinieron las amenazas.

La Comisión de la Visita Humanitaria la conformaron funcionarios de la Vicepresidencia de la Republica, funcionarios de la Procuraduría Seccional y regional del (Meta), la gobernación del Meta, las personerías de los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras (Meta), varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y acompañamiento internacional.

Esta comisión se desplazó por los poblados de Villa de la Paz, Puerto Toledo, Santa Lucia, El Danubio, La Colina, Puerto Chispas, Barranco Colorado, en donde escuchó los testimonios de los pobladores quienes denunciaron la grave situación socio-económica y humanitaria que vive la región a consecuencia de las incursiones del Ejército y grupos paramilitares, dando como resultado la muerte de varios habitantes, el robo de ganado, las detenciones masivas, las fumigaciones indiscriminadas, entre otros crímenes.

Las comunidades han informado a la Comisión de Derechos Humanos, que a los pocos días de la visita humanitaria, aparecieron por los ríos Ariari y Guejar grupos de hasta 80 paramilitares al mando de alias “Casanare”, cuya misión, según le manifestaron a varios pobladores, es realizar una masacre en alguna de las poblaciones antes de las próximas elecciones del 28 de Octubre del presente año, con el fin de evitar que las gentes de esta región participen en ellas.

La ONG defensora de los derechos humanos del Bajo Ariari y las comunidades de esta región, hicieron un llamado a todas las organizaciones sociales y colegas nacionales e internacionales para que se pronuncien contra el terrorismo de Estado y salvaguardar la vida y la integridad de la población inerme.

También le exigieron al gobierno del presidente Uribe a que respete el derecho a la vida y otorgue las garantías necesarias para el libre ejercicio político y pidieron a las diferentes instituciones del Estado actuar conforme a los mandatos legales, constitucionales y las leyes internacionales.

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Crítica situación en la capital caucana
Fuerza Pública arremete contra manifestantes en Popayán
Acsur

En el día de hoy, 12 de octubre de 2007, manifestantes pertenecientes a la zona Sur del Cauca y miembros de organizaciones populares de la ciudad de Popayán, se dieron cita para realizar una marcha por las principales vías de la capital, llevando como consignas las exigencias planteadas a lo largo y ancho del país en desarrollo de la jornada nacional de Movilización Agraria y Popular, que hoy completa tres días.

En momentos en que se venía desarrollando dicha manifestación, acompañada por las voces de cientos de campesinos, indígenas, estudiantes, viviendistas y demás miembros de organizaciones populares que expresaban de manera contundente su inconformidad frente al actual gobierno, cerca de la 1:10 de la tarde, los marchantes fueron objeto de una brutal arremetida por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD, quienes abordaron violentamente a la multitud, empleando gases lacrimógenos para disolver la manifestación en momentos en que esta llegaba hasta el Parque Caldas, ubicado en el centro Histórico de la ciudad. Varios manifestantes fueron golpeados y retenidos de manera arbitraria durante la agresión.

Minutos después, cuando los manifestantes se reagrupaban en inmediaciones del polideportivo del Colegio Cristo Rey, de la ciudad de Popayán, fueron nuevamente agredidos con gases lacrimógenos, arrojados por efectivos de la policía nacional. En el instante en que los manifestantes comenzaron a correr tratando de salvaguardar su integridad y, previendo la magnitud de dicha agresión, en inmediaciones del barrio Suizo, varios uniformados motorizados que portaban armas de fuego, comenzaron a disparar indiscriminadamente a quemarropa en contra de los marchantes. el saldo de esta brutal agresión deja hasta el momento un número indeterminado de personas lesionadas físicamente y desaparecidas. hasta ahora, el número de personas detenidas confirmadas asciende a seis.

La situación en la ciudad de Popayán es crítica, debido a la amenaza constante de la ejecución de nuevas agresiones contra la población por parte de los uniformados. El asedio al rededor de la zona es constante y las detenciones están siendo realizadas arbitrariamente por parte de uniformados que se movilizan en patrullas y motocicletas de uso exclusivo de la policía nacional, por lo que los manifestantes han debido ubicar nuevos puntos para protegerse de las agresiones.

Al cierre de este nuevo boletín, aun no se conoce el resultado exacto de esta feroz arremetida, pero en el desarrollo de los hechos seguiremos informando desde el lugar de la noticia.

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El pueblo colombiano lleva 48 horas exigiendo la renuncia del presidente Uribe

Comisión Política Nacional de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia

Los medios de comunicación moldean la realidad al acomodo del totalitarismo de Álvaro Uribe, ahora las victimarios son presentados ante la opinión pública como las victimas; es decir, los soldados y policías haciendo uso de las armas que la sociedad les encomienda, las emplean arbitrariamente en uso desmedido de la fuerza para reprimir una población desarmada que ejerce sus derechos democráticos.

La realidad diseñada por los medios plantea una infiltración de la guerrilla en la movilización que niega el inconformismo y la decisión del pueblo, tal señalamiento pretende condicionar la siguiente interpretación: la represión es ahora enfrentamiento; y de paso se justifica la crueldad y la brutalidad de la seguridad democrática que se ha ensañado con destrozar las manos de los campesinos e indígenas; el empleo de tácticas de guerra como francotiradores y el uso de explosivos no convencionales, como lo vienen haciendo en el departamento del Cauca.

Esto es posible gracias al respaldo institucional de los consejos de seguridad y las gobernaciones departamentales, pasando por la omisión de los organismos de control que se hacen los sordos ante la crueldad justificada por los medios a través de la tergiversación de la información.

El pueblo colombiano lleva 48 horas exigiendo la renuncia del presidente Uribe por ilegitimo e ilegal, sin que ningún medio exprese las verdaderas razones de esta movilización; ¿por qué? Porque no tienen el coraje de los campesinos e indígenas para cuestionar el régimen y soportar la arremetida de la represión sin caer en la desesperanza.

Hechos como: el desplazamiento de miles de campesinos provenientes de diversos municipios del departamento del Tolima, para sumarse a la concentración que se encuentra acampando en el parque Manuel Murillo Toro, ajustando un grupo de 15000 manifestantes.

Las acciones en el departamento del Valle, como el taponamiento de la entrada al puerto de Buenaventura por más de 2000 campesinos e indígenas del municipio de Buenaventura y del San Juan del Chocó. En la ciudad Santiago de Cali se sumaron estudiantes y viviendistas a la concentración que se realiza e n el kilómetro 7 de la vía al mar.

En el departamento del Cauca, municipio de Santander de Quilichao, corregimiento de Mondomo, se mantienen más de 1500 campesinos e indígenas concentrados en la vía panamericana. En el sur del departamento 1500 campesinos e indígenas continúan su marcha iniciada el 10 de octubre desde el sitio El Encenillo hasta Popayán.

Mujeres y niños en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Putumayo, en medio de la militarización de la región se dirigieron a la frontera con el Ecuador.

Más de 2000 campesinos, en el departamento del Huila, intentan llegar por la vía que conduce de la población de Palermo al municipio de Neiva sin poder lograrlo debido a la represión realizada por el ejército nacional.

En el departamento de Cundinamarca en el municipio de Silvania, 17 familias de desplazados ocuparon una finca situada en la vereda La Victoria. Los estudiantes de tres universidades públicas (Nacional, Pedagógica y Distrital) desarrollaron jornadas de protesta en Bogotá.

El desarrollo de tales acciones en el marco de la movilización nacional agraria y popular convocada por la Coordinación Nacional Agraria y Popular de Colombia, deja un balance a la fecha de 15 detenidos; un numero indeterminado de heridos, algunos de gravedad con heridas en la cabeza, otro con riesgo de perder un ojo; tres a quienes debieron amputar dedos de sus manos ; 11 desaparecidos y un gran número de amenazados difícil de individualizar porque los medios de comunicación y los funcionarios del Estado se han encargado de propiciar el escenario para dejar a las comunidades en situación de riesgo al señalarlos como guerrilleros.

La negligencia en la respuesta de los representantes de la comunidad internacional y máximos veedores de la responsabilidad de los Estados frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos como es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad se sumó al triste balance frente a las violaciones de los Derechos Humanos.

Comunidades campesinas, indígenas y populares movilizadas superan los 80000 personas, dando ejemplo al mundo de dignidad, reafirmando la grandeza y la firmeza de un pueblo que no se esclaviza en la infamia.

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“Todos somos investigables”

Uribe vuelve a atacar a la Corte Suprema
El Nuevo Siglo

Las declaraciones del presidente Álvaro Uribe en torno al choque con la Corte Suprema de Justicia sobre un supuesto complot en su contra continuaron ayer, cuando el primer mandatario criticó las actuaciones del Alto Tribunal.

“Lo único que pido para mi y para todos los colombianos es que la justicia proceda con medios probatorios lícitos y decentes; obtener declaraciones mentirosas a través de la tortura, es tan grave como obtenerlas por intermedio de la combinación de amenazas y dadivas”, manifestó el Presidente.

No obstante, Uribe continuó lanzando puyas a la Corte. A media mañana de ayer, el mandatario sostuvo todos podían ser investigables y facilitar el libre curso de las mismas.

“Todos los colombianos, empezando por el Presidente de la República, al estar sometidos a la Ley, tenemos que permitir y facilitar investigaciones; todos somos investigables”, explicó Uribe, quien reiteró que lo que se requiere es que los medios probatorios “sean lícitos y decentes”.

“Es tan grave obtener una declaración mentirosa a través de la tortura, como obtener una declaración mentirosa por intermedio de la combinación de amenazas y de dádivas. Todos somos investigables, todos tenemos que facilitar investigaciones; lo que se requiere es, en una justicia democrática, medios probatorios lícitos y decentes”, agregó el Presidente, quien continuó señalando que está “muy preocupado” por el escándalo que se ha generado por el cruce de palabras que ha sostenido con el Alto Tribunal.

“Mantengo una preocupación muy grande por este tema con la Corte Suprema de Justicia. Por eso, reitero la necesidad de que la Fiscalía adelante esa investigación y le haga claridad al país”, afirmó el mandatario.

Entre tanto, la Presidencia de la República emitió un comunicado ayer en el que afirmaba que en los momentos en que Uribe fue gobernador de Antioquia se protegió la vida de los diputados de esta región, pertenecientes al desparecido movimiento político Unión Patriótica.

“El Presidente de la República se permite comunicar que durante el tiempo en el que ocupó la Gobernación de Antioquia, 1995-1997, los diputados de la Unión Patriótica Beatriz Gómez Pereañez y Gustavo Arenas tuvieron seguridad plena y eficaz, brindada por los organismos de seguridad y por la Gobernación del departamento. Así lo reconocieron y agradecieron los diputados mencionados”, explicó la misiva.

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Asegura Comisión Interamericana de Derechos Humanos

”Desmovilización paramilitar, llena de vacíos y restricciones”

Señala que es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en ese proceso

El Nuevo Siglo

La ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA hizo ayer duras críticas al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, el cual -señala- no garantiza que quienes participan sean efectivamente miembros de esos grupos armados, que entreguen sus armas verdaderas, y tampoco da seguridad a las víctimas.

El crítico reporte divulgado por la CIDH, que ha efectuado visitas en el terreno durante el proceso adelantado desde 2003 con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indica asimismo que al momento de la desmovilización, las autoridades no aprovecharon para "indagar" eventuales responsabilidades criminales de los participantes.

El informe denuncia también "restricciones" de las víctimas para obtener apoyo jurídico en sus reclamos de justicia, actos de intimidación de los que son objeto, políticas de reinserción débiles de unos 40.000 desmovilizados en este proceso, y manifiesta "preocupación respecto del fenómeno del rearme y la formación de nuevas bandas".

Las paramilitares AUC llevan a cabo desde 2003 un proceso de paz con el gobierno de Alvaro Uribe, que ha posibilitado la desmovilización de unos 32.000 de sus miembros según cifras oficiales.

En visitas a Colombia, la CIDH observó que en las zonas de desmovilización, los mecanismos implementados para ese proceso propiciaron la llegada de "personas que no necesariamente pertenecían a la estructura armada a desmovilizarse", incentivadas por "los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso".

"No existían (en esas zonas por parte de las autoridades colombianas) mecanismos para determinar cuáles eran las personas que verdaderamente pertenecían al bloque a desmovilizarse y que por lo tanto tenían derecho a recibir beneficios", expresa.

El reporte de 30 páginas que ya es conocido por el gobierno colombiano y contiene algunos de los comentarios formulados por Bogotá, indica que en algunos casos "entre las (armas) entregadas no aparecían armas modernas o en buen estado".

El Estado colombiano indica, según el texto, que de acuerdo con "una primera inspección" por parte de expertos, se trata en un 95% "de armamento de buena calidad".

Falta información sobre crímenes

La CIDH critica especialmente que al momento de la desmovilización la toma de declaraciones no implicó "indagar sobre los crímenes perpetrados" por los participantes en el proceso.

Esta instancia "constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques (de las AUC), sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia" de estos grupos, critica la CIDH.

El organismo que monitorea los derechos humanos en las Américas, observó con particular "preocupación las restricciones en el acceso de las víctimas al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales".

Señaló además que "aún existen muchas zonas del país donde la violencia derivada de bandas delincuenciales, miembros de las AUC que no se desmovilizaron, nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos ya existentes, causan temor a las víctimas y las limita de comparecer y reivindicar sus derechos".

"La CIDH ha recibido información en sus visitas en terreno, de numerosas víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de los bloques desmovilizados indicando que continúan recibiendo amenazas, y siendo víctimas de actos de violencia e intimidación y control del territorio", denuncia el informe.

Igualmente, la CIDH pide una mayor participación del Estado en la indemnización de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia, un aspecto demasiado centrado según este organismo en la respuesta que puedan dar con sus bienes los victimarios.

"Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las AUC en el proceso de desmovilización", concluye la CIDH, que señala que "el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país".

La CIDH recomienda al Estado colombiano que provea de mayor "apoyo logístico y (de) la capacidad humana necesaria para completar su tarea" a las instituciones que actúan en este proceso, en especial a "las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación". /AFP

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